Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal nacional rechazó los recursos presentados por los abogados de Diego Miguel Correa, Diego Lüthers, Juan Carlos Ramón y Daniela María Souza.

De esa manera dejó firme las condenas impuestas por los jueces penales de Chubut a los cuatro imputados por delitos contra la administración pública en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2017, en la causa caratulada “Correa, Diego Miguel s/asociación ilícita”.

Firmes

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas impuestas a Diego Miguel Correa, y otras tres personas por hechos de corrupción cometidos entre 2015 y 2017.

En la causa se acreditó que Correa creó sociedades que, mediante su intervención como funcionario público provincial, fueron beneficiadas a través de la adjudicación de contrataciones perjudiciales para la administración pública provincial.

Por su parte, Diego Lüthers fue acusado de formar parte de la asociación ilícita en su carácter de secretario privado de Correa. A Daniela María Souza, en tanto, se le atribuyó realizar actos para ocultar que Correa era el verdadero titular de los bienes adquiridos, y a Juan Carlos Ramón se le imputó intervenir en los procesos de contratación entre el ente provincial y la firma Dual Core S.R.L. mediante la presentación de un falso presupuesto alternativo, superior al de esa empresa, para posibilitar que la obra se le adjudicase a Dual Core por resultar más conveniente.

Condenas

Correa fue condenado a 10 años de prisión, multa de más de 22 millones de pesos e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por ser jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública provincial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y autolavado de activos.

Lüthers recibió 5 años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 750 mil pesos. Mientras que Souza y Ramón fueron condenados a 4 años y 3 años y 3 meses, respectivamente.

Tras ser condenados y una vez agotadas las instancias en el ámbito provincial al ser denegados los recursos extraordinarios planteados por los abogados de los cuatro imputados, fueron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante recursos de queja, los cuales fueron declarados inadmisibles por el máximo tribunal nacional.