La CAPIP (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras) demanda la urgente intervención del gobierno de Chubut en la resolución del conflicto que atraviesa el sector pesquero. Advierten que el nivel de violencia y prácticas extorsivas que ejerce el sector sindical pone en riesgo la actividad, y estiman necesaria «la inmediata normalización» del sector.

A través de un comunicado expresan que en el contexto de «extrema conflictividad laboral por la que atraviesa el sector pesquero provincial; las medidas de fuerza extorsivas y la violencia sindical que se aprecian a diario; y las dificultades que implican intentar retomar a la brevedad la actividad productiva normal, esta Cámara Empresaria hace saber que tiene la intención y el deseo de reiniciar la operatoria, a cuyo fin anticipa la mejor predisposición al diálogo como única alternativa para la solución del conflicto, en el marco de la Conciliación Obligatoria vigente, y solicita a las autoridades provinciales, se sirvan gestionar en conflicto, sobre la base de la información pormenorizada con la que cuenta, respecto del negocio pesquero en la actualidad».

En este sentido sostiene que «todo ello podría materializarse, solo una vez que estén dadas las garantías de paz social y laboral por parte de todos los gremios involucrados, y se acuerden las condiciones laborales y salariales que posibiliten la funcionalidad concomitante de la flota fresquera, de la estiba, y de las plantas procesadoras, en las condiciones económicas que autoriza el negocio pesquero actual, (con escasa productividad, baja demanda de productos, caída abrupta de los precios internacionales, altos volúmenes de stocks en cámara, etc)».

«Aún en este marco de extrema dificultad operativa y económica, las Empresas Asociadas han respetado los Acuerdos salariales firmados, y han comprometido actualizar mensualmente los salarios de sus dependientes conforme los índices inflacionarios (IPC) que publica periódicamente el Indec», expresan desde la CAPIP, al remarcar que esta es «la cruda realidad de un sector que necesita de inmediato normalizarse para poder retomar la actividad habitual, y al que hay que atribuirle el real valor económico, productivo, y social que tiene en la comunidad provincial».

En otro pasaje del texto sostienen que «no obsta el hecho que alguna empresa aislada, como RCA, (separada de la Cámara), haya sucumbido a la presión sindical, y acordado incrementos salariales insostenibles en el tiempo, por necesidades financieras, comerciales o laborales; pero con una realidad Empresarial diferente. La inexistencia de riesgo empresario frente a una muy mínima inversión local, y el incumplimiento consentido de las obligaciones de pago legalmente impuestas en la expropiación y posterior locación, son una diferencia notoria respecto del resto de las empresas».

«El difícil contexto descripto, en el que se desarrolla hoy la actividad pesquera, es en el que debe promoverse el reencuentro del sector Empresario y Sindical, enmarcado dentro de las facultades del Estado, con una mirada positiva, constructiva, y de futuro para la actividad pesquera, que posibilite su continuidad y desarrollo, en la dación de empleo, inversión, y generación de riqueza», exponen desde al entidad que nuclea a las empresas.