El senador Juan Mario Pais se reunió con el titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la sede de la AMIA, Mario Cimadevilla, a los efectos de avanzar en la discusión de aspectos jurídicos de su anteproyecto de ley de Juicio en Ausencia, el cual se prevé tome estado parlamentario en los próximos días.
La iniciativa del senador por Chubut, que busca la continuidad de las causas judiciales federales en materias contempladas por los distintos tratados internacionales, aun cuando algún imputado se encuentre en rebeldía ante la Justicia, entre los cuales se destaca la Causa AMIA.
“La doctrina argentina en materia procesal penal clásica ha objetado la constitucionalidad del juicio penal en ausencia, con sustento en que sería contrario al derecho de defensa que asegura el artículo 18 de la Constitución Nacional. Sin embargo, la cuestión admite una perspectiva distinta, en el sentido de que el juicio en ausencia es perfectamente constitucional, considerando los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, que es apoyada por la más moderna doctrina y que se abre paso en la jurisprudencia”, señaló Pais.
Pais, que ha avanzado en la redacción de una iniciativa parlamentaria en la materia, remarcó que “tanto la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, como la doctrina más moderna y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, referidas a la extradición pasiva, admiten que el instituto del juicio en ausencia no vulnera el derecho de defensa a condición de que se brinden garantías suficientes de que el requerido pueda ser sometido a nuevo juicio en su presencia”.
Por tal motivo, aseguró que “no existen motivos desde la perspectiva jurídico constitucional para no admitir la regulación del juicio en ausencia siguiendo las mismas pautas. Antes bien, al contrario, completaría la coherencia del sistema”.
“Nos hemos reunido con el Secretario de Estado en la Causa Amia a los efectos de aunar criterios y avanzar en este proyecto que no es sólo para una causa específica sino a dar una mayor eficacia al sistema penal y dotarlo de instrumentos para mejorar su eficiencia por su consecuencia necesaria: un mayor número de delitos esclarecidos y sancionados”, remarcó el legislador.