Ante el avance del proyecto Vaca Muerta Sur, que prevé la instalación de una terminal petrolera en un aguas del Golfo San Matías, el Instituto de Conservación de Ballenas junto a un importante colectivo representando intereses sociales, económicos , culturales y ambientales se presentó ante la justicia de Chubut para solicitar que el estado provincial prevenga y evite el daño que este proyecto podría ocasionar en la región y sobre todo en Península Valdés, conectada oceanográficamente y biológicamente con el área donde se instalará la terminal.
De esta forma, le reclamaron judicialmente al estado chubutense que intervenga para prevenir y evitar el daño por la terminal petrolera del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, promovido por YPF. En forma conjunta presentaron una acción legal en la provincia de Chubut por el avance del proyecto que contempla la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca Muerta hasta un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías.

Razones

Desde el Instituto de conservación de Ballenas destacaron que existe una fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el sitio, donde se establecerá la terminal portuaria, con los Golfos San José y Nuevo que son parte de Península Valdés; una área natural protegida tanto a nivel provincial como a nivel internacional a través de la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.
“Este colectivo, del cual participa el Instituto de Conservación de Ballenas, refleja la preocupación de los sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con sus dos monoboyas de carga se emplazará a 30 km de la Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía regional. Las infraestructuras costeras, se emplazarán en áreas de alta biodiversidad con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta. El oleoducto que transportará el petróleo desde Vaca Muerta y la terminal de exportación es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona”, señalaron.
La acción legal interpuesta se fundamenta en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al avance del proyecto del puerto petrolero. A través de un escrito, el colectivo expone la omisión del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas, exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental; y solicita a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él. La presentación quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn Titular del Juzgado doctora María Laura Eroles.
Entre las organizaciones que conforman este colectivo están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

Reclamo de inconstitucionalidad

Por otro lado, desde el ICB destacaron que la reforma de la ley 3308 de Rio Negro, que protegía las aguas y costas del Golfo San Matías de la industria petrolera, hizo que vecinos, vecinas y organizaciones de distintas partes del país llevaran a la Justicia la modificación de la referida Ley con una acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.nce petrolero.
“La reforma inconsulta y realizada en forma express le quitó la protección a San Matías, permitiendo a la empresa avanzar en este proyecto. Esta acción viola el Acuerdo de Escazú, al carecer de transparencia y verdadera participación ciudadana. Además, atenta contra principios constitucionales de progresión y no regresión en materia ambiental, ya que desprotege al Golfo ante el avance petrolero2, aseguraron.

Chubut debe proteger Península Valdés

El grupo de cámaras, asociaciones y organizaciones que presentaron la acción legal manifiestan actuar en nombre de un interés colectivo: la preservación de los ecosistemas costeros marinos, su equilibrio ecológico, biodiversidad y las actividades turísticas, productivas y comerciales asociadas. Según la normativa provincial y nacional, la autoridad provincial de Chubut tiene la responsabilidad de adoptar medidas necesarias para la preservación de las condiciones naturales. La acción se funda en los artículos 38, 41 y 155 de la ley XI N° 35, Código Ambiental de la provincia, y el artículo 39 de la ley de Áreas Naturales Protegidas.
Y afirman que el proyecto impactara en el área más importante de cría y reproducción de la ballena franca austral, un monumento natural de la Argentina

El peligro de las monoboyas petroleras

Las mismas amenazan a más de 150 especies marinas únicas en la región. “Es importante destacar que el Golfo San Matías junto con los Golfos Nuevo y San José conforman una biorregión, llamada Golfos Norpatagónicos la cual se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan yo se reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”.
“En este contexto, el avance de este proyecto de terminal petrolera impactará de forma negativa en toda la biodiversidad de esta biorregión, como consecuencia de los microderrames que ocurrirán y son habituales en los procesos de carga de petróleo, pero además, el incremento del tráfico marítimo, que generará un cambio en el pasaje acústico del área, con un incremento del ruido antrópico y el aumento en la probabilidad de colisiones con las diversas especies que la habitan2, continúa el comunicado ambientalista.
Al respecto, Roxana Schteinbarg, quien representa al ICB en esta acción colectiva declaró: “El proyecto podría tener impactos irreversibles para la población de ballenas francas australes que utilizan como área de cría y reproducción los Golfos Norpatagónicos. Las ballenas hacen un uso intensivo de las áreas costeras y el seguimiento satelital ha demostrado la conectividad entre los Golfos Norpatagónicos y el uso de este área por parte de los individuos de esta especie Las ballenas francas, al igual que otras especies marinas, se encuentran expuestas a diversas amenazas y nos preocupa que ahora debamos enfrentar el impacto que podría ocasionar este proyecto. Es necesaria la intervención de Chubut para prevenir los daños que este proyecto pueda ocasionar”

Derrame en Bahía

El pasado 28 de diciembre en la Ría de Bahía Blanca, se produjo la rotura de un ducto de carga de una monoboya similar a la instalarse en San Matías, tiñendo de petróleo crudo las aguas. Este es un claro ejemplo del impacto que un accidente similar podría tener en la Península Valdés, ya que la circulación oceánica indefectiblemente lo arrastraría hacia allí. También se puede citar como caso de derrame de crudo lo sucedido en Caleta Córdova en el 2007 con aproximadamente 300m3 de petróleo que impactaron negativamente a lo largo de 5km de costa en el Golfo San Jorge (es un ejemplo puntual de la Provincia)
En concordancia con el principio constitucional de no causar daño ambiental (Artículo 19 de la Constitución Nacional), el colectivo de cámaras, entidades y organizaciones exigen información detallada a la Provincia de Chubut sobre las medidas preventivas y la participación de los Chubutenses en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, instan a la provincia a iniciar diálogos interprovinciales para abordar colectivamente los desafíos de la conservación de los bienes comunes. Este llamado se basa en el derecho constitucional al ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, respaldado por tratados internacionales como el Convenio de Escazú, que destaca la importancia del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Las organizaciones subrayan que la prevención es fundamental y que el acceso a la información es clave para tomar decisiones informadas y responsables. (Fuente: ICB)