Siempre listos

Los actuales asesores legal y político del gobernador Martín Buzzi parecen concentrarse íntegramente en uno de las alternativas productivas y económicas que a su entender, será la única salida a las dificultades financieras que atraviesa hoy el Estado Provincial. Más menos este es el planteo con el que vendrían entusiasmando al Ejecutivo para iniciar la cruzada explosiva en la Meseta Central. Para ello se dispondría de un Decreto de Necesidad y Urgencia a fin de que la Legislatura acompañe teniendo un basamento legal que cubra la decisión política, la que además se trataría de soportar con un referéndum en las poblaciones involucradas. Una movida que además, por las características de avances que tendrían, permitiría comenzar de un plumazo con las actividades mineras, sin muchas dilaciones ni confrontaciones políticas ni sociales. Sobre todo teniendo en cuenta el mapa de cateos más importantes que tiene sumamente claro Jorge Aidar Bestene, el ex asesor ad honorem de Das Neves y socio de uno de los grupos interesados en la actividad como el de Vila-Manzano.
Este plan que se habría comenzado a pergeñar no ahora, sino en la misma oportunidad en que se espantó el proyecto anterior con ruidoso y grosero enfrentamiento en la Legislatura, liderado por gente de Eliceche que se terminó enfrentando con los ambientalistas, se habría abordado profusamente desde el aspecto que más importa para darle curso las cruzadas mineras que tiene en mente el grupo, que es el jurídico.
Ese flanco estaría ahora a cargo del estudio de AB – GM & Asociados con domicilio en Barsil 55 de Trelew, donde comenzaron a darse desde el martes pasado diversas ruedas de reuniones, incluso con funcionarios del Gabinete Provincial.

Los especialistas

El trabajo fuerte sin embargo se delegaría en uno de los más reconocidos estudios jurídicos nacionales, “Marval, O´Farrell y Mairal”.
Este bufete de prestigiosos juristas cuyo Consejo Directivo es presidido por Alfredo O’Farrell funcionan en el séptimo piso de la Avenida Leandro N. Alem al 900 en Capital Federal con sede también en East 56th Street de Nueva York.
Marval lanzó su Grupo de Derecho Minero a fines de 2009, simultáneamente con la reincorporación de Leonardo Rodríguez, abogado senior especialista en derecho minero. Desde su lanzamiento, y bajo la conducción de Rodríguez y de Francisco M. Macías, socio senior a cargo del Departamento de Energía y Recursos Naturales, este grupo de práctica fue creciendo, asesorando a clientes claves del sector como Hochschild Mining, Coeur d’Alene y La Mancha Resources. En febrero de 2011 sumó además al doctor Luis E. Lucero como socio. Lucero venía hasta ese momento siendo socio del estudio Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero Abogados, donde se desempeñó como miembro del comité ejecutivo y socio a cargo del departamento de minería. Con 17 años de experiencia Lucero asesoró empresas claves del sector como Xstrata, AngloGold Ashanti, Rio Tinto, Vale, Cameco Corporation, Silver Wheaton, Hochschild Mining plc, Denison Mines, Andean Resources, Newmont y por supuesto, Pan American Silver, que ahora podría quedar fuera de juego en Chubut si no se ajusta a “derecho”.
Ha intervenido en grandes proyectos como Bajo de la Alumbrera (cobre-oro) y Cerro Vanguardia (oro-plata), así como en numerosas operaciones de M&A y de compraventa de activos del sector, incluyendo la venta por Rio Tinto a Vale del proyecto Potasio Rio Colorado y la reciente adquisición de Andean Resources (Proyecto Cerro Negro) por parte de Goldcorp.

Vínculos y discurso

Uno de los temas de “enganche” que habría entusiasmado al Gobernador habría sido el enfoque que estos especialistas exponen sobre el impacto económico de la minería sobre los Estados, que comprende, entre otros, el régimen tributario, forma de participación en el negocio minero y regalías sobre los proyectos mineros desarrollados en los países más representativos de la minería en Latinoamérica.

El negocio inmobiliario atado al minero

Dicho sea de paso, uno de los temas claves que habría entusiasmado desde el enfoque a Buzzi y su nuevo equipo de ´visionarios´ sería la posibilidad de replicar antecedentes que los consultores jurídicos les ofrecerían con todos los vericuetos técnicos listos, como un nuevo tributo implementado en santa Cruz a mitad de este año con aval legislativo, que se conoce como “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”. El 13 de junio de 2013, la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz sancionó algunas modificaciones al Código Fiscal y a la Ley Impositiva provinciales, a través de la creación de este impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera (el “IPIM”).
En líneas generales, el IPIM prevé: Que tienen que pagar ya que son contribuyentes de este impuesto quienes posean el dominio sobre la concesión de una mina situada en el territorio de la Provincia de Santa Cruz.
Que el IPIM se calculará con una alícuota del 1% sobre el valor de las reservas (técnica y económicamente explotables) que posea la mina, según su cotización en el mercado nacional o internacional, el que resulte mayor. El volumen de las reservas sobre las que se aplica el IPIM es el que surge del estudio de factibilidad y/o en los estados contables.
Que en los casos de venta de minas (independientemente del plazo de ejecución), tanto el propietario como el adquirente se considerarán contribuyentes y quedarán solidariamente obligados al pago del IPIM cuando no haya quedado formalizada la transmisión de la propiedad.
Las excepciones se dispondrían sobre los concesionarios que se encuentren en etapas de prospección o exploración, hasta tanto presenten el estudio de factibilidad; minas de segunda y tercera categoría; y las sociedades del estado provincial y las sociedades comerciales con participación mayoritaria del Estado provincial. ¿Será esta una forma de apurar que los dueños de la mina comiencen a explotarla? ¿O tal vez una manera elegante de asociarlos? Fue un dato concreto el anuncio del Gobernador cuando planteó un nuevo enfoque sobre la explotación de recursos naturales, de que el Estado tenga otra investidura en torno a cada proyecto. Dicen que la batalla estaría por eso planteada en dos terrenos, el político y el legal. Para el primero, ayer habría arrancado la operación política en Buenos Aires con las reuniones mantenidas por Buzzi y Eliceche para tratar de contar con la venia de algún sector nacional. Para el segundo, ya estarían los especialistas locales y nacionales desde hace tiempo en marcha.