STJ confirmó condena en el caso de Torres Otarola
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió rechazar los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas en la causa seguida contra Cecilia Torres Otarola y otros imputados, y confirmó la sentencia N° 78/2025 dictada por la Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Trelew el 12 de junio de 2025.
La investigación y el juicio estuvieron a cargo del fiscal general Omar Rodríguez, hoy titular de la Fiscalía de Trelew.
El fallo lleva la firma de por los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Javier Gastón Raidan —quien presidió el acuerdo—, Camila Lucía Banfi Saavedra y Mario Luis Vivas, junto con el juez de Cámara Martín Roberto Montenovo. La resolución corresponde al Expediente N° 101183 / Carpeta Judicial N° 7308 de la Oficina Judicial de Rawson.
Las impugnaciones extraordinarias habían sido presentadas por la Dra. Florencia Ana Aida Barba, defensora particular de Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, y por el Dr. Romano Cominetti, defensor particular de Cecilia Torres Otarola. El tribunal las declaró improcedentes con costas.
Los hechos
La causa, conocida como «Ñoquis Calientes», investigó a Torres Otarola —ex ministra de Desarrollo Humano y Familia de la provincia— por dos tipos de conductas delictivas cometidas durante su desempeño como diputada provincial y luego como funcionaria.
En primer término, siendo diputada, exigió a sus asesores legislativos la entrega de aproximadamente el 50% de sus sueldos. Los fondos eran canalizados a través de Silvana Cañumil y transferidos a cuentas de Torres Otarola. El STJ confirmó que esa conducta quedó encuadrada en el delito de concusión (art. 266 del CP), por cuanto la solicitud fue abusiva y unilateral, derivada del cargo que ocupaba.
En segundo término, durante su gestión como ministra, designó a Mara Lorena Rodera como Directora General y a Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles como directores, todos con domicilio en Buenos Aires, pese a que ninguno cumplió funciones desde el primer día. El STJ confirmó que esas designaciones constituyeron fraude a la administración pública, ya que se invocó idoneidad ficticia para incorporar al sistema de haberes provincial a personas que no realizarían tarea alguna.
La pena impuesta a Torres Otarola por la Cámara, dos años y ocho meses de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública y costas, quedó firme. Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles mantienen la condena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Finalmente, la sentencia N° 78/2025 de la Cámara en lo Penal de Trelew quedó firme tras el rechazo de los recursos de las defensas por el Superior Tribunal de Justicia.
