Susana Cereijo pone en jaque al turismo cerrando accesos en Península Valdés
El reciente cierre del acceso a los miradores de la pingüinera y Boca de la Caleta en Península Valdés, pone en jaque a la actividad turística. Susana Cereijo, apoderada de la familia Ferro, deberá responder ante la Justcia, por la acción arbitraria de bloquear los accesos.
Boca de la Caleta y la pingüinera son dos atractivos que se incluyen en las excursiones a Península de Valdés desde hace años, atrayendo el interés de turistas que llegan de todo el mundo para conocer ese lugar único.
Según revelaron desde la Administración de Península Valdés (APV), desde hace meses se encuentran en negociaciones con Susana Cereijo, quien habría realizado una serie de demandas acerca del mantenimiento y control sobre los caminos que se utilizan para llegar hasta los miradores, puesto que se trata de un campo que pertenece a la familia Ferro, a la que ella representa.
Sin embargo, a pesar de que las autoridades del Ministerio de Turismo y la APV, accedieron a los requerimientos que consideraron razonables, ahora Cereijo, arbitrariamente decidió cerrar los accesos exigiendo una suerte de «peaje» millonario para que los prestadores turísticos y visitantes pueden ingresar.
Por estas horas, tanto la APV, como los prestadores turísticos anticipan que acudirán a la Justicia para resolver el conflicto, dada la intransigencia de Cereijo.
«Tuvo reuniones con nosotros, con el Ministerio, volvió a tener reuniones con nosotros y venimos con negociaciones ya de larga data, donde siempre vimos una postura muy intransigente», expresó Santiago Arnoldi de la APV sobre los planteos de Cereijo.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo por las vías de la negociación, desde la APV advierten que se verán en la necesidad de acudir a las Justicia.
En similares términos se han expresado representantes de los prestadores de servicios al turista, quienes presentarán una medida cautelar en la Justicia para que la familia Ferro libere los accesos.
«Actuaron con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, y se dan todas las condiciones para plantear un amparo para que la Justicia nos garantice a todos los ciudadanos acceder a ese lugar», expresó el abogado Daniel Gómez Lozano, al remarcar que la zona es de uso público, libre y gratuito.
