La Policía Federal secuestró anoche varias agendas y teléfonos en la casa del broker Héctor Martínez Sosa y de su esposa, María Cantero, quien fue durante tres décadas la secretaria de Alberto Fernández. Según reveló Infobae, los agentes también se llevaron computadoras luego de registrar la casa, pero no encontraron documentación vinculada con la causa judicial. Tampoco había una bóveda, como trascendió en un primer momento.

El allanamiento se realizó anoche por orden del juez Julián Ercolini y terminó bien entrada la madrugada.

El chalet está ubicado en una esquina de la localidad de Victoria, partido de San Fernando, donde no abundan las casas majestuosas.

A la vivienda se ingresa por dos portones negros que sobresalen de un paredón tapado por la vegetación. Atrás de la casa hay un amplio parque, una pileta, y un enorme quincho.

Durante el procedimiento llegó al lugar un abogado que representa a la pareja.

En paralelo, se realizaron otros procedimientos similares en oficinas y viviendas pertenecientes al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y al broker Pablo Torres García.

Pagliano es uno de los imputados pero además también mantiene una relación con el ex presidente desde hace más de tres décadas. A fines de 2022, declaró un patrimonio de $120.573.868, tomando en cuenta los valores fiscales de sus propiedades. Representa un aumento de más de 100% respecto al año anterior. Pero todavía adeuda la declaración de 2023.

Entre otras cosas, declaró ser dueño de una casa de 300 m2 ubicada en la ciudad de Buenos Aires (comprada en 1990, cuando trabajaba en la Superintendencia de Seguros), un terreno en San Rafael (Mendoza), y una camioneta Chevrolet Spin 1.8 de 2014. De esos tres bienes, el único que se destaca es la casa de 300 m2, con un valor fiscal de $42.759.817 (por el 50%).

El jueves pasado, el fiscal Ramiro González, imputó a Alberto Fernández y a Pagliano y le dio impulso a las denuncias. Al día siguiente, el juez Ercolini pidió el los movimientos migratorios de varias personas y una batería de informes a Nación Seguros, a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a Auditoría General de la Nación (AGN), y hasta la Jefatura de Gabinete.

El escándalo puso el foco de atención sobre Martínez Sosa, uno de los principales empresarios de los seguros. Su empresa tiene más de 50 años en el mercado. Comenzó en Buenos Aires pero rápidamente se instaló en Río Grande (Tierra del Fuego), donde obtuvo monopolio de los seguros durante al menos dos gestiones. Primero fue elegido como intermediario en el gobierno de Jorge Colazzo. Y en 2020, el gobernador Gustavo Melella firmó un contrato de asesoramiento con el broker y le cedió nuevamente el control de todos los seguros.

El vínculo estrecho de Martínez Sosa con Alberto Fernández no era un misterio. De hecho, todos los actores del sector lo ubican entre los tres principales brokers que negocian con el Estado. Los otros dos son Pablo Torres García y la empresa Castello-Mercuri, que tiene estrecho vínculo con Nación Seguros.

Martínez Sosa frecuentaba la quinta de Olivos durante la pandemia, siempre junto a su esposa, y hasta le prestó dinero al ex presidente. Según dijo Alberto Fernández, la deuda inicial fue de USD 20 mil.

Desde que asumió como presidente, sin embargo, se mantuvo en $102.240. Los cuatro años repitió la misma cifra en su declaración jurada y el mismo acreedor.

La causa judicial comenzó con una denuncia de la abogada Silvina Martínez, quien acusó a Fernández y a Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. La presentación se basó en un artículo publicado por el editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa, en donde se detallaba que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.

A esa denuncia se sumó otra presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto.

El viernes, justo antes del discurso del Presidente ante el Congreso, el juez activó un procedimiento en Nación Seguros a través de la Policía Federal. Entre otras cosas, pidió la nómina de las empresas que actuaron como coaseguradoras o reaseguradoras en los contratos celebrados entre organismos del Estado y la aseguradora que ahora está en manos de Alfonso José Torres, un hombre de Eduardo “Lule” Menem.

El mercado de los reaseguros es visto con atención porque deja millonarias comisiones. “Hay casos que no necesitan reaseguro pero se usan igual. En lugar de tomar un coaseguro en el país, acuden a las casas matrices en el exterior. Eso se hace para sacar dólares al valor oficial que luego vuelven como blue. Por otro lado tienen una muy baja presión tributaria (ganancia presunta 3,5%) contra el 35% que deberían pagar acá por ganancias”, revela una fuente del mercado de seguros.