La declaración de Nigris sobre cómo quedaron distribuidas las vainas producto de los disparos hechos con armas oficiales contradice la versión de los uniformados, quienes dijeron haber sido emboscados y atacados en un lugar puntual de la montaña, desde donde iniciaron -según declararon en las indagatorias y la instrucción- una carrera descendente hacia la ruta 40.

Por otro lado, el especialista en balística defendió la primera pericia que se realizó en el caso -y de la que él mismo participó-, que arrojó como resultado que el disparo mortal provino de un subfusil MP5.

La declaración del perito

En una testimonial que se extendió por tres horas, Nigris explicó que durante la inspección ocular realizada el 7 de diciembre de 2017 -doce días después del homicidio- fueron encontradas 31 vainas de armas de fuego 9 milímetros correspondientes a subfusiles MP5 y pistolas Beretta, todas provenientes de armas utilizadas por la fuerza de seguridad.

El perito aseguró que en la inspección no se hallaron vainas correspondientes a disparos de otras armas.

Y explicó que si bien en el terreno fueron encontradas 31 vainas, en las cartucheras secuestradas a los miembros del grupo Albatros el faltante de proyectiles ascendía a «150».

Al exponer ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, Nigris detalló cuál fue su participación tanto en la inspección ocular como en la primera pericia balística.

También contó que un día después del asesinato, el 26 de noviembre de 2017, fue convocado por el entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, para presenciar la autopsia, en la que se extraería el proyectil del cuerpo sin vida del joven mapuche.

Además, relató que tiempo después el mismo Villanueva le aseguró que no le encargaría la pericia balística a una fuerza de seguridad para garantizar que la diligencia fuera realizada de manera independiente.

De ese modo, agregó el especialista en balística, la pericia se concretó sobre el proyectil extraído del cuerpo del joven mapuche, con una cadena de custodia asegurada y comprobable.

Tal estudio arrojó como resultado que el disparo mortal provino de un subfusil MP5 identificado con el número de serie 05-C335508, y con posterioridad se confirmó que el arma pertenecía al equipo del cabo 1° Francisco Javier Pintos.

Entre los cargadores de Pintos se comprobó un faltante de 50 cartuchos del stock de cargadores correspondientes al subfusil MP5 que le había sido asignado; también faltaban 22 proyectiles de su pistola Beretta; las dos armas eran calibre 9 milímetros.

La primera pericia balística se realizó a lo largo de varias jornadas durante los primeros días de enero de 2018 con la presencia de la perito Karina Uribe -licenciada en criminalística- y la perito por la parte querellante, Silvia Bufalini.

Durante ese estudio se comparó el proyectil extraído del cuerpo -una bala 9 milímetros luego resguardada en un tubo sellado y colocada en un sobre con cadena de custodia el mismo día de la autopsia- con los proyectiles ‘testigos’ producto de los disparos de prueba efectuados con todas armas secuestradas, que habían sido 24.

Sobre ese aspecto de la pericia, el abogado Mariano Przybylski, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, le preguntó a Nigris si al momento de comparar las marcas de ese proyectil con el resto de las balas «hubo alguna duda o discusión» para adjudicarlo -por presentar las mismas estrías- con el arma identificada con la letra «B».

Nigris contestó que tanto él como las otras dos peritos y dos observadores entrenados que también participaron de la pericia no tuvieron «ninguna duda» en esa decisión.

En ese primer estudio balístico, la Prefectura decidió no enviar peritos para que presencien la diligencia: eso le permitió más tarde cuestionar el resultado y reclamar la realización de una segunda pericia.

El juez Villanueva accedió a ese pedido y le solicitó a la Gendarmería, fuerza federal que también depende del ministerio de Seguridad que por entonces conducía Patricia Bullrich.

Nigris se enteró de la decisión de realizar un nuevo estudio balístico por un llamado telefónico de la abogada de la familia de Rafael Nahuel, Natalia Araya.

El especialista en balística defendió la primera pericia que se realizó en el caso -y de la que él mismo participó-, que arrojó como resultado que el disparo mortal provino de un subfusil MP5

En su testimonial, contó que esa determinación del magistrado le produjo «sorpresa» en razón de lo que el propio juez había dicho previamente, sobre la necesidad de garantizar la independencia de la medida de prueba.

Y dijo que él intentó presenciar el trabajo de la Gendarmería pero esa posibilidad le fue negada desde el Juzgado Federal de Bariloche.

Al referirse al estudio balístico producido por esa fuerza, Nigris aseguró que «técnicamente» tal pericia no cumplió con las exigencias mínimas que se requieren para determinar el vínculo entre un proyectil y un arma.

Esa segunda pericia arrojó un resultado contrario a la primera: el Gabinete de Gendarmería no pudo confirmar que el proyectil extraído del cuerpo haya provenido del arma señalada.

Con una descripción técnica, Nigris aseguró puntualmente que de acuerdo a lo que pudo observar con posterioridad en el informe escrito de la Gendarmería los proyectiles no fueron medidos ni pesados y las imágenes de ambas balas no fueron yuxtapuestas durante la realización de la pericia.

Eso hubiera permitido confirmar la similitud de las estrías y microestrías dejadas en los proyectiles por el cañón de las armas.

Tras la discordancia en los resultados de la primera y la segunda pericia, el Juzgado Federal de Bariloche ordenó un tercer estudio de ese tipo, en este caso a cargo de una dependencia del Ministerio Público de la provincia de Salta.

Con anterioridad a la realización de la tercera pericia, Nigris recibió un llamado del Juzgado en el que le consultaron si tenía en su poder el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel y el arma MP5 señalada inicialmente como la utilizada para el disparo mortal.

«Sentí molestia por esa llamada», confió el profesional, y planteó que esa comunicación demostraba que el Juzgado desconocía si se había garantizado la cadena de custodia tanto de la bala como del arma identificada en la primera pericia como la que se había usado en el homicidio.

Con esta irregularidad previa y tras una suspensión de más de un año en la realización de diligencias procesales, se concretó la tercera pericia que arrojó como resultado que el proyectil que mató a Nahuel había sido disparado por la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el cabo 1° Sergio Cavia. Llamativamente, los cargadores que portaba ese uniformado no tenían faltantes de cartuchos.

Nigris, ante el tribunal y durante su extensa declaración, no ocultó su malestar por el cuestionamiento a su labor durante la etapa de instrucción, y dijo que en su extensa trayectoria «nunca» había vivido una situación como la mencionada.

Los dichos de Nigris fueron ratificados por la licenciada en criminalística Karina Uribe, quien presentó un power point de 43 láminas, con fotos e informes contenidos en el expediente judicial.

Uribe, quien participó junto a Nigris de la primera pericia balísitica, no encontró explicaciones para el hecho de que la segunda y la tercera pericias arrojaran resultados distintos.

Este martes declaró también el médico forense Leonardo Saccomanno, que el 26 de noviembre de 2017 realizó la autopsia del cuerpo sin vida de Rafael Nahuel.

El profesional confirmó que el proyectil que acabó con la vida del joven ingresó por la zona posterior de la cadera y tuvo un recorrido ascendente, de izquierda a derecha.

El proyectil 9 milímetros, según el detalle de Saccomanno, perforó el hueso ilíaco, como también el intestino, el hígado y un pulmón, para quedar alojado en la zona axilar derecha.

El tiro provocó un shock hipovolémico y el deceso por la pérdida de alrededor de cuatro litros de sangre.

Además, Saccomanno aseguró que por la trayectoria del proyectil el disparo se produjo «claramente» en posición de «huida» de la víctima.