Juicios millonarios condicionan las finanzas municipales

Durante su mensaje a la comunidad la Intendenta explicó que “los distintos juicios llevados adelante contra nuestra Municipalidad merecen un apartado especial. Aunque no hay de momento acciones iniciadas contra esta gestión, sí debimos hacer frente a varios juicios, algunos de ellos en los que Rawson ha resultado perdidoso por cifras millonarias.

El cable del disgusto

Hemos contado cómo tuvimos que afrontar el juicio llevado adelante por la señora Natividad Aseff, a quien en la gestión del Arquitecto Planas se le demolió la vivienda bajo el argumento que sobre la misma pasaba un cable de alta tensión, y tiempo después se demostró que dicho cable no transportaba energía y el Municipio fue condenado a reparar el daño ocasionado a la vecina, quien además debió soportar la muerte de su esposo de un infarto como consecuencia del daño ocasionado”.

Pirotecnia lamentable
Mencionó luego el caso de Pamela Andrea Tenorio “quien logró la autorización para que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos, para iniciar demanda a la Municipalidad por los daños ocasionados a un menor por un artefacto de pirotecnia. Este hecho sucedió en los últimos tiempos de la Gestión del Intendente Adrián López. Estiman los abogados municipales que el reclamo más costas de este caso rondarán el millón de pesos”.

La sombrilla de la desgracia

Artero se refirió luego al recordado accidente producido por la voladura de una sombrilla en Playa Unión donde “los padres de Germán Nicolás Benitez, por sí, y en representación de su hijo junto con su letrado apoderado, el Doctor Ricardo Lens, iniciaron juicio por daños y perjuicios a la Municipalidad de Rawson en el año 2008. Esta demanda tiene fallo adverso en primera instancia, confirmado por la Cámara de apelaciones. Los letrados municipales presentaron un recurso de casación y continúa el proceso. Este juicio se estima que rondará al millón seiscientos mil pesos”.
También la Intendenta hizo mención a “la demanda de Pinilla Marcia Verónica, por un accidente en el que perdió un ojo una alumna de la EMAL. Se estima aquí tener que afrontar el pago de un monto que superaría el millón de pesos”.

Insólito, indignante e interminable

Para el final, Rossana Artero dejó el juicio del abogado Antonio González derivado del caso Pentamar indicando que “de todos estos juicios, el contencioso más insólito y realmente indignante es el que lleva adelante el Doctor Antonio Humberto González. Quiero repasar rápidamente este caso para que refresquemos la memoria. La empresa Pentamar inicia una demanda al Municipio por obras relacionadas con el dragado del puerto de Rawson, caratulado: Pentamar S.A. contra Municipalidad de Rawson Sobre contenciosos administrativo (1989). Se puede decir que la Empresa Pentamar y el Dr. Antonio González pasaron por la puerta del Municipio y encontraron un botín, ya que la Municipalidad no contestó la demanda y a partir de allí fueron todas rosas para ellos, solo fue necesario esperar y el Estado bobamente pagaría a los felices acreedores unos 14 millones de pesos. A pesar de ello la Municipalidad en el 2003 logró sentencia favorable ya que se resolvió hacer lugar al Municipio de Rawson en su petición de consolidar la deuda de acuerdo a la Ley de Consolidación, lo que permitía una actualización de intereses ampliamente favorable a Rawson ya que se aplicarían las tasas pasivas del Banco Nación. Tras esta operatoria el monto de la demanda no hubiese superado los 4 millones de pesos, honorarios incluidos”.

Llegaron tarde

Detalló Artero que “el municipio tenía plazo hasta fin del 2003 para presentarse a la consolidación pero ¿qué fue lo que sucedió? La letrada municipal, Dra. María Andrea Aguilera, se presentó fuera de término al plazo fijado por su señoría y en lugar de presentarse el primer día hábil posterior a la feria, esto es primero de febrero, lo hizo el 4 de marzo del 2004. En consecuencia el juez el 18 de marzo de ese año provee: “ en atención al Art 134 del Código Procesal Civil y Comercial , se ha contestado fuera de termino….en consecuencia devuelvase a la presentante, Dra. María Andrea Aguilera el escrito caratulado “Contesta traslado-impugna liquidación”. Otra vez, en consecuencia, pasaron por la puerta del Municipio la Empresa y el abogado patrocinante y se encontraron con el mismo botín aguardando porque la deuda se retrotrajo a los valores por ellos solicitados. O sea a los 14 millones de pesos”.
Luego de idas y vueltas el Gobernador Mario Das Neves decidió que la Provincia se hiciera cargo del pago de la deuda ya impagable para el Municipio, como solución a esto se estableció un plan de pago aceptado por la Empresa y así se hizo”.

Honorarios más intereses

La Intendenta continuó explicando que “aquí no termina la historia. El abogado Antonio González, que hubiese cobrado poco más de 700.000 pesos de haber llegado dentro de los plazos legales la Doctora Aguilera a presentar el pedido de Consolidación de Deuda, terminó cobrando en cuotas cuatro millones quinientos treinta y un mil doscientos tres pesos con 49/100, que le fueron abonados por el Municipio con transferencias de fondos provinciales. Era lógico pensar que con esa millonada encontrada por indefensión municipal, un verdadero Quini 6, había dejado satisfecho al letrado. Se equivocan, el Dr. González reclamó el pago de la liquidación de los intereses, habida cuenta que al no cancelarse la deuda en un pago se generaron saldos que naturalmente reclamó. Reclama aproximadamente un millón de pesos más y en estos días se embargarán las cuentas municipales por cuatrocientos mil pesos como parte del reclamo del letrado en cuestión”.

Sin facturación

Ante la imposibilidad de defensa, detalló Artero, “la Municipalidad verificó que el Dr. González nunca había facturado los importantes montos percibidos por este juicio. A requerimiento de la Secretaría de Hacienda el letrado aportó facturas que al ser revisadas tienen algo muy llamativo. La factura 001 del talonario 001 es de fecha 21 de noviembre del año 2013, es decir que imprimió los talonarios y facturó hace tres meses. Esta documentación la aportaremos a la AFIP para su conocimiento y efectos.
No obstante ello el Dr. González, que fija domicilio en Playa Unión, se niega a pagar los 18 mil pesos que debiera de tributar en concepto de Ingresos Brutos”.
Finalmente, Rossana Artero sintetizó la importancia de “repasar ante los concejales y la comunidad estos temas judiciales contra la municipalidad, porque son montos importantes que afectan directamente a las arcas municipales y en muchos casos, independientemente de los accidentes e imponderables inevitables, fueron generados por irresponsabilidad de funcionarios municipales actuantes durante gestiones anteriores. Desde ésta gestión creemos necesario comenzar las negociaciones razonables para ir cerrando todos los juicios pendientes para evitar así cargas posteriores a las que tendrán que hacer frente futuras gestiones, con montos posiblemente imposibles de abonar”.