La jueza en lo civil y comercial federal Mercedes Maquieira le pidió al gobierno nacional de Javier Milei una aclaración sobre el amparo que presentó contra las empresas de medicina prepaga para que se les ordene retrotraer sus aumentos a diciembre pasado y devuelvan a los usuarios el excedente cobrado. Concretamente la magistrada solicitó que se especifique “si las pretensiones ejercidas en esta causa se ven modificadas en modo alguno” por la resolución que emitió la Secretaría de Industria y Comercio en la que ya ordenó volver atrás con los informes.

Así lo dispuso la jueza en la primera medida que tomó ayer en la causa judicial que inició la Superintendencia de Servicios de Salud contra las prepagas. La magistrada, en su resolución a la que accedió Infobae, aclaró que el pedido es “sin perjuicio de lo que se decida en torno a la competencia del tribunal”. Es decir que Maquieira debe resolver si acepta tramitar la causa o entiende que le corresponde a otro tribunal.

El gobierno nacional dictó el miércoles pasado la resolución 1/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo, por la cual dispuso una medida de tutela anticipada en la que le ordenó a empresas de medicinas privadas un reajuste en el valor de las cuotas de los planes de salud al monto de diciembre pasado y que los incrementos debían fijarse según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El motivo fue que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia entendió que hubo una cartelización de las empresas luego que los precios del mercado fueron liberados por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 que el gobierno dictó en diciembre pasado.

El mismo día inició una causa en la justicia federal. Se trata de un amparo contra 16 empresas de medicina prepaga -las más importantes del mercado como OMINT, Galeno, Swiss Medical, Medicus, Sancor, entre otras. Según el gobierno se trata de las empresas que tienen el 91,19% de los clientes de la salud privada. El amparo luego fue ampliado contra otros empresas.

Allí la Superintendencia de Servicios de Salud reclamó una medida cautelar para que “con carácter de urgente” se les ordene que dejen sin efecto “en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas” y que “solo se permita un eventual incremento” según un índice que establezca el tribunal.

El gobierno también pidió en su amparo que la justicia dicte otra medida cautelar para que las compañías no hagan más aumentos, que retrotraigan sus cuotas a los valores de diciembre y que se les ordene “la devolución y/o reintegro de las sumas que han sido indebidamente percibidas por éstas a la fecha”. La presentación delega en el Poder Judicial la forma en la que debe darse esa devolución.

El amparo quedó radicado en el juzgado en lo civil y comercial federal 9, a cargo de Maquieira. La jueza dictó ayer la primera resolución en la causa en la que solicitó la aclaración.

“Atendiendo al tenor de lo resuelto el día 17.04.2024 por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía mediante Res. 1/2024 y toda vez que algunas de las empresas aquí demandadas se han visto alcanzadas por lo allí decidido, aclare el presentante si las pretensiones ejercidas en esta causa se ven modificadas en modo alguno, tanto en lo que hace a su objeto como a sus destinatarios, y en su caso ajuste los términos de la demanda”, reclamó la magistrada. Es que tanto la resolución del gobierno como el amparo tienen alcances similares y con el primero ya se ordenó lo que se le está reclamando a la justicia.

El pedido al gobierno es sin plazos y Maquieira aclaró que todavía debe resolver la competencia del tribunal, es decir si acepta tomar el caso.