AFIRMAN QUE LA MAYORÍA DE LOS PROCESOS EN MARCHA APUNTAN A CASTIGAR A ADICTOS

Sólo el 3 por ciento de las causas por drogas persigue a narcotraficantes


1 poseidonLuego de la reciente acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de la cual se creó la «Comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico», la Asociación Pensamiento Penal criticó su aplicación en la práctica y atribuyó el futuro de dicho espacio a la conocida frase de Juan Domingo Perón, «Si quieres que algo no funcione, crea una comisión”.
En un duro documento de 21 páginas, la Asociación Pensamiento Penal critica inicialmente la utilización del lenguaje bélico, caracterizándolo como demagógico, al emplear el término «lucha contra el narcotráfico» y detalla que «la actividad recae en verdaderos narcotraficantes que, según las estimaciones de la Procunar, rondaría un 3% del total de causas que se tramitan en el ámbito jurisdiccional por infracción a la ley 23.737, acentuándose en los lugares donde se ha aplicado la ley que desfederalizó los delitos de menor gravedad, como Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Formosa». A su vez, sostiene que «muchas veces se ha ubicado la cuestión “drogas” en foco de atención de la seguridad ciudadana en vez de la preocupación sanitaria», siendo este uno de los aspectos más vulnerables al analizar las consecuencias de la aplicación de la Ley, dado que «la incriminación de la tenencia de drogas para uso personal y otras conductas relacionadas al consumo, conlleva muchísimos daños a la salud pública, ya que la respuesta penal condiciona el contacto de los usuarios de drogas con las instituciones de salud en razón de representarse la posibilidad cierta de ser detenidos por la amenaza de sanción penal». Esto último se debe, según la Asociación, a la concepción de los «delitos de consumo» sumado al estereotipo de persona peligrosa con el cual se caracteriza a quienes padecen una adicción a las drogas. Consecuentemente, el documento analiza que «la amenaza de sanción penal obstaculiza seriamente la posibilidad de aplicar una política de salud preventiva, información y educación, como así también el tratamiento de casos de usos problemáticos o adicciones».

Conceptos arcaicos

El documento cita dos momentos históricos en la denominada «lucha contra las drogas» y la utilización política que se le ha dado a dicha plataforma. En primer lugar, durante la presidencia del estadounidense Richard Nixon, quien a partir de su campaña de «Guerra contra las Drogas» calificó a estas últimas como «el enemigo público, no económico, número uno», procediendo a la creación de la DEA (Drug Enforcement Agency, por sus siglas en inglés).
En dicho ámbito, Pensamiento Penal afirma que «“esta construcción y la imagen bélica potenciada por el régimen prohibicionista, en donde el bien jurídico a proteger mediante la normativa legal era la ‘seguridad nacional’ y el ‘enemigo’ a vencer entre otros fantasmas era la narcoguerrilla, fue funcional a la acción desplegada por el terrorismo de Estado y las dictaduras genocidas en el continente americano que conllevaron a la desaparición física de aproximadamente 200 mil personas, entre otros crímenes de lesa humanidad como el asesinato, la tortura y la apropiación de recién nacidos.

Qué sucede en la actualidad

A partir de la norma y el discurso beligerante que le provee un marco de legitimación y aplicación, el documento detalla que estas «continúan siendo herramientas de las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, a fin de cometer todo tipo de abusos, violencia institucional y selectividad penal en perjuicio de los más vulnerados, mediante una clara manifestación de la criminalización de la pobreza». En este contexto, agrega que esta concepción de la lucha contra el narcotráfico ha llevado «a una disparidad de intervenciones o resoluciones judiciales conforme la subjetividad policial y judicial, acorde siempre a sus preconceptos, creencias, ideología o valores, de acuerdo a la persona que tenían enfrente y la sustancia consumida». Sobre este punto, la Asociación explica que «la criminalización primaria», es decir las normas, «resulta la razón suficiente y necesaria en la mayoría de los casos, para que la criminalización secundaria, osea fuerzas de seguridad, fiscalías y Poder Judicial entre otros, encuentre su respaldo y exculpación de los actos de violencia y extorsión hacia tales sectores».

El Fallo Arriola

En 2009, la CSJN declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley 23737, estableciendo que el consumo de estupefacientes en el ámbito privado se encuentra protegido por el Artículo 19 de la Constitución Nacional. En consecuencia, los jóvenes que habían sido detenidos y condenados a prisión a partir de un allanamiento realizado en 2006 en el que se encontraron drogas en un domicilio, la sentencia quedó sin efecto. Luego del fallo, que constituyó un punto de inflexión en el análisis de los casos de tenencia de estupefacientes, el documento de la Asociación Pensamiento Penal manifiesta que «la persecución de la tenencia para consumo ha disminuido» y que esto se observa con la disminución de causas judiciales, «pero todavía existe un número importante de causas que se inician por esta conducta, y muchos más son los ingresos a comisarías por este motivo, configurándose reiteradas situaciones de privación de la libertad de consumidores». En un sentido práctico, agrega que a pesar del alto índice de sobreseimientos en dichas causas «que nunca debieron ser encausadas, la criminalización de los ‘delitos de consumo’ coadyuva a la extorsión policial, a la violencia institucional, al derroche innecesario de recursos humanos y presupuestarios», además de «la apertura de causas a personas seleccionadas, que ciertamente conservarán el resto de sus vidas el estigma social de su paso por el sistema penal o el encierro». Además, explica que la persecución de los usuarios, a la cual califica como una acción punitiva inconstitucional que avasalla la dignidad, libertad y autodeterminación de las personas «es un dispendio de recursos, innecesario y sumamente contradictorio con lo que se pretende en la materia, que es involucrar los recursos en la prevención, educación, tratamiento y atención en materia sanitaria y contra el narcotráfico».

Críticas al discurso político demagógico

La Asociación Pensamiento Penal menciona que «llama poderosamente la atención que los magistrados que han sido signatarios del mencionado fallo, vengan hoy a propiciar y retomar un discurso beligerante que desconozca y legitime la aplicación selectiva de la norma penal bajo el manto sensacionalista de la ‘guerra contra las drogas y la lucha contra el narcotráfico’, mediando adjetivaciones anacrónicas como ser ‘flagelo’ o afirmaciones alarmistas al estilo que ‘la necesidad de actuar de manera concreta inmediata en todos estos temas, ya que esta en juego la seguridad de la población'».
La Asociación señala a la implementación de respuestas punitivas y represivas respecto a las drogas prohibidas como uno de los motivos que llevó a un «desangramiento» de países hermanos como México, Colombia, Honduras, Guatemala y el Salvador, en los cuales la denominada «Guerra contra las Drogas» se ha cuantificado en vidas humanas, desplazamientos forzados, encarcelamientos masivos y una seguidilla de violaciones de los derechos humanos de los habitantes.

«Si quieres que algo no funcione, crea una comisión»

En cuanto a las drogas prohibidas, Pensamiento Penal resalta la «vasta experiencia» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la creación de comisiones en tanto obsoletas, entre ellas la «Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición”, creada por un convenio celebrado entre la CSJN y el SEDRONAR, en el marco del artículo 39 y sus modificatorias, una de las cuales establece que «Se procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito”. La Asociación sostiene que «este documento, junto con normas análogas, implicó la resignación gratuita a favor de la CSJN, por parte del Poder Ejecutivo Nacional a través de SEDRONAR, del 50 por ciento de los bienes que la Ley 23737 le asigna a la Secretaría» y remarca que «en la actualidad ello se viene desarrollando desde hace veintidós años, causando un grave dispendio de los recursos asignados por ley a este organismo», además de criticar que «pese a haber establecido normas de colaboración e información entre las instituciones, la CSJN ha incumplido sucesivamente las mismas, arrogándose la facultad plena de administración y disposición de los bienes secuestrados al narcotráfico». A su vez, señala que la CSJN «nunca ha hecho conocer a la Comisión Mixta los bienes secuestrados sobre los que aún no ha recaído sentencia condenatoria, incumpliendo lo signado por sus representantes en el mencionado Convenio». En este ámbito, afirma que en función de la Acordada 55 de 1992, la cual resolvió afectar a su uso rodados secuestrados en causas penales, «la CSJN se adjudicó ciento dos vehículos secuestrados en causas por infracción a la Ley de Estupefacientes, alterando así el destino que conforme ley debe brindarse a tales bienes» y que «en varios depósitos judiciales, son numerosos los vehículos que habiendo sido identificados como ‘a disposición de la CSJN’, permanecen a la intemperie y en desuso al no ser retirados por la misma, sufriendo el consecuente deterioro y depreciación por falta de mantenimiento». Esta información puede encontrarse fácilmente en el sitio web de la CSJN, donde se encuentran publicadas las afectaciones provisorias de un centenar de vehículos, dictadas en función de dicha Acordada por infringir la Ley 23737. Muchos de los vehículos son considerados de alta gama, entre ellos una camioneta Jeep Chrysler Grand Cherokee, una Toyota Hilux, un Volkswagen Passat, una Range Rover Vogue Supercharged y una Nissan Frontier, entre la gran cantidad de rodados secuestrados. En dicho contexto, el documento sostiene la actual situación «demuestra que la importancia no se centra en la creación simbólica y publicitada de una ‘Comisión de lucha contra el narcotráfico’, ni en los discursos públicos que suelen darse sobre el tema en cada inauguración del año judicial, sino en el pleno respeto y observancia del espíritu de la ley vigente, observando críticamente los resultados arrojados de las comisiones existentes de las cuales la CSJN es parte».


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