La UIF podría sumarse como querellante en la narco-causa si el Juez Sastre reporta el caso
Si el juez Federal Hugo Sastre finalmente cursa el pedido del Fiscal Fernando Gélvez y da intervención a la UIF, podría acelerar notablemente el esclarecimiento de la causa “Langostino Santo” donde se investiga una operación de narcotráfico en Chubut por 115 kilos de cocaína. ¿Porqué no lo hizo hasta ahora? No se sabe exactamente, más allá de las complicaciones de procedimientos y las licencias en las que fue entrando él, y los demás jueces que estuvieron a cargo.
Todos de vacaciones
Pese a la magnitud del hecho, el magistrado titular del Juzgado Federal Nº3 de Rawson, no logró posponer sus vacaciones, lo que significó que una serie de profesionales debieran hacerse cargo del organismo pero por supuesto sin grandes avances en el hecho, hasta tanto volviera su titular. Esto les dio “una ventaja” a los involucrados en la causa por narcotráfico de unos dos meses.
Cabe recordar que el reemplazo original del juez Hugo Sastre, era Rosa González, la subsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia. La funcionaria integraba esa lista de conjueces y había salido sorteada para reemplazar al magistrado aceptando tal cargo el pasado 22 de noviembre, pero de manera intempestiva a último momento declinó. Posiblemente el estrecho vínculo político con el gobernador Martín Buzzi, referente y militante de la agrupación la Mosconi, hizo que la jueza desistiera de ocupar un rol que pudiera sembrar cualquier tipo de sospecha sobre el manejo de la causa.
Sastre entonces a un día de ponerse las ojotas y la bermuda, debió volver al Juzgado en busca desesperadamente de un nuevo reemplazante. Sucede que en la lista de 21 conjueces correspondientes a esa Cámara Federal y que en mayo fue aprobada por el Senado de la Nación, todos los abogados que la integran son de Comodoro o santacruceños, lo que complica encontrar, por la distancia, un subrogante para el Juzgado Federal de Rawson que quiera pasar el verano recorriendo la solitaria peatonal capitalina o surfeando en Unión.
Fue así que Sastre logró que el conjuez comodorense Miguel Donnet lo bancara y lo reemplazara de fines de diciembre hasta el 23 de enero de 2014, ya que tenía programado un viaje.
Así las cosas, las autoridades de la Cámara decidieron hacer una excepción ya que no reviste la condición de conjuez, y desde el 24 de enero y hasta el 31 de enero el secretario penal del Juzgado Federal de Rawson, Mariano Miquelarena, tomó la posta de Donnet y subrogó al juez Hugo Sastre, quien se reincorporaría el 3 de febrero.
O sea, en esos 53 días desde el ´no´ de Rosita a la fecha, el tema en el Federal es que por lo menos haya alguien en la oficina. Condición en la que se entiende entonces que no avanzara la causa por narcotráfico.
Podrían apurar el tranco
El tema es ahora ver como se recupera algo del tiempo vacacional para que en definitiva no se pierdan pruebas que permitan esclarecer el grave delito por narcotráfico que conmocionó a Chubut. Según los entendidos, si Sastre dispone la intervención de la UIF, mucho y rápido se podría avanzar.
De hecho, la Unidad de Información Financiera podría sumarse de inmediato como querellante. Lo hizo recientemente en un caso bastante menor y de buena gana al solicitarle al Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza a cargo del juez Walter Bento, la tenga por parte querellante en una causa donde se investiga el lavado de activos proveniente del narcotráfico de drogas (causa Nº 58.665-B “Fiscal s/Av. Inf. Art. 303 C.P). Además solicitó la inhibición, el embargo y el decomiso de los bienes de los involucrados.
La causa donde se metió la UIF, a diferencia de esta donde hay kilos y pruebas de sobra, se inició a partir de una serie de denuncias anónimas en las que se acusaba a Severiano Antonio Vara Moyano de dedicarse al tráfico de estupefacientes, en vinculación con “Araya” y “Pocholo” Giraldes, Omar “Oso” Argumedo, Guillermo “Guachin”, “Los Riverito” de Maipú, Beto Alonso y Ramón Vara.
En abril de 2013 se procedió a un allanamiento en la casa de Vara Moyano donde si bien no se encontraron sustancias estupefacientes, sí se hallaron grandes montos de dinero. A raíz de otras denuncias también se pudo detectar un cargamento de 693 kg. de marihuana que partía desde Mendoza hacia Chile y otro cargamento de 2000 kg. proveniente de Formosa con destino a la provincia de Mendoza y a Chile.
Los informes aportados a la causa por la Unidad de Información Financiera, en función del pedido de colaboración solicitado por el Ministerio Público Fiscal, permitieron revelar una notoria inconsistencia entre el perfil patrimonial y la actividad formal registrada por los imputados, así como los diferentes roles que ocupan las mismas personas en calidad de miembros, socios y accionistas de diversas sociedades vinculadas a éstos.
La posibilidad de ser querellante en la causa implica para la UIF una mayor participación en la investigación, permitiéndole sugerir medidas y seguir el caso hasta el eventual dictado de condenas. Entre las medidas ahora requeridas al juez Bento, se encuentra el congelamiento de cuentas, el embargo preventivo de bienes y su posterior decomiso, a fin de evitar se continúe con la comisión del delito de lavado de activos.
De verificarse la responsabilidad de los imputados sobre los hechos, los integrantes de la organización podrían ser multados de dos a diez veces por el monto de la operación y penados con tres a diez años de prisión -artículo 303 del Código Penal.
Cambio clave de normativa
Entre otras cosas, expertos advierten además sobre las consecuencias y responsabilidades que podrían caberles a quienes operan con dinero sospechoso o que a posteriori se compruebe resultó de lavado de operaciones vinculadas a las drogas.
De hecho, este mes la UIF, mediante la Resolución Nº 3/14, realizó modificaciones en los plazos exigidos para los Reportes de Operación Sospechosa (ROS). A partir de febrero de 2014 los ´Sujetos Obligados´ que operen con otros ´Sujetos Obligados´, deberán exigir la constancia de registración ante la UIF para continuar operando. Además se modificó el límite sobre quienes deberán informar los Profesionales Matriculados por Consejos de Ciencias Económicas.
Esta modificación en el Sistema de Prevención Antilavado cambia drásticamente los plazos exigidos a los sujetos obligados para reportar una operación sospechosa. A partir de ahora, tendrán, a partir de la calificación de una operación como sospechosa, un plazo de 30 días corridos para emitir el ROS, teniendo como plazo máximo establecido para la realización del reporte 150 días. Si bien quedan exceptuados de este régimen, el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto de Asociativismo y Economía Social, están obligados muchos más. Por ejemplo Bancos, Financieras, Tarjetas, Casas de cambio, juegos de Azar, Mutuales, Cooperativas. Inmobiliarias, Compraventa de Autos, Registro de
Automotores, Registro de Embarcaciones, Aseguradoras, Giros Postales, Personas Jurídicas que reciban donaciones de más de 50 mil pesos, etc.
¿Siguen haciendo negocios?
La pregunta del millón que deberá seguramente hacerse Sastre y que tal vez pueda responder luego la UIF, es si en el caso de Omar “Cura” Segundo, Nicolás Seoane y Alejandro Pennisi, tres de los imputados en la causa “Langostino Santo” con domicilio en la zona, ¿cuántos de los “Sujetos Obligados” han reportado operaciones de estas personas? Porque es evidente que en los ocho meses que lleva la causa, los mencionados han seguido realizando todo tipo de operaciones. En el caso de Segundo, manejó y maneja cuentas de varias entidades financieras, incluso en las que figuraba en el Banco Central con cheques rechazados. ¿Habrán cumplido estos bancos con los reportes ROS que exige la Ley? De hecho, ha habido entidades como el Macro, que se ´comió´ recientemente una multa en otra provincia, por más de medio millón, por faltar a este requisito.
Del mismo modo los imputados habrían realizado diversas operaciones inmobiliarias aunque no se sabe cabalmente si a su nombre. Ocupan domicilios en los hechos que no solían ser los declarados, se mueven en autos de alta gama adquiridos en operación de compraventa, pagarían algunos servicios con tarjetas de crédito, se mueven en embarcaciones náuticas y hasta juegan en efectivo en un populoso Casino de Madryn, donde testigos asombrados han visto correr en cada mano más de diez mil pesos por bola. Más allá de la siempre exagerada ´leyenda urbana´ generada a la sombra de lo que se podría convertir en impunidad definitiva, y del receso vacacional de la Justicia, no estaría mal comenzar a investigar cada uno de estos indicios.
La recomendación de los entendidos es que se cumpla ágilmente con el ROS en torno a la gente que nos compete, y que como dice la UIF, “antes de entablar una relación comercial con otro Sujeto Obligado -o para mantenerla- deberá solicitarle una constancia de inscripción ante la UIF y una declaración jurada dando cuenta de su cumplimiento de la normativa antilavado. La obligación de presentación de esta constancia entrará en vigencia a partir de marzo de 2014, la cual podrá ser obtenida fácilmente a través del sitio web de la UIF”.
Por último la norma que no hay que perder de vista, modifica el monto a partir del cual serán considerados como ´Sujetos Obligados´ los Profesionales Matriculados por Consejos de Ciencias Económicas dedicados a la auditoría de estados contables o sindicatura societaria. O sea, serán considerados Sujetos Obligados quienes realicen este tipo de actividades sobre activos superiores a los 10 millones de pesos. ¿Los profesionales que certificaron la venta de Alpesca o de Poseidón por ejemplo, habrán informado correctamente?
¿Y el Estado?
Entre otras cosas no se entiende bien como el Banco del Chubut que sostiene las cuentas sueldos de los empleados de la vendida truchamente Alpesca, sigue manteniéndole la cuenta. ¿Habrá presentado el ROS el Banco del Chubut? De hecho, la UIF dispone que están obligados de informar sobre aquellas personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros superiores a los 50 mil pesos. Alpesca no sólo ha recibido del Estado más de 20 millones en subsidios mensualizados, también recibió un aporte que no habría terminado de devolver por más de 8 millones de pesos de manos de CORFO.
Además, el último informe del Banco Central de la República Argentina seguiría exponiendo movimientos de cuentas y rechazos numerosos por montos importantísimos al 4 de febrero de 2014. Todo un tema…
Casos testigos
Si las entidades financieras públicas y privadas no informan sobre los movimientos de dineros de los imputados en la causa “Langostino Blanco” o de empresas con las que se vinculan, podrían caberles graves multas y sanciones. De hecho, la Unidad de Información Financiera ya dispuso dos sanciones contra el Banco Macro y una contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires por graves incumplimientos en el deber de debida diligencia y monitoreo de operaciones sospechosas de Lavado de Activos. En el caso del banco Macro, una de las sanciones alcanza a los directivos de la entidad.
Y los casos no son históricos, son incluso de este año. El 9 de enero de 2014, la UIF emitió tres sanciones. Por Resolución UIF N° 4/2014 dispuso la aplicación de una multa de 538.161 pesos al Banco Macro. La instrucción sumarial había sido ordenada en el año 2011 por el actual presidente de la UIF, José Sbattella, luego de que una investigación conducida por el organismo advirtiera la realización de una serie de operaciones realizadas por una clienta del Banco Macro cuyo perfil patrimonial no permitía justificar el volumen y la periodicidad de las mismas.
Por otra parte, a través de la Resolución UIF N° 6/2014, la Unidad antilavado decidió la sanción del Banco Macro, el Directorio y tres Oficiales de Cumplimiento, por su responsabilidad en la falta de control y monitoreo de otras operaciones. En este caso, la multa fijada a cada uno de ellos fue de 842.855 pesos, suma equivalente al monto de las operaciones no reportadas.
Por último por Resolución UIF N° 5/2014 sancionó al Banco de la Provincia de Buenos Aires y al Oficial de Cumplimiento responsable con una multa de 320.234 mil pesos por haber incumplido con su deber de reportar las operaciones sospechosas de Lavado de Activos entre marzo y agosto de 2009.
