Condenaron a prisión a los responsables por los incendios de 2021 en Rawson: “Sólo buscaban destruir y saquear”

El juez penal Javier Allende condenó a seis imputados por los destrozos e incendios provocados en diciembre de 2021 en Rawson, que afectaron severamente los edificios de la Legislatura, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.

Después de casi cuatro años de un proceso judicial atravesado por dilaciones, las penas dictadas oscilan entre uno y seis años de prisión, la mitad de ellas de cumplimiento efectivo. Los ataques habían demandado una millonaria inversión provincial para recuperar los inmuebles dañados.

El magistrado dio a conocer su resolución esta semana, luego de la audiencia de cesura de pena realizada días atrás. Durante el juicio se constató que los acusados participaron en incendios, daños y saqueos en un contexto inédito de violencia en la provincia, que provocó la pérdida de documentación sensible y afectó gravemente el funcionamiento de organismos estatales durante las movilizaciones antimineras del 16 de diciembre de 2021.

Los sentenciados a prisión efectiva fueron:

Damián Andrés Díaz: 1 año de prisión efectiva por daño agravado en el STJ (con antecedentes).

Mauricio Nahum Vargas: 6 años de prisión efectiva por incendio y hurto agravado en la Procuración General.

Gastón Velázquez: 4 años de prisión efectiva por tres hechos de daño agravado y hurto agravado en el STJ y la Legislatura.

En tanto, Lucas Alexis Espinoza Andrade, Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza y Nicolás Alejandro Díaz recibieron un año de prisión en suspenso por daño agravado a un móvil policial, daño agravado en oficinas de la Procuración General y hurto agravado de bienes en la Procuración General, respectivamente.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Florencia Gómez, mientras que la Defensa Pública Penal intervino a través de los doctores Miguel Moyano y Pablo Sánchez.

El fallo destacó que los acusados actuaron aprovechando el contexto de violencia generalizada, con plena conciencia de la ilegalidad de sus conductas, diferenciándolos de quienes se manifestaron pacíficamente.

La resolución también impone las costas del proceso a los condenados, por un total de 110 JUS (Unidad de Medida Arancelaria de la Justicia), cifra superior a 6 millones de pesos.

El objetivo: “Destruir y saquear”

En el fallo, el juez Allende coincidió con la Fiscalía en calificar como “agravante genérico” la situación de violencia extraordinaria vivida en Rawson el 16 de diciembre de 2021, durante el tratamiento de la ley de zonificación minera. Señaló que, aunque una parte de la ciudadanía se manifestó de manera pacífica, grupos violentos aprovecharon para atacar simultáneamente edificios de los tres poderes del Estado, con el objetivo de saquear y destruir.

También se valoró la pérdida de elementos históricos, documentación sensible e investigaciones judiciales irrecuperables, lo que afectó directamente a personas con procesos en curso. Para el juez, la motivación de los responsables “no era oponerse a la ley, sino destruir y saquear, actuando con la convicción de su impunidad”.

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