A cuatro meses del inicio del reclamo formal por el cierre del acceso a Punta Pardelas, vecinos piden el cumplimiento de la ley vigente.  Solicitan a la Defensora del Pueblo que tome medidas urgentes para  garantizar el ingreso al espacio público, y se exija a las autoridades de competencia que accionen ante el acto ilegal que se denuncia.

Mediante una nota enviada a la Defensora del Pueblo, representantes de organizaciones de la sociedad civil y pescadores artesanales, entre otros, advierten que el camino “fue cerrado por los responsables de la firma “Estancia Ferro S.A.” sin autorización del Estado Provincial.

En otro pasaje de la nota, revelan que “no existe acto administrativo del Ministerio de Turismo que avale ni condene el cierre del camino. Tampoco actos objetivos tendientes a su reapertura”, y en ese contexto denuncian que esa dependencia del Estado fue esquiva y dilatoria en cuanto a la investigación de los hechos denunciados oportunamente.

Tras una serie de consideraciones acerca del rol del Estado en torno al reclamo formal iniciado en mayo último, advierten que hechos de estas características, “son los que ponen en crisis el sistema de representación en la medida que los funcionarios claudican frente al accionar ilegítimo de quien impide el acceso al espacio público, cerrando caminos públicos, zanjeando y colocando elementos punzantes en las huellas. Es insostenible que el poder republicano ceda potestad sobre el camino público y tolere su interrupción violenta. Esta perplejidad genera lógica desconfianza social y amerita una respuesta del órgano de contralor que representa al pueblo”.

La nota pone de manifiesto otros aspectos vinculados al reclamo y las normativas que se estarían infringiendo al cerrar el paso a la costa, por lo que solicitan que la Defensora del

Pueblo “procure los mecanismos que permitan eliminar estas fallas sistemáticas de la Administración Pública y requiera al Poder Ejecutivo que cumpla” con las normativas vigentes conforme las herramientas que están bajo su jurisdicción.