Solicitarían un jury para el juez de Familia e inhabilitar a la psicóloga del caso Ángel

“Todos por Ángel” parece ser la consigna implícita en la voluntad colectiva por alcanzar justicia para el pequeño cuya muerte aún es un misterio.
Comodoro Rivadavia, y el país, siguen de cerca el caso que abrió múltiples interrogantes principalmente sobre el accionar de los organismos que deben velar por el interés y la protección infantil.
Tras la muerte de Ángel Nicolás López, las críticas apuntan hacia el juez que indicó que el niño de 4 años debía vivir con su madre, Mariela Altamirano.
Con el transcurrir de las horas y los elementos que van surgiendo en la causa, se conoció que Altamirano tiene antecedentes por maltrato y ya le habían quitado la tenencia de otro hijo.
Mientras las acusaciones se cruzan entre la madre, el padre biológico y la actual pareja de este último, la indignación colectiva apunta directamente contra el juez Juan Pablo Pérez y los servicios de Protección de Derechos.
Luis López, el padre de Ángel, tenía una orden de restricción y no podía ver al pequeño desde noviembre de 2025. La decisión de restituir al menor a la madre, Mariela Altamirano, fue tomada en aquel momento por el juez de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia Comodoro Rivadavia: Pablo José Pérez.
Pérez asumió en octubre de 2022 como juez coordinador. Su función es gestionar, organizar y optimizar el funcionamiento de las oficinas judiciales, supervisar los procesos de trabajo, formular propuestas de mejora al Superior Tribunal de Justicia y garantizar la celeridad en la resolución de causas.
En medio de la conmoción por la muerte de Ángel, otra profesional quedó en el centro del debate público: Jennifer Grisel Leiva. Psicóloga con experiencia en el abordaje de casos dentro del sistema de protección de la niñez.
De acuerdo con la información que trascendió, Leiva participó activamente en el proceso de evaluación familiar y revinculación del menor con su madre biológica.
Su intervención incluyó la elaboración de informes técnicos que, posteriormente, fueron considerados en la decisión judicial que determinó el regreso del niño al entorno materno.
Tras la realización de la autopsia y la confirmación de traumatismos internos en la cabeza previos al fallecimiento del niño de 4 años, los familiares del menor han manifestado fuertes críticas hacia la interpretación de los informes elaborados durante el proceso. En particular, sostienen que las valoraciones realizadas no reflejaron el estado emocional del niño que habría pedido llorando no volver con su madre.
Si de esperar justica se trata, este jueves la comunidad vio con sorpresa el anuncio del Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, confirmando que se iniciará una investigación exhaustiva de todos los actores que intervinieron en el historial del niño, incluyendo personal de la Fiscalía y la Defensoría.
El Procurador General de Chubut marcó así una postura de tolerancia cero frente a posibles irregularidades en el manejo de un caso tan sensible.
El objetivo es esclarecer si el desenlace fatal pudo haberse evitado con una intervención oportuna y eficiente de los estamentos estatales encargados de velar por los derechos del niño.