Para tener un perro, habrá que sacar un seguro contra terceros

En España, entró en vigor la Ley de Bienestar Animal, que establece que todos los dueños de perros deben contratar un seguro de responsabilidad civil. El objetivo es cubrir los daños que el animal pueda causar a terceros y avanzar hacia una normativa más homogénea en todo el país.
Esta medida forma parte de un marco más amplio de tenencia responsable, que regula la identificación, el cuidado y la protección del bienestar animal.

Contexto previo

El seguro de responsabilidad civil no es una novedad absoluta; antes de la ley estatal, los perros potencialmente peligrosos ya estaban obligados a contar con esta cobertura. Comunidades como Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra y Asturias habían extendido la obligación a todos los perros, independientemente de la raza. Por ello, para muchos propietarios la norma no supuso un cambio inmediato, sino la consolidación de una práctica que ya existía en varias regiones.

Aplicación práctica y diferencias autonómicas

En 2026, la situación es mixta; en algunas comunidades autónomas, el seguro es obligatorio para todos los perros, en otras, sigue limitado a los considerados potencialmente peligrosos.
La convivencia entre la normativa estatal y las autonómicas genera dudas entre los propietarios, especialmente en lo relativo a la aplicación práctica y al desarrollo reglamentario.
Un aspecto que aporta tranquilidad es que muchos dueños ya cumplen con el requisito sin saberlo.
La mayoría de las pólizas de hogar incluyen la responsabilidad civil de las mascotas, salvo en el caso de razas potencialmente peligrosas, que requieren pólizas específicas.
En adopciones, algunas protectoras y ayuntamientos ofrecen un seguro inicial, aunque la responsabilidad de mantenerlo vigente recae siempre en el titular.
bienestar animal

Objetivos de la norma

La obligación del seguro busca:
– Reforzar la seguridad frente a incidentes.
– Homogeneizar la normativa entre comunidades.
– Promover la tenencia responsable y el bienestar animal.
La ley se integra en un sistema que también regula la identificación de los animales, la prohibición de prácticas de maltrato y la obligación de garantizar condiciones adecuadas de vida.