Impulsan ley para blindar el sistema nuclear argentino
El diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto de ley para establecer un Régimen de Protección y Desarrollo Estratégico del Sistema Nuclear Argentino, con el objetivo de preservar, fortalecer y promover una de las áreas tecnológicas más sensibles del país como política de Estado permanente. La iniciativa fue girada a las comisiones de Energía y Combustibles, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
La propuesta del diputado de Provincias Unidas declara de interés público nacional el conjunto de organismos, empresas, instalaciones, desarrollos tecnológicos y recursos humanos que integran el sistema nuclear argentino. Entre ellos se incluyen la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nucleoeléctrica Argentina, INVAP, Dioxitek, la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería, las centrales nucleares, los reactores de investigación, la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y proyectos estratégicos como CAREM y RA-10.
El texto sostiene que el sector nuclear constituye una capacidad estratégica vinculada a la soberanía nacional, la seguridad energética y el desarrollo científico-tecnológico. Por eso declara de interés público permanente el Plan Nuclear Argentino, las actividades de investigación e innovación del sector, el ciclo del combustible nuclear, la operación y reactivación de la PIAP y las aplicaciones nucleares destinadas a la salud, la industria, la agricultura y el medio ambiente.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la protección del patrimonio estatal. La iniciativa establece que los activos y participaciones del Estado en las entidades que integran el sistema nuclear no podrán ser privatizados, transferidos, gravados ni cedidos a actores privados o extranjeros sin autorización previa del Congreso. Además, declara bienes estratégicos de la Nación a las infraestructuras, tecnologías, patentes, capacidades productivas y conocimientos desarrollados con recursos públicos.
Asimismo, el proyecto impulsa la expansión del parque nuclear argentino mediante la construcción de nuevas centrales, priorizando la cuarta central contemplada en la legislación vigente. Para ello propone privilegiar tecnologías que maximicen la participación de la industria nacional, la utilización de insumos producidos en el país y la transferencia efectiva de tecnología.
En el caso de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén, la iniciativa obliga al Estado a garantizar recursos para su mantenimiento, reactivación y operación continua, con el objetivo de abastecer a las centrales nucleares argentinas y eventualmente colocar producción en mercados externos.
También promueve la exploración y explotación sustentable de uranio y otros minerales de interés nuclear, priorizando el abastecimiento de las necesidades del sistema argentino por encima de la exportación de materia prima sin procesar.
Respecto de los proyectos tecnológicos en marcha, el texto garantiza la continuidad y financiamiento del reactor multipropósito RA-10 y del reactor modular CAREM, asignando a la CNEA la conducción técnica y estratégica de ambas iniciativas hasta su puesta en funcionamiento y eventual escalamiento comercial.
La iniciativa también incorpora al Centro Argentino de Protonterapia (CeArP) dentro de los proyectos estratégicos nacionales, declarando de interés nacional el desarrollo de la medicina nuclear y de precisión, y asegurando la continuidad de su operación como establecimiento público de salud.
En materia de control parlamentario, Juliano propone que decisiones sensibles como la privatización de empresas nucleares, la cancelación de proyectos estratégicos o la transferencia al exterior de tecnologías desarrolladas con financiamiento público sólo puedan concretarse con el respaldo de los dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso.
Los fundamentos del proyecto destacan que la Argentina integra el reducido grupo de países que dominan en forma autónoma la tecnología nuclear con fines pacíficos. En ese sentido, advierten que la interrupción de programas de alta complejidad genera pérdidas difíciles de revertir y sostienen que preservar el sistema nuclear implica defender la autonomía tecnológica, la soberanía energética y la capacidad de competir en la economía del conocimiento.
Fuente: Parlamentario
