La historia del sapo que se convirtió en príncipe hasta que terminó preso
El Fiscal General, Daniel Báez, el Procurador General, Jorge Miquelarena, y el funcionario de la Fiscalía Alex Williams brindaron una conferencia de prensa en la que detallaron algunos aspectos hasta entonces desconocidos respecto de la investigación que dió con la detención de tres individuos de Buenos Aires que cometían estafas con tarjetas de crédito.
«Nos parecía oportuno y prudente contarles acerca de esta investigación, que ha tenido bastante repercusión a nivel nacional, porque se trata de una banda de estafadores que ha logrado ser desbaratada a partir de la investigación que se llevó adelante en Puerto Madryn», destacó Jorge Miquelarena. Por su parte, el Jefe de Fiscales Daniel Báez contó que «nos encontramos con que no era un caso aislado, sino que se trataba de una organización, no de una persona que encontró una tarjeta y la usó. Nos dimos cuenta de que había una organización con permanencia en el tiempo y con roles determinados, y decidimos seguir investigando porque es nuestra obligación. Formamos un equipo de trabajo pequeño, de cuatro personas, mantuvimos contacto con la empresa Almundo.com, que vino hasta acá y nos proporcionó información». Además, el Fiscal Jefe comentó que «el lunes recibimos una llamada de la PROCELAC para informarnos que la denuncia que la compañía hizo allá va a ser remitida a esta jurisdicción, porque ellos entienden que nuestra investigación ha avanzado a tal punto que, procesalmente, les conviene a ellos que su causa tramite acá y no en Buenos Aires». Con respecto a los montos de la estafa, Báez no precisó una cifra exacta pero indicó que «podemos hablar de una estafa millonaria» y que «una sola empresa nos ha determinado que su perjuicio fue de entre dos millones y medio y tres millones de pesos».
La primera denuncia
El funcionario de la Fiscalía, Alex Williams, quien estuvo vinculado a la investigación, detalló cómo sucedieron los hechos que llevaron a la primera denuncia en Puerto Madryn. «Utilizando su tarjeta, se había gastado un monto de unos cien mil pesos en compra de pasajes y todo lo que podía abarcar un paquete turístico. En ese caso en particular, el daminificado que da origen a la investigación, que tiene domicilio y residencia en Puerto Madryn, vio que en su tarjeta tenía gastos por pasajes a Ecuador, Brasil, México y Estados Unidos». Además, comentó que en ese último país había, además, «una ampliación de gastos como entradas para ir al parque temático de Disney. Todo eso se había gastado con su tarjeta. El perjuicio en ese caso, respecto de esta persona era de cien mil pesos en ese mes, porque lo que hacían era que, si la tarjeta tenía capacidad de compra en cuotas, extendían el monto por varios meses. Ese primer mes se descontaron cien mil pesos de su cuenta y como la tarjeta tenía la autorización para debitar el monto total de la tarjeta, se le debitó de su cuenta ese dinero».
Fallas en el sistema
En cuanto a la responsabilidad de la compañia proveedora de la tarjeta de crédito, Williams informó que «fue una cuestión netamente administrativa de las tarjetas. Pero sí podemos avizorar, con la investigación que realizamos, que los sistemas tienen muchos puntos débiles para poder procesar este tipo de defraudaciones. Hay puntos que hacen a los controles internos que han evidenciado lo permeable del sistema, porque la multiplicidad de estafas que han hecho sólo en esta organización demuestra que realmente el sistema tiene que reveerse».
Más personas involucradas
Alex Williams mencionó que «toda esta tarea preliminar concluyó con los allanamientos y las detenciones porque la evidencia demuestra la vinculación de las personas detenidas» y agregó que «me atrevería a decir que, naturalmente, hay participación de otras personas». En cuanto a las personas afectadas por la estafa, el funcionario de Fiscalía no pudo determinar un número pero afirmó que «solamente por una empresa, podrían ser cientos». A partir de la investigación, Williams detalló «en base a las intervenciones que tenemos, se denominan internamente proveedores a quienes facilitan los datos para que la asociación pueda operar con los mismos. Estas personas son claramente empleados infieles de distintas empresas que operan con tarjetas de crédito, donde usted les da sus datos porque está haciendo algún tipo de compra y a partir de la receptación de esos datos, los reenvía a la banda para que ésta opere». El funcionario hizo referencia a las fallas en los controles de algunos sistemas de seguridad, que permiten que dicha información sea filtrada, en ocasiones, con facilidad.
Cómo era la modalidad delictiva
El referente de la Fiscalía detalló que «los vecinos, sobre todo de 9 de Julio, se presentaban o los contactaban de forma telefónica y les requerían los pasajes o un paquete. Esta persona cobraba un precio sustancialmente menor pero en efectivo y luego, de acuerdo al requerimiento del cliente, con los datos de la tarjeta que se iba a utilizar para el fraude, adquiría ese paquete. Por ejemplo, en el caso de la persona que hizo la denuncia original en Puerto Madryn, las personas que viajaron a Miami adquirieron un paquete turístico a esta banda, lo pagaron en efectivo por un precio de mercado menor y lo que hizo la banda fue utilizar la tarjeta de nuestro denunciante para pagar ese servicio. Entonces, fueron, viajaron, volvieron, no tuvieron ningún inconveniente porque la tarjeta cubría los gastos, pero surje la defraudación una vez que llega el resúmen al denunciante, quien observa que los gastos no son de él.
Peligro de fuga y entorpecimiento
Williams anticipó que aún resta realizar la audiencia de control de detención y apertura de investigación respecto del tercer detenido, que llegará esta semana desde Buenos Aires a la ciudad. Además, adelantó que se solicitará «la extensión de la prisión preventiva, que es de treinta días. Nosotros seguimos trabajando intensamente en el análisis de la información obtenida en los allanamientos». En cuanto a una solicitud de la Defensa de los acusados de redireccionar la causa a un juzgado federal, Williams explicó que «hubo un planteo técnico respecto de la falta de competencia y la jueza lo resolvió en favor de lo que peticionaba la Fiscalía. Se resolvió el avance de la investigación porque el mismo Código establece la investigación principal y, en este caso en particular, respecto de la asociación ilícita, nosotros entendemos que somos las personas que tenemos la investigación más importante. Por su parte, el Procurador Jorge Miquelarena aclaró que «la Corte, no hace más de un mes, ha sacado un fallo en el cual, por el tema de lavado de dinero y tratándose de dinero proveniente de ilícitos de competencia provincial, le ha dejado la investigación a la provincia. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de lavado de dinero por un tema de drogas, entonces el caso sería de competencia federal».
Negocios ilegales
Williams agregó que «hay elementos que hacen suponer que se desarrollaban otro tipo de actividades, lo cual es parte de la investigación por la cantidad de elementos que secuestramos en su momento en el domicilio de estas personas». En cuanto al alto nivel de vida de los detenidos, el funcionario indicó que «se manejaban dentro de ciertas actividades que demuestran claramente la utilización de las mismas tarjetas, como los viajes al extranjero, autos importados y motos de alta cilindrada, además de un nivel de vida que no se condice con la ‘inactividad’ de estas personas, que no tenían ningún trabajo declarado». A su vez, Williams comentó que los individuos, que tienen entre 35 y 40 años «vivían sin tener una actividad diaria y viajaban al menos una vez al mes al extranjero, o se movilizaban en este tipo de vehículos que, claramente, no indicaban de dónde provenían». El sujeto considerado líder de la banda, Facundo «Sapo» Ciarlo «tiene, por lo menos, causas en trámite en la Ciudad Autónoma y en la provincia de Buenos Aires», indicó el funcionario de la Fiscalía.