Paro universitario nacional por salarios dignos y financiamiento para las universidades

Este lunes 1º de septiembre comenzó un nuevo paro nacional de 48 horas en las universidades públicas de todo el país, convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu Histórica) y otras organizaciones gremiales. La medida de fuerza, que se extenderá hasta el martes 2, forma parte de un plan de lucha que ya incluyó protestas y paros rotativos durante agosto.

El conflicto tiene como eje central la recomposición salarial de los docentes universitarios y preuniversitarios, que denuncian sueldos muy por debajo de la inflación acumulada desde fines de 2023. También reclaman la apertura de paritarias libres y un mayor presupuesto para el sistema universitario, con el objetivo de garantizar infraestructura adecuada, becas, residencias y comedores estudiantiles.

El reclamo se da en paralelo a la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, que prevé la actualización automática del presupuesto en función de la inflación y establece fondos especiales para becas y programas de investigación. Sin embargo, la posibilidad de un veto presidencial generó malestar y reforzó la decisión de los gremios de continuar con las medidas de fuerza.

La protesta afecta a las 62 universidades nacionales y alcanza tanto a actividades de enseñanza como de investigación y extensión. En la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, el gremio ADULP adhirió con un paro de 24 horas el lunes, sumando además un cese parcial de actividades desde la tarde del martes.

Durante la semana, los sindicatos universitarios realizarán además clases públicas, asambleas y movilizaciones, en el marco de un proceso que apunta a confluir en una Marcha Federal Universitaria para visibilizar la situación del sector y presionar al Gobierno nacional.

El paro universitario de este 1 y 2 de septiembre se suma así a las medidas tomadas los días 21 y 22 y 26 y 27 de agosto, en un conflicto que sigue escalando y que enfrenta a los gremios con la política educativa y presupuestaria del Ejecutivo.