Un municipio peruano prohíbe tener más de dos mascotas
La ciudad de Chiclayo, Perú, atraviesa una fuerte controversia ambiental y social tras la promulgación de una ordenanza municipal que limita la cantidad de animales de compañía permitidos por vivienda. La normativa, aprobada originalmente en 2024, establece multas de hasta mil soles para quienes superen el máximo de dos mascotas en un mismo hogar.
Aunque la iniciativa surgió como parte de un régimen de protección y bienestar animal, la reacción ciudadana transformó rápidamente el debate en un conflicto público. Vecinos, rescatistas y organizaciones animalistas comenzaron a cuestionar el alcance de la medida y sus posibles consecuencias sociales y ecológicas.
Las críticas se intensificaron durante abril de 2026, cuando la aplicación de la ordenanza comenzó a difundirse ampliamente. A partir de entonces, crecieron las manifestaciones y pedidos de revisión hacia la municipalidad de Chiclayo.
Una norma que desató rechazo y preocupación
La Ordenanza Municipal N.º 0002-2024-MPCH-A contempla 84 artículos relacionados con tenencia responsable, control animal y convivencia urbana. Sin embargo, el punto más cuestionado es la limitación numérica de mascotas dentro de las viviendas particulares.
Diversos sectores consideran que la medida representa una intromisión sobre la vida privada y sostienen que no aborda las causas estructurales del abandono animal. Además, advierten que podría perjudicar especialmente a rescatistas independientes y familias que brindan refugio temporal a perros y gatos rescatados de la calle.
En paralelo, también surgieron críticas hacia la capacidad operativa del municipio. Organizaciones proteccionistas remarcan que Chiclayo no cuenta con suficientes refugios, infraestructura veterinaria ni programas de asistencia que permitan contener una eventual ola de abandono.
A su vez, muchos ciudadanos cuestionan el enfoque sancionatorio de la normativa y reclaman políticas preventivas centradas en esterilización masiva, campañas educativas y control del comercio informal de mascotas.
El conflicto llegó a las calles y forzó una revisión
El malestar social derivó en protestas públicas realizadas el 2 de mayo de 2026 en el Parque Principal de Chiclayo. Durante la jornada, decenas de personas exigieron la derogación o modificación de la ordenanza.
Frente a la presión ciudadana y la repercusión en redes sociales, la alcaldesa Janet Cubas anunció que la medida sería reevaluada por equipos técnicos municipales. Además, dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones dentro del Concejo Municipal.
Como respuesta inicial al conflicto, la municipalidad informó la creación de un Comité de Protección y Bienestar Animal. El objetivo será abrir instancias de diálogo con organizaciones, veterinarios y sectores vinculados al cuidado animal.
Mientras tanto, el debate continúa en una ciudad atravesada por un problema estructural: Perú registra más de seis millones de perros y gatos callejeros, una cifra asociada a la falta de esterilización, abandono y escasa fiscalización.
Los pros y contras de limitar la cantidad de mascotas
Especialistas en bienestar animal señalan que este tipo de medidas puede tener algunos efectos positivos si se aplican junto con políticas integrales. Entre los posibles beneficios aparece la reducción de situaciones de hacinamiento, malas condiciones sanitarias y acumulación compulsiva de animales.
Además, limitar la cantidad de mascotas podría facilitar controles veterinarios, vacunación y mejores condiciones de convivencia urbana en zonas densamente pobladas. También permitiría detectar casos de maltrato o criaderos clandestinos con mayor rapidez.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y proteccionistas advierten que una aplicación rígida puede generar consecuencias contraproducentes. El principal temor es que aumenten los abandonos y se saturen refugios ya colapsados por la sobrepoblación animal.
Por ello, distintos sectores sostienen que el bienestar animal requiere estrategias más amplias, basadas en educación comunitaria, acceso gratuito a esterilizaciones y promoción de la adopción responsable. Según especialistas, sin esas herramientas, las sanciones económicas por sí solas difícilmente logren resolver el problema de fondo.
