La discusión sobre las tierras que pertenecen a representantes de comunidades originarias parece no finalizar, y constantemente se van conociendo nuevas medidas al respecto. En este contexto, en las últimas horas el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le exigió al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural que cuando se adjudiquen tierras donde una de las partes sea indígena se debe advertir expresamente que esa obligación estará supeditada a la revisión de la Comisión de Tierras Indígenas.
Puntualmente, esto alcanza a las operaciones cuando una de las partes sea indígena, ya sea por pertenencia comunitaria o familiar, y el máximo tribunal provincial busca con esta medida que se garantice el pronunciamiento sobre los pueblos originarios en este tipo de negociaciones.
Otra de las exigencias esgrimidas por el Superior Tribunal de Justicia refiere a reclamos esgrimidos contra la Legislatura Provincial y el Poder Ejecutivo, a quienes les pidieron que, de manera urgente, se ponga en pleno funcionamiento a la Comisión de Tierras Indígenas, argumentando que la misma revisará los casos pendientes y asegurará la seguridad jurídica de los pueblos originarios.

Jurisprudencia nacional

Esta situación no resulta un acontecimiento fuera de contexto o de extrema novedad para nuestro país y para Chubut, específicamente, ya que hay varias sentencias judiciales que han sentado jurisprudencia en esta materia.
De hecho, hay un caso que impacta directamente en Chubut: Pilquimán. Éste comenzó en 2007, cuando Crecencio Pilquimán presentó un amparo en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn, reclamando la nulidad de la Resolución 60/07 del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, a través del cual se le otorgaban derechos a Camilo Rechene sobre un predio rural en la Meseta Central, cerca de la localidad de Gastre.
En dicho instrumento se exigía que antes de concretar dicha operación, se respetaran y pongan sobre la mesa de discusión a la postura que tenía la comunidad indígena a la que pertenecía Pilquimán. De hecho, hace varios años, esas 2.500 hectáreas pertenecían al poblador Victorio Pilquimán, y luego pasaron a sus hijos, que en 2007 se las vendieron a Rechene.

Simulación de compraventa

No obstante, el denunciante, sobrino de Victorio Pilquimán, denunció esta comercialización en nombre de la comunidad mapuche-tehuelche de Lagunita Salada-Cerro Bayo-Gorro Frigio. Para argumentar esto, Crecencio Pilquimán sostuvo que la transferencia de los herederos simulaba ser una compraventa entre particulares, pero en realidad esas tierras eran propiedad comunitaria y no debían transferirse sin contar con el visto bueno del resto de las familias afectadas, derecho que está contemplado en la Constitución Nacional, por lo que el recurso de amparo contaba con los requisitos necesarios.
Este planteo fue rechazado por el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. Además, contó con la misma suerte en la Cámara de Apelaciones de Trelew y en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Por lo que sólo quedaba una instancia de apelación: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tras un extenso debate, el máximo tribunal de nuestro país anuló la sentencia del Superior Tribunal de Justicia provincial y lo cuestionó por omitir “todo pronunciamiento sobre los derechos” de los pueblos originarios a ser oídos. Finalmente, en 2017, diez años después de la presentación del amparo, Cercencio Pilquimán falleció, pero su familia siguió con el caso.

El STJ revertió su postura

Ahora, 13 años después de que se haya presentado el primer recurso, el posicionamiento del Superior Tribunal de Justicia de Chubut es otro, ya que con esta medida se exige que el traspaso de tierras tenga que ser avalado por toda la comunidad. Esto impacta también al a cesión de las hectáreas por parte del IAC a Rechene, que para poder concretarse hay que esperar que la Comisión de Tierras Indígenas revise la adjudicación, escuche a toda la comunidad originaria y emita un dictamen.
Según el voto del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, la Comisión de la Ley del IAC permite canalizar “el reconocimiento progresivo de los derechos indígenas, individuales y comunitarios, que Chubut asumió”.
Al respecto, este organismo debe sentar postura “en los conflictos entre pobladores, en los que una de las partes sea aborigen por sí o por pertenencia comunitaria o familiar”. De esta forma en Chubut quedará sujeto a revisión todo acto administrativo que involucre tierras ocupadas por aborígenes, o que fueron ocupadas con anterioridad, “en las que se compruebe la existencia de una manifiesta ilegalidad”.

Denuncia contra Benetton por bloquear un camino vecinal

A una semana de la firma del convenio para crear una mesa de resolución de conflictos con pueblos originarios, una comunidad mapuche de Chubut denunció en los últimos días que el empresario italiano Luciano Benetton bloqueó un camino vecinal y los dejó encerrados, ante lo cual advirtió que sus miembros se están quedando sin comida.
Se trata de la comunidad mapuche Nehuentuain Inchiñ de Costa del Lepá, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Esquel, que afirmó que miembros del grupo empresario de Benetton cerró con candados las tranqueras de un camino vecinal dejándolos aislados en su campo.
“Los de la estancia nos pusieron candados nuevos, nos cerraron los pasos. Nos persiguen con la Policía, como si fuéramos delincuentes”, precisó la referente de la comunidad, Matilde Jofré. Ante esta situación, señaló que enviaron notas para advertir del hecho tanto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como a la Dirección de Asuntos Indígenas de Chubut.