El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, presidido por primera vez por una mujer, comenzó a juzgar a 19 exmilitares, policías y un exministro bonaerense, quienes oyeron los cargos que se les imputan por los delitos cometidos en perjuicio de más 200 víctimas en dos excentros clandestinos de detención que funcionaron en dependencias policiales durante la última dictadura cívico militar.

Se trata del Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la calle 1, entre 59 y 60, de La Plata, y la Comisaría 8va de la capital bonaerense.

El TOF 1 de La Plata por primera vez en la justicia de La Plata está presidido por una jueza, Karina Yabor, e integrado por los jueces Ricardo Basílico y Andrés Basso.

Los 19 represores, entre ellos el civil Carlos «El Indio» Castillo y el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, están imputados de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y abuso sexual cometidos contra 210 víctimas, la mayor parte de las cuales sobrevivió y espera declarar en el juicio. Entre las víctimas también figura el albañil y militante peronista Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez en el 2006 tras declarar contra el exrepresor Miguel Etchecolatz.

Marta Úngaro, hermana de Nora Úngaro, sobreviviente de la dictadura y de Horacio Úngaro, uno de los estudiantes desaparecidos en el episodio conocido como La Noche de las Lápices, expresó en declaraciones a Télam: «Llegamos a este juicio esperanzadas, si bien este juicio tendría que haber empezado hace más de una década».

«Tiene 300 víctimas que fueron llevadas a 1 y 60, principalmente los días 23 y 24 de marzo de 1976. Llevaron allí comisiones enteras de trabajadores de Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, YPF, los frigoríficos», dijo y explicó que «en 1 y 60 quedaban en depósito y después los distribuían y también ahí se sistematizó la tortura».

«Mi hermana Nora estuvo ahí, junto a Ana Teresa Diego, que fue identificada por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses, a Nora luego la llevaron a Arana y finalmente al Pozo de Quilmes, que también está en juicio», precisó Úngaro y agregó que «a veces en estos juicios se revictimiza a las víctimas que ya han declarado antes y tienen que volver a contar todo».

Sostuvo que tanto ella como su hermana están «ansiosas y esperando justicia» y dijo que «lo que indigna es ver a la mayoría de los imputados siguiendo la audiencia por zoom desde la comodidad de sus casas».

Así se refirió Marta Úngaro al hecho de que, de los 19 imputados de este juicio sólo dos están cumpliendo prisión en la Unidad 34 de Campo de Mayo, Carlos Castillo y Jorge Di Pasquale; mientras que el resto está beneficiado con el arresto domiciliario.

Primera audiencia

Durante esta primera audiencia, se leyeron síntesis de las elevaciones a juicio por los delitos cometidos en 1 y 60 y la comisaría 8va de La Plata; en especial el perfil que tenía el ex centro clandestino y los cargos que se les imputan a los 19 represores.

La dependencia policial de 1 y 60, que conecta también con el Cuerpo de Caballería que está en la misma manzana, en 60 entre 1 y 115, «funcionó como centro clandestino inmediatamente después del 24 de marzo de 1976, e incluso unas horas antes, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado, hasta principios del mes de diciembre de ese año».

«Luego del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976, se produjeron una serie de detenciones de personas que ya habían sido identificadas previamente», se destacó en la elevación a juicio leída hoy.

Asimismo, detallaron que la zona de La Plata y sus adyacencias presentaba una importante cantidad de establecimientos fabriles con un significativo grado de sindicalización y «con estas detenciones producidas en los primeros días del golpe, se cumplió con varios objetivos».

Esos objetivos fueron, según se precisó, «militantes populares, trabajadores, sindicalistas, profesionales, educadores y políticos».

«Cualquiera que era visualizado como peligroso por las Fuerzas Armadas usurpadoras, era chupado, sacado de circulación, en forma inmediata, sin necesidad de acumular pruebas en su contra, de rendir cuentas a ningún juez de esta acción», dijeron.

«También era frecuente que al momento del ingreso al centro se obtuvieran de los detenidos lo que llamaban ´declaraciones espontáneas´ halladas luego en los archivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía bonaerense», relataron.

Agregaron que «a cada declaración se le adjuntaba un conjunto de fichas que se completaba con las huellas digitales, datos personales y fotografías de los detenidos, que previamente eran sacadas en el patio del edificio».

De las pruebas acumuladas surge que «las sesiones de tortura se llevaban a cabo en distintos lugares».

«De los testimonios de las víctimas que sufrieron cautiverio en esta dependencia, surge que una parte de ellos fueron trasladados a otros centros clandestinos de detención al sólo efecto de la tortura», precisaron.

Relataron que «también era común que en las sesiones de tortura participaran médicos, controlando el límite de la aplicación de la misma», porque «de ese modo evitaban que los detenidos muriesen antes de obtener de ellos la información buscada».

«Algunos de los detenidos también hicieron mención a la presencia de representantes de la Iglesia Católica», se destacó en la elevación a juicio.

Además, se remarcó que «de las declaraciones de parte de las víctimas revelan diversas situaciones de violencia sexual perpetradas en el Centro clandestino».

Esta base probatoria, dijeron, los lleva a afirmar que «las condiciones de detención padecidas en dicho lugar, incluían de manera sistemática, la desnudez forzada, tocamientos, picana en genitales y otras formas de violencia sexual que, desde una idea reparadora».

Los imputados por los delitos cometidos en 1 y 60 son Roberto Armando Balmaceda; Carlos Ernesto Castillo «El Indio»; Alberto José Crinigan; Tomás D’Ottavio; Carlos Hugo Leguizamón; Claudio Rubén Mejías; Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal.

En tanto, los imputados por los delitos ocurridos en la Comisaría 8va son: Enrique Armando Cicciari; Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez y Rubén Vicente Sánchez; Jorge Héctor Di Pascuale; Carlos María Romero Pavón y el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart.

Y por su accionar conjunto en 1 y 60 y la Comisaría 8va los imputados son: Lucas Marcelo Castro; Ismael Ramón Verón y Enrique Francisco Welsh.

Tras la lectura de la elevación a juicio y los cargos que se le imputan a los detenidos, la presidenta del Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 1 de junio próximo, cuando serán indagados los represores.