Irlanda estrena su primera ley del aborto

Irlanda estrenó el año con la primera ley del aborto de su historia, en medio de un intenso debate social en el país con más férreas tradiciones católicas de la Unión Europea. La Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo será en cualquier caso una de las normativas más restrictivas del viejo continente, pues permite el aborto únicamente en caso de «grave peligro para la vida de madre».
Durante décadas, el aborto fue el «tabú» que ningún partido político se atrevió a abordar en la República de Irlanda, sacudida sin embargo en octubre del 2012 por la muerte de Savita Halappanavar, una dentista de origen indio que falleció de una septicemia (inflamación en el riego sanguíneo) después de que los médicos del hospital de Galway se negaran a practicarle un aborto de emergencia.
El ‘caso Savita’ dio pie a un debate sin precedentes en la sociedad irlandesa, impulsado por el Partido Laborista, que gobierna en coalición con el partido de centroderecha del primer ministro Enda Kenny. El presidente de la República, Michael Higgis, firmó la ley el pasado mes de julio, no sin antes poner el asunto en manos de un comité de expertos y de admitir en público su «conflicto de conciencia» ante una decisión sin precedentes en la historia del país.
Bajo los auspicios de la nueva ley se practicó en agosto en Dublín el primer aborto «legal», aunque la implantación a nivel nacional quedó fijada en el 1 de enero del 2014. Un total de 25 unidades de ginecología de la sanidad pública, repartidas por la toda la geografía irlandesa, han sido habilitadas para practicar abortos bajo la nueva normativa, que incluye un controvertida cláusula del «riesgo de suicidio de la madre», criticada por los grupos pro-vida como la «puerta abierta» para la generalización del aborto.
La ley no permite sin embargo la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto o anormalidad del feto. Los grupos conservadores y católicos siguen presionando para fijar una clara «línea roja» y evitar que la ley allane el terreno a los «abortos a la carta».
Los grupos progresistas y feministas esperan por su parte que estemos sólo ante el primer paso para homologar a Irlanda con otras naciones de la UE y recuerdan cómo al menos 4.000 irlandesas se ven obligadas a abortar en el extranjero todos los años.
La nueva ley permite la interrupción del embarazo cuando exista un «riesgo sustancial y real» para la vida de la madre. En casos de emergencia, un solo médico podrá decidir si es necesario practicar el aborto para salvar la vida de la embarazada. Los doctores podrán acogerse a la «objeción de conciencia», pero los hospitales públicos están obligados a ofrecer la interrupción en los casos contemplados por la ley.