En simultáneo, el bloque de diputados del peronismo (Frejupa) y bancadas de la oposición de la provincia de La Pampa anunciaron que impulsarán un jury de enjuiciamiento por mal desempeño contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien otorgó la tenencia del niño Lucio Dupuy a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja Abigaíl Páez, ambas condenadas el 2 de febrero pasado por matar, torturar y abusar sexualmente del chico de 5 años.

Conocida la sentencia del impactante crimen, la dirigencia política pampeana se hizo eco del reclamo de la familia paterna de Lucio Dupuy, que focalizó sus acusaciones contra la magistrada, con la intención de evaluar una posible destitución.

“La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: dos son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro, para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón”, había dicho Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, en la previa de la sentencia que se conoció esta semana.

El desempeño de Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia y del Menor N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, siempre fue cuestionado por el padre y los abuelos de Lucio desde el inicio del proceso. Ellos aseguraron que la magistrada entregó el menor en guarda a su madre, sin tomar los recaudos socioambientales correspondientes y que nunca escuchó sus planteos.

En medio de esos reproches, el Poder Judicial ya se había pronunciado sobre el comportamiento de Pérez Ballester.

En junio de 2022, el Superior Tribunal de Justicia, en un fallo dividido, impidió avanzar con un sumario administrativo por la convalidación del acuerdo de partes que rubricó la jueza y por el cual la tía de Lucio, Leticia Hidalgo, le devolvió la tenencia Espósito Valenti, la madre. Fueron 3 votos a favor de archivar ese trámite, contra dos votos negativos.

En La Pampa no hay un Consejo de la Magistratura, sino un procedimiento específico con participación legislativa para sancionar y remover jueces. Bloqueada la vía judicial interna, el jury de enjuiciamiento es por lo tanto el último recurso que queda para investigar el accionar de la jueza. Se trata de un mecanismo regulado por la Ley 313 provincial, que establece las condiciones y motivos para desplazar a fiscales, jueces de primera instancia y camaristas.

Hasta el momento solo se conocen dos trámites en curso para destituir a Pérez Ballester. Uno de ellos es el que anunció la diputada provincial y precandidata a vicegobernadora por el peronismo Alicia Mayoral, quien confirmó que el peronismo impulsará una investigación contra la jueza, si bien aún no fue oficializado.

El otro, en tanto, ya fue ingresado por los legisladores opositores Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, con el acompañamiento de Matías Traba y Eduardo Pepa. La denuncia formal alega dos motivos: mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial, y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo.

Según el texto encabezado por el diputado Ardohain, la jueza habría incurrido en varias falencias: “no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar, donde iba a vivir Lucio”; “no se informó, ni se citó a testigos”; “no se escuchó al menor”; “no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales” y “no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental”, entre otros argumentos.

Sin embargo, para el escrutinio de la conducta de la jueza son necesarios algunos pasos anteriores.

El tribunal que evalúa el desempeño de los magistrados está compuesto por cinco miembros: la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Elena Victoria Fresco; dos diputados -junto a dos suplentes- que son nombrados anualmente en la última sesión ordinaria del año: y dos abogados de la matrícula pampeana, que se define por sorteo. Esos miembros del sector letrado aún no fueron designados.

Pablo Rodríguez Salto, ex presidente del Colegio de Abogados de La Pampa, confirmó a Infobae que estará encargado de la representación letrada de Pérez Ballester. Dijo que todavía no fueron notificados por el jury, y que, en caso de que se produzca, se definirá una vez que el jurado esté completo con todos sus integrantes.

“Una vez que está completo con sus cinco miembros, el jurado tiene que hacer un examen de preadmisibilidad formal en el que se evalúa si la denuncia tiene suficiente entidad para darle curso. Y ahí si encuentran entidad, notifican a la acusada para que se defienda y ofrezca las pruebas pertinentes”, consideró Rodríguez Salto.

En caso de que se avance con este trámite, el jurado celebrará con sesiones públicas en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, pero la sede de funcionamiento operará en el Tribunal Superior de Justicia. La jueza quedaría suspendida en sus funciones hasta que se produzca el veredicto. Para pronunciarse por la culpabilidad o inocencia del acusado, tendrán que estar presentes los cinco miembros y deberán hacerlo por mayoría absoluta.

En ese posible juicio, Pérez Ballester tendrá que defenderse, en principio, de dos causales de remoción de los artículos 21 y 22 de la Ley 313: “mal desempeño en sus funciones” e “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo”.

Para Ardohain, impulsor del jury, que no se hayan constatado ni evidenciado hechos de violencia o maltrato antes de otorgarse la tenencia de Lucio a su madre no es motivo suficiente para exculparla de su accionar. “Con los elementos obrantes en la causa y las facultades procesales que le competían, la magistrada debió tomar los recaudos suficientes para evitar que el niño se encontrarse en peligro, brindándole la protección y amparo que su función le imponía”, dice el texto en uno de los fundamentos.