EL ABOGADO JUAN PABLO GALLEGO ADVIERTE SOBRE LAS PRÁCTICAS JUDICIALES REVICTIMIZANTES

Abuso sexual infantil: “Para destruir la prueba, se trata de destruir al niño”


La mayoría de las denuncias por abuso sexual infantil no llegan a juicio oral. Los datos estadísticos son abrumadores, se estima que menos del 10% se debate ante un tribunal. “Lamentablemente, estas causas han ido generando estrategias brutales. porque tienen por objeto quebrar a la víctima”, afirma el doctor Juan Pablo Gallego, abogado que representa a víctimas de estos delitos, y advierte que esas prácticas muchas veces “son toleradas”, por los operadores del servicio de Justicia.
Gallego ha representado a víctimas de abuso sexual infantil en diversas oportunidades. La próxima semana será el caso de un niño que cuando tenía 4 años contó los horrores a los que era sometido por su abuelo, y después de siete años de dilaciones, finalmente llega a juicio oral. Se trata de un pequeño de Tucumán, que denuncio a su abuelo materno, un hombre que era funcionario público al momento de ser acusado y cuya familia tendría importantes vínculos con protagonistas del Poder Judicial de la provincia de Tucumán.

Revictimización

“Cuando las prácticas judiciales no son las correctas, se apuesta a revictimizar a la víctima”, afirmó el doctor Gallego, al tiempo que agregó que en esas prácticas de algún modo son convalidadas por el sistema que no repara en que, “para destruir la prueba, se trata de destruir al niño”.
En el caso específico del niño tucumano, el debate oral comenzaría la próxima semana, tras siete años de espera en los que hubo denuncias cruzadas entre el acusado y la familia que intenta proteger los intereses del menor.
En ese sentido, el abogado advierte que estos procesos, “los jueces convalidan, bajo la figura de oír al niño, el revictimizarlo”, cuando la validación del testimonio de la víctima y los informes de los expertos forenses deberían ser suficiente.
La mayoría de los procesos de Abuso Sexual Infantil no llegan a juicio oral, por el desgates y debilitamiento al que son sometidas las víctimas, porque el sistema no protege a los niños.
“Pocas familias logran llegar hasta el final del proceso”, reconoce Juan Pablo Gallego, al advertir que por ello resulta necesario un rol más activo del Estado en torno a estos delitos.


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