El ex gerente de un casino de Madryn durante casi veinte años se fugó en 2006, fue detenido en Mar del Plata en 2012 y ahora comenzó a ser juzgado por los delitos de lesa humanidad que se le imputan. El desaparecido por segunda vez, Julio López, fue quien señaló a Garachico como uno de los “picaneadores”

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar el viernes pasado las detenciones ilegítimas de unas 128 personas alojadas en La Cacha, un centro clandestino que funcionó en la época de plomo en La Plata. Entre los imputados, además del ex represor Miguel Etchecolatz, figura entre los pesos pesados del Julio César Garachico, que logró reconvertir parte de su pasado negro actuando como gerente del casino de Madryn por casi veinte años y se fugó al momento que la prensa dio cuenta de la mención que hizo de él como uno de “los torturadores”, el aún desaparecido Julio López.
También comenzaron a ser procesados Edgardo Gargano, Horacio Luján, Miguel Angel Amigo,
Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Di Pasquale; Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández; Luis Perea; Roberto Balmaceda; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati, todos militares.
También se juzga a Juan Carlos Herzberg; Raúl Espinoza; Claudio Grande; Héctor Acuña; Rufino Batalla, Isaac Crespín Miranda, todos ex militares o ex integrantes del Servicio Penitenciario bonaerense.
Además se juzga a Jaime Lamont Smart, quien fue ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar y junto con Espinoza y Grande, son los únicos civiles.
Estas 21 personas fueron llevadas a proceso y comenzaron a ser juzgadas por el TOF 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski e integrado por Pablo Jantus y Pablo Vega que tras la primera audiencia resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta después de la feria judicial de enero.

Casos aberrantes

En estos casos se imputa por la desaparición de personas, torturas y vejaciones, entre ellas Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España.
Además, y si bien en principio el Tribunal debía juzgar la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en La Cacha; el fallecimiento del represor Alejandro Arias Duval, imputado por la sustracción, hizo que no se pudiera juzgar estas sustracciones.
El abogado de Abuelas de plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, explicó que «si bien está acreditado que los mellizos Reggiardo Tolosa nacieron en el hospital de la cárcel de Olmos, lindantes con La Cacha y lo mismo pasó con Natalia Suárez Nelson, no entraron estos casos en el juicio porque falleció Arias Duval y si bien Abuelas presentó el pedido de ampliación de la indagatoria a otros imputados, no se hizo lugar».

Manifestaciones encontradas
El viernes, pasadas las 12.30, ingresaron los imputados y sus familiares, presentes en la sala, se pusieron de pie y comenzaron a aplaudirlos, lo que generó el repudio de las víctimas y familiares de víctimas que pasaron por La Cacha.
«Asesinos violadores» y «olé, olé, olé olá, como los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar», gritaron para acallar los aplausos de los familiares de los represores, reportó Télam.
Antes del inicio formal de la audiencia, se resolvieron algunos planteos de la defensa de los imputados, como una que pedía que no se fotografíe a Claudio Grande, por estar previsto un reconocimiento fotográfico durante el juicio, pedido que fue desestimado.
El juicio comenzó con la lectura de la elevación a juicio, donde se describió cómo funcionó el centro clandestino de La Cacha, la calificación legal, la descripción de los hechos, víctimas e imputados.
Sin embargo, como no se concluyó con esa lectura, se continuará el próximo 5 de febrero en audiencias que se realizarán los miércoles y viernes.

Un lugar tétrico

El centro clandestino de «La Cacha» estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de La Plata, contiguo al penal de Olmos.
Durante la instrucción la fiscalía presentó la documentación que acredita que el inmueble en donde funcionó fue pasado de la órbita de Radio Provincia a la del Servicio Penitenciario Bonaerense mediante el decreto N°1060 del Poder Ejecutivo bonaerense el 6 de mayo de 1977.
La Cacha funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas- desaparecidas que se encontraban embarazadas.
Los detenidos permanecían incomunicados, encapuchados, engrillados al piso, en espacios reducidos, con deficiente higiene y alimentación, bajo amenaza constante de ser torturados con picana o golpes y el tormento psicológico de escuchar los gritos de quienes eran atormentados.

No soportó el archivo

Hasta septiembre de 2006 Julio César Garachico fue un hombre exitoso como gerente de la cadena de casinos de Madryn y Esquel, manejó durante más de veinte años dinero fuerte, custodia propia e influencias sociales y políticas. Sin embargo guardaba una historia oscura de su paso como jefe de la maldita Comisaría 5ta de La Plata.
Hasta la sanción de la ley de Obediencia Debida, Garachico estuvo procesado por la desaparición de Patricia Huchansky y Carlos Simón. Desde mediados de los ’60, según registros de la ex Dipba, integró un “comando de la represión” dependiente de la Dirección de Investigaciones, donde prestó servicios durante la guerra sucia. Retirados de la fuerza como José Félix Madrid, Bernabé Jesús Corrales o Tomás Rotella lo recordaron durante el Juicio por la Verdad como miembro de la Unidad Regional de La Plata. La ex mujer de Rotella agregó que su marido, junto con Manuel Aguilar y “un oficial de apellido Garachico”, mantenían relación con Etchecolatz y juntos habían quemado “una montaña de libros, fotos y carpetas” en una quinta de Olmos. La mujer rescató “un librito” que podría ser el diario de una desaparecida: “Decía que la habían torturado, que en invierno hacía mucho frío, le habían tirado una frazada y luego se la sacaron”. El ex cabo Leopoldo Campano, hermano de dos desaparecidos, acotó que “se lo nombraba como una persona fuerte y violenta”. Cuando Miguel Angel Bellomo escuchó al camarista Leopoldo Schiffrin explicar que la comisaría 5ª “era un lugar del que no se salía sino raramente”, el ex policía sugirió que llamaran a declarar “a Julio Garachico, que era oficial inspector, jefe de calle y subjefe del Comando de Operaciones de la Unidad Regional. La comisaría 5ª era un punto estratégico del Area Operacional, de ahí emanaba la mayoría de las órdenes. El que dice lo contrario es un hipócrita”. Por ese lugar pasaron alrededor de 180 personas, de las cuales 62 permanecen desaparecidas, delitos por los cuales ya hay siete policías detenidos.
También las víctimas lo nombraron. “Chicha” Mariani, que hace treinta años busca a su nieta Clara Anahí, declaró que como “oficial principal y ex jefe del servicio externo de la unidad regional” Garachico participó del operativo en el cual secuestraron a su nieta y masacraron a su nuera Diana Teruggi y a los militantes peronistas Daniel Mendiburu Elicabe, Roberto Porfirio y Juan Carlos Peiris. Finalmente, el 28 de junio Jorge Julio López detalló su cautiverio en el destacamento de Arana, la estancia La Armonía y las comisarías 5ª y 8ª.
Fue en 1999 durante el Juicio por la Verdad de La Plata, cuando el nombre del ya entonces vecino madrynense reapareció vinculado con el centro clandestino que funcionó en la 5ª y con la patota del condenado Miguel Etchecolatz.
Fue cuando a través de estas mismas páginas El Diario advirtió que su apellido figuraba entre los torturadores señalados por el testigo desaparecido Jorge Julio López, el ex comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, Garachico se fugó del Golfo Nuevo, poniendo la renuncia a su preciado cargo a través de una comunicación vía fax.
Julio López había contado antes de volver a ser “desaparecido” que un día “llegó Etchecolatz con el grupo de picaneadores” entre quienes reconoció “a Garachico, Aguiar y Urcola, que después fue comisario, y también a Manopla Gómez, que pegaba patadas. Allí nos volvieron a torturar”. En Arana vio cómo maltrataban a Patricia Dell’Orto y Ambrosio de Marco, a quienes conocía de su unidad básica en Los Hornos. El día que estalló una bomba en la jefatura de la bonaerense, la misma patota llegó al centro clandestino y fusiló a la pareja y a un paraguayo de apellido Rodas. Patricia gritaba que no la mataran, que quería criar a su hija. “Por cada soldado que muera van a morir cinco de ustedes”, les advirtieron.
López no había sido el primero en señalar a Garachico. Fue en 1999 durante el Juicio por la Verdad de La Plata, cuando el nombre del ya entonces vecino madrynense reapareció vinculado con el centro clandestino que funcionó en la 5ª y con la patota del condenado Miguel Etchecolatz.

Dieciocho ex militares y policías, entre ellos el represor Miguel Etchecolatz, Julio César Garachico y tres civiles, comenzaron a ser juzgados por el secuestro y tortura de detenidos alojados en el centro clandestino La Cacha, ubicado en las afueras del partido de La Plata.

Siete años después

Desde que Julio López lo marcó y Garachico se fugó, la justicia tardó seis años y un día exactamente en detenerlo en un domicilio de Mar del Plata por orden del Juez Federal Corazza. “El Gordo” fue imputado en el marco de la causa que investiga las muertes de los estudiantes y militantes de la izquierda peronista Marcelo Bettini y Luis Eduardo Bearzi, ocurridos en la localidad de Tolosa el 9 de noviembre de 1976.
Bearzi fue asesinado de varios disparos en la cabeza, en tanto que Marcelo Bettini, al ser capturado, se suicidó ingiriendo una pastilla de cianuro. La Sala III de la Cámara Federal de La Plata consideró que la muerte de Bettini, a pesar del suicidio, debía ser considerada un crimen de lesa humanidad. “Bettini actuó coaccionado como consecuencia de los medios violentos –e ilegales– desplegados por parte de las fuerzas represivas durante el operativo, quedando su intervención circunscripta a decidir entre el suicidio o a ser, muy presumiblemente, detenido por la Policía provincial e ingresado al circuito represivo que se encontraba activo en la época”, dijeron los jueces. Poco después de la muerte de Bettini, muchos de sus familiares –entre ellos su cuñado, el teniente de navío Jorge Devoto– fueron secuestrados y asesinados por el terrorismo de Estado. En esa causa también está imputado el jefe de la patota platense de la CNU, Carlos Ernesto Castillo, quien habría participado de la operación parapolicial a pesar de que, por entonces, se encontraba detenido.

Para la detención el juez Corazza resolvió concretar luego de que la Cámara Federal recibiera una queja por “retardo de justicia” de parte de las querellas y le exigiera al magistrado que diera “pronto despacho” a esas medidas. Luego de ser indagados en el Juzgado, Garachico y Rotella fueron trasladados al Penal de Marcos Paz. Esta semana finalmente comenzó el juicio por todo este cacho de verdad y justicia necesaria.