Durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de Desarrollo Social pagó $239.621.093 en comisiones para contratar seguros, apenas por debajo de la ANSES y de la Gendarmería. Gran parte de ese monto se utilizó para asegurar a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que al momento de ser disuelto alcanzaba a casi 1.400.000 personas. El funcionario que daba la orden para autorizar los pagos de esos seguros era Emilio Pérsico, según revela Infobae.

Esta semana, el Gobierno le entregó al juez federal Julián Ercolini la última póliza del Ministerio de Desarrollo Social con Nación Seguros para asegurar a todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo. Millones de pesos en seguros para horas de trabajo que nadie controlaba.

Esa póliza, que lleva el número 2348, en realidad se renovó durante las gestiones de Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz. Pero siempre la órdenes de pago las firmaba Pérsico, el influyente ex subsecretario de Economía Social que acumula denuncias penales.

Un ejemplo. El 22 de septiembre de 2022, Pérsico aprobó pagarle a Nación Seguros un total de $45.691.122,88, solo por el mes de julio de ese año. La resolución explica que el monto corresponde al seguro de accidentes personales y de sepelio de los 1.354.214 titulares que tenía en ese momento el Potenciar Trabajo. Hay decenas de esas resoluciones.

Pérsico fue denunciado penalmente por el Gobierno hace diez días por estar de los dos lados del mostrador, como funcionario y como titular del Movimiento Evita. Según la denuncia del Ministerio de Capital Humano, el ex secretario aprovechó su cargo “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”. Lo acusan de al menos tres delitos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad, y violación de los deberes de funcionario público.

El líder del Movimiento Evita también está implicado en el aumento desproporcionado de las cooperativas que denunció el Gobierno esta semana. “Se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019 y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”, puntualizó el vocero Manuel Adorni en una de sus habituales conferencias.

Las cooperativas manejaban una fortuna de dinero. Según la auditoría del Gobierno, durante 2023 se pagaron $17.183.910.509 a 281 Unidades de Gestión. De ese total, $11.925.954.904 estaban bajo el control de 144 cooperativas.(Fuente: Infobae)