El oficialismo logró blindar el veto al aumento en jubilaciones
El oficialismo en la Cámara baja volvió a blindar el veto al proyecto de ley de aumento a las jubilaciones. La votación resultó con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones. Al haber 249 legisladores presentes, la mayoría especial requería 166 avales y la oposición se quedó a 6 votos de ratificar la insistencia.
A diferencia de lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2024, Independencia y el bloque Producción y Trabajo votaron junto a la oposición a favor de la insistencia del incremento previsional. Sin embargo, La Libertad Avanza logró mantener a los “radicales peluca” y al Pro. Por otro lado, los cuatro misioneros de Innovación Federal se abstuvieron.
María Eugenia Vidal, repitió la abstención tal como lo hizo en la votación de insistencia con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Del mismo modo, la diputada entrerriana Marcela Antola, ausente a la hora de aprobar el tratamiento sobre tablas, también se abstuvo.
Al filo del cierre de oradores, Rodrigo de Loredo, presidente del bloque radical, pidió votar artículo por artículo y así, buscar avanzar con la insistencia parcial del contenido de la ley vetada por Javier Milei. Sin embargo, Juan Manuel López, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal y Miguel Pichetto rechazaron explícitamente la moción.
A continuación, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció que los diputados nacionales que responden a gobernaciones, sufrieron «aprietes» para cambiar su voto. De inmediato, el santacruceño José Luis Garrido le respondió que “tenemos la responsabilidad de votar con nuestro propio criterio, estamos en otra etapa y la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros”.
El texto, que había sido aprobado en Diputados oportunamente con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones preveía un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.
Además, se incorporaba por ley la fórmula de movilidad que el Poder Ejecutivo instauró a través del DNU 274/24. Y se preveía un capítulo referido al financiamiento que incluye medidas como la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas; la eliminación de la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca; el ahorro generado por la quita de sobrecargos a los intereses que se logró con el FMI y un redireccionamiento de las partidas destinadas a la SIDE, entre otras. Esto se había tomado de la iniciativa de Encuentro Federal.
