La UCR acusó al gobierno de impericia por la rotura del acueducto

Los diputados del bloque de la UCR, Roberto Risso y José Luis Lizurume, anunciaron la presentación de un proyecto de Ley para crear una Comisión Legislativa Especial que tendrá como finalidad realizar el seguimiento de la prestación del servicio de provisión de agua potable en todo el territorio de la provincia y las acciones y medidas implementadas en el marco de la Ley I – N° 515 que declara la emergencia en la prestación de los servicios públicos esenciales.
De acuerdo a esta propuesta, la Comisión estará integrada por un representante de cada Bloque político que conforman la Legislatura y tendrá como facultades solicitar informes a organismos públicos o privados; realizar toda diligencia probatoria que considere oportuna y conveniente; realizar y ordenar pericias ante fuerzas públicas de seguridad e instituciones técnicas; impulsar los mecanismos institucionales apropiados a fin de lograr la búsqueda, identificación, y requerimiento de la documentación especifica; constituirse en cualquier lugar público o privado y, previa emisión de la correspondiente orden de allanamiento, secuestrar documentos y otros elementos que considere necesarios; citar y hacer comparecer por medio de la fuerza pública, mediante intervención del Poder Judicial, a cualquier persona a fin de prestar declaración testimonial sobre los hechos materia de investigación; y recibir denuncias y pruebas y remitir a la Justicia si ellas estuvieran conectadas con presunta comisión de delito.

Pérdidas económicas

En la fundamentación, los legisladores expresaron que “la falta de agua potable afecta a numerosos vecinos de la provincia, especialmente a los habitantes de la zona sur; en consecuencia la Legislatura ha impulsado una serie de propuestas para contribuir a la búsqueda de prontas soluciones” y sostienen que “resulta inexplicable que el Poder Ejecutivo aún no haya establecido una estrategia para superar la delicada situación de la provisión de agua potable en la ciudad de Comodoro Rivadavia y en la zona sur de la Provincia”.
Risso y Lizurume al firmar el proyecto coincidieron que “la afectación de la salud de la población, las pérdidas económicas y los innumerables inconvenientes que genera la falta de agua potable debieran ser suficientes motivos para poner toda la presencia del Estado en alcanzar una respuesta definitiva para este flagelo que se hace insostenible”.
Entienden los diputados radicales que “sin dudas, la impericia de los organismos a cargo de la planificación de las acciones, la falta o mala inversión en nuevas instalaciones e infraestructura y la inacción de los funcionarios responsables han contribuido a profundizar estos males”. Y por ello afirman que “resulta imprescindible conocer la planificación, ideas y propuestas que se encuentran en estudio, pero especialmente el destino de los fondos que son destinados a solucionar este problema acuciante que, sin dudas, no llegan a la solución del mismo”.

Derecho inalienable

Entre los fundamentos del proyecto de Ley, los legisladores de la UCR recuerdan que “esta Legislatura sancionó la Ley I N° 515 que debió promulgarse por el paso del tiempo, y no como una decisión política del Ejecutivo que podría haber decretado rápidamente y más aún, reglamentarla para ponerla en marcha”.
Para Risso y Lizurume, “el debate sobre las falencias en la prestación de este servicio público esencial no resulta un capricho o un vil ataque de politiquería barata, tal como algún trasnochado pretende presentarlos sino que es indudable que el agua es una bien social; es esencial para la vida y para la preservación de la salud; la disponibilidad domiciliaria del agua potable es un derecho inalienable de los ciudadanos. Nuestra Constitución Provincia reconoce, en su Artículo 101 que las aguas son de dominio público y que el estado debe concertar su aprovechamiento”.

Investigación

“Más aún, la Ley XVII – Nº 88 (antes Ley 5850) reglamentó la manda constitucional, creó organismos, afectó fondos y ratificó la vital importancia en la provisión, cuidado del agua, pero especialmente el fortalecimiento de las políticas públicas en la gestión institucional del sector hídrico en el ámbito de la Provincia”, señalan los legisladores.
Por esa razón, indican que “resulta indiscutible entonces que se deben poner en funcionamiento los resortes del Estado en la búsqueda de soluciones, en la sanción de los responsables y la mejora en el uso de los recursos en pos de garantizar la efectiva prestación de este servicio público”.
Y por último, explican que “es en este marco que se promueve la creación de una comisión especial para la investigación de las acciones que llevaron a la crisis en la prestación del servicio de provisión de agua potable, la falta de respuesta e incapacidad de los funcionarios o entes responsables de la prestación del servicio público, el destino de los fondos y las medidas y acciones que se planifican para dar una inmediata solución a la problemática”.