A pesar del pedido de la defensa, permanecerá en el COSE el menor acusado de asesinato

El menor acusado del asesinato de Brandon Méndez ocurrido el pasado 15 de noviembre de 2013 en Trelew permanecerá detenido en el COSE, así lo dictaminaron los jueces César Zaratiegui y Marcelo Nieto Di Biase en la audiencia de revisión llevada adelante en los tribunales de esa ciudad.

La acusación
La fiscal general María Tolomei, en su visión de los hechos, aseguró que ese día se encontraban en una vivienda un grupo de jóvenes reunidos, cuando pasó el imputado profiriendo insultos contra uno de ellos, lo que ocasionó la reacción del susodicho, lo que habría derivado en una amenaza que se habría efectivizado al regresar a los pocos minutos con sus dos hermanos.
La Fiscalía asegura que el imputado en la segunda ocasión portaba un arma de fuego tipo fusil con cañón y culata recortados, que se puso de frente a los presentes, ladeado por sus acompañantes, uno de ellos con un cuchillo. En ese momento una joven se habría interpuesto intentando convencerlo para que depusiera su actitud, pero al mantener su estado, Méndez se incorporó en defensa de su compañera, profundizándose las amenazas, y es cuando el imputado habría disparado en la región toráxica de la víctima, provocando serias heridas a diversos órganos, que culminan con la muerte de quien tenía en ese momento 17 años.
Siempre con el relato de la fiscal, los tres hermanos se habrían retirado del sitio, pero volvieron en dos oportunidades con actitud violenta, pero en la segunda de ellas, al observar ya la presencia policial, se dieron a la fuga. El menor agresor fue perseguido y detenido en la puerta de su domicilio, lográndose secuestrar el arma. En la audiencia de control correspondiente, la jueza Ana Laura Servent determinó la medida de coerción al existir los peligros de fuga y entorpecimiento. Además, la doctora Tolomei señaló que la calificación jurídica que pesa sobre el menor es la de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en concurso ideal con portación de arma de guerra.
Por otra parte agregó que el debate recién estaba programado para el 18 de agosto, y que si bien estaba al tanto de las gestiones de la defensa, al tratarse de un menor detenido, para adelantar esa fecha, abogó por la continuidad de la prisión preventiva , por subsistir los riesgos procesales. Según el Ministerio Público Fiscal, el entorpecimiento se pueda dar en la influencia sobre numerosos testigos, en tanto que existe peligro de fuga al tenerse en cuenta las características del hecho y la expectativa de la pena, si bien el menor de 17 años debería someterse en un principio a tratamiento tutelar, pero la misma sería de efectivo cumplimiento.

Defensa
Por su parte, la defensora Romina Rowlands pidió la libertad de su defendido o el arresto domiciliario. Recalcó los derechos que lo asisten por ser menor de edad y completó ejemplificando que los dos hermanos, acusados en el mismo hecho como partícipes, tuvieron un voto de confianza por parte de los jueces, al resolver el arresto domiciliario.
El asesor Pablo Rey fue más enfático en resaltar los derechos del acusado menor de edad , presentando un informe emitido por especialistas, refiriendo a la necesidad de buscar una alternativa a la situación procesal del involucrado en la causa. Explicó que mas allá de reconocer la gravedad del suceso y tratarse de un homicidio, se deben fortalecer los aspectos atinentes a los derechos humanos, y dentro de ellos, lo concerniente a la niñez y adolescencia.
Como medidas concretas sugirió la posibilidad que su asesorado asista a talleres impuestos por el programa de libertad asistida, pidiendo también su asistencia tres veces por semana a una escuela de la zona y exigiendo el abordaje sicológico específico para su problemática.

El voto de dos jueces
El juez César Zaratiegui manifestó que si bien comprendía las demoras hasta el juicio, estimó que desde el momento del hecho hasta la fecha fijada transcurrirán nueve meses, siendo que la fiscalía actuó con celeridad presentando la acusación cuando se cumplían algo más de dos meses de investigación.
Y que si bien se trata de un menor de edad, la gravedad de los sucesos impone pasar por un proceso de medida socio educativa, y mencionó un antecedente de caso similar, donde la pena impuesta terminó con un cumplimiento efectivo de la misma, considerando que se da el peligro de fuga. Estimó además la existencia del riesgo de entorpecimiento, pudiendo interferir en la voluntad de testigos, mas a partir de la violencia demostrada, lo que puede reiterarse.
Por otro lado, indicó que la educación se ve garantizada con la escuela existente dentro del Cose, al igual que ciertas actividades previstas en libertad asistida, mientras el abordaje sicológico puede hacerse en la medida que se vayan informando los pasos que deben seguirse sobre el particular. Por lo tanto, Zaratiegui votó por la persistencia de la prisión preventiva o detención especial por su carácter de menor.
De la misma manera, el juez Marcelo Nieto Di Biase consideró conveniente la permanencia del menor en el Cose mientras espera el juicio oral. Más allá de argumentar sobre los riesgos procesales que se ciernen en este caso, expuso lo informado por la oficina judicial en relación a la imposibilidad de contar con jueces de otras jurisdicciones, para intentar un adelantamiento del debate, justificando la fecha programada hasta el momento para el mes de agosto.