El Juez Sastre se resiste a embargar bienes a imputados por narcotráfico

Nueve meses transcurrieron desde el hallazgo de un cargamento de 110 kilos de cocaína en la planta de la empresa Poseidón, es el tiempo que toma gestar un hijo, sin embargo no es suficiente tiempo para llevar a juicio a cuatro imputados por narcotráfico.
Tan intrincado es el asunto que el Juez que entiende en la causa rechaza embargar bienes de los procesados, en contrario a una medida que él mismo había impuesto, y como si fuere poco rechaza embargar una suma de 150 mil pesos a uno de los imputados, aún cuando el dinero ya estaba en custodio judicial.
Así las cosas, el 10 de junio de 2013 se hallaron más de 110 kilos de cocaína en un cargamento de langostino, tomó intervención la Justicia Federal, y después de las investigaciones preliminares, el juez Hugo Sastre, procesa a cuatro personas, el 11 de noviembre de 2013. Los imputados son, Omar “Cura” Segundo, Nicolás Seoane, Salvador Alejandro Pennisi y Juan Eduardo Burgos.
También aparecen en el documento, Salvador Parra Gómez (de nacionalidad española y hoy con un nuevo pedido de extradición a España, ya que el primero fue rechazado), y otro español, sospechado como autor de la empresa delictiva, Alfredo Aranda Barberá, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Conectados

El cargamento había llegado a Puerto Madryn procedente de Mar del Plata, se almacenó dentro de las cámaras frigoríficas de la empresa Poseidón y consistía en más de cuatro toneladas de langostinos que tenía como destino la costa de España. Más precisamente, los muelles de Grao, en Valencia. Sin embargo, un empleado de la empresa pesquera, luego de notar algo extraño entre las cajas, descubrió que había cocaína.
De acuerdo al auto de procesamiento que firmó Sastre, los procesados, Seoane, Pennisi y Segundo, tenían una amistad desde hacía años. Los tres se conocieron a partir de distintas actividades vinculadas a la industria pesquera. En el caso de Seoanne, se comprobó que se dedica a la compra y venta de pescado por cuenta propia o por cuenta y orden de terceros, acercando a las partes que quieren realizar la transacción.
La operación se realizó con la compra de la merluza en Puerto Madryn con la participación de la empresa Pesquera Poseidón, con quien Seoane tenía relación comercial. Sin embargo, la relación con esta sociedad comercial “no se limitaba a los negocios, dado que Seoane tenía una relación personal estrecha con el Presidente del Directorio, Alejandro Pennisi -a quien conocía de su actividad en Mar del Plata- y con uno de sus accionistas, Héctor Omar Segundo, a quien también conocía desde hacía unos años y con quien había compartido un viaje a España”, advierte en Juez en el auto de procesamiento.
Más aún en otro párrafo se destaca que cuando la cocaína llegó a Puerto Madryn, “Seoane fue puesto en conocimiento de ello”, lo que llevó a que el magistrado federal de Rawson lo considerara como “una pieza esencial en el entramado de los hechos investigados […]. Su trabajo consistente en vincular a todos los actores que participaron en la operación, desde Parra Gómez, Aranda Barberá y Burgos, hasta la conexión con los imputados Pennisi y Segundo quienes […] almacenaron el estupefaciente a la espera de su exportación”.

Desembargados

Claramente el Juez considera la participación de Seoane como esencial en los hechos investigados, sin embargo al igual que lo hizo con Segundo, Pennisi y Burgos, teniendo las facultades para embargar sus bienes, no lo hizo, y más tarde cuando el Fiscal le solicitó que procediera a efectivizarlos, éste respondió con un rechazo, que terminó con una apelación del Fiscal que está en manos de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, al igual que la causa sobre el comercio de cocaína. De hecho ese fue el argumento del Juez para rechazar el pedido de hacer efectivo el embargo, al considerar que no tiene jurisdicción para resolver porque la causa se encuentra en el tribunal de alzada. Indicó además que si en esa instancia se revoca su decisión el embargo «no tendría sustento ni fáctico ni jurídico», aunque reconoció: «aún, cuando hipotéticamente pueda argumentarse como lo hace la fiscalía, que la concreción del embargo decretado, sea una cuestión independiente que deba tramitar por separado».
En la apelación presentada por el fiscal Gelvez, éste reveló que el juez Sastre rechazó el ofrecimiento del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°30 para integrar el embargo del imputado Seoane con 150 mil pesos que habían sido recuperados en una causa que lo tenía como víctima de robo. El magistrado porteño le consultó a Sastre «si le interesaba anotar ese dinero a disposición de este juzgado y en el marco de esta causa, para cubrir parcialmente el embargo de 500.000 pesos impuesto a Seoane. El juez respondió que no le interesaba esa suma de dinero, lo cual es por demás llamativo», remarcó Gelvez.
Nueve meses han pasado, hay cuatro procesados, pero la causa está en jurisdicción de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia; hubo pedido de embargo, pero eso no procedió y ahora hay una apelación en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Nueve meses ya…que lo parió!