Después de las polémicas audiencias por los Glaciares, ¿cómo sigue la reforma?

Las Audiencias Públicas convocadas por la Cámara de diputados por la modificación de Ley de Glaciares sigue generando polémica, según denunciaron desde distintos sectores, de los más de 100 mil inscriptos sólo pudieron participar 400 personas en total entre ambas instancias, presencial y virtual. Más allá que algunas de las claves fueron los argumentos a favor de la defensa del agua, las restricciones en el tiempo, los expositores que no estaban en la lista y las fallas técnicas.
De hecho, el miércoles 25, quedaron fuera de la sala cientos de personas que afirmaban haber recibido el correo de confirmación, sin embargo, no pudieron ingresar por no estar en la lista.
Ahora, el oficialismo analiza los pasos a seguir; según anunciaron desde LLA, convocarán a una reunión entre gobernadores de las provincias mineras (las llamadas “Mesa del Cobre y del Litio”), funcionarios del Poder Ejecutivo e integrantes del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para luego firmar los dictámenes y enviarlos al recinto de Diputados. Buscan acelerar el proceso y que la votación en la cámara baja se realice el miércoles 8 de abril.

Qué manifestaron las voces de la ciencia argentina

Por amplia mayoría, las intervenciones de los expertos plantearon advertencias sobre la protección de los glaciares, el rol clave de la evidencia científica y el acceso al agua. Se presentaron, además, integrantes de la sociedad civil, representantes de ONGs e investigadores del sistema científico nacional.
Una de las palabras más esperadas fue la de Pablo Villagra, director del IANIGLA, ente a cargo del Inventario Nacional de Glaciares que se utilizó como base científica para redactar la ley vigente. Para Villagra, “la Ley aprobada en Senadores no representa una mejora porque deja áreas con hielo sin proteger, no elimina ambigüedades planteadas, sino que genera nuevas”.
Asimismo, el experto aseguró, en su exposición virtual, que la reforma “desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”.
En esta misma línea, Marta Olinda Maffei, ex diputada Nacional de la Coalición Cívica y coautora de la ley vigente, apuntó: “Lean el último informe de las Naciones Unidas, de enero de este año: bancarrota hídrica en el mundo, porque el 75 por ciento de la población mundial vive en espacios donde escasea el agua, donde es insuficiente o está contaminada”.
Por su parte, el investigador del CONICET y doctor en Ciencias Naturales, Adonis Giorgi, resaltó la importancia de las evaluaciones de impacto ambiental a cargo de especialistas de la ciencia y mayor control sobre las actividades mineras. “Tenemos registro de contaminación en ríos y peces muertos por derrames. Estamos hablando de un recurso estratégico y no renovable, en un mundo que se está quedando sin agua, donde los glaciares están en retroceso. No podemos vivir sin ella”.

Acceso al agua como un derecho humano universal

La audiencia pública presencial contó con una presentación destacada, con la palabra de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y defensor de los derechos humanos en Latinoamérica y el mundo. “El agua no es una mercancía, es un derecho, y ese derecho se le quiere quitar al pueblo. Les pido que no miren los números ni intereses que privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Debemos preservar el agua de un país”, sentenció.
Adolfo Pérez Esquivel se manifestó en defensa del acceso al agua.

Qué pasa con el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú

“Cualquier modificación que se haga a la ley, posible como en cualquier otra norma, no puede retroceder respecto a la protección. No debiera desprotegerse lo que ya está protegido”, aseguró Gabriela González Trilla, investigadora del CONICET en diálogo con Radio Universidad en el marco del debate.
Para la experta, que no participó como oradora en las audiencias, si bien todo debate parlamentario es lícito, hay una jurisprudencia firme: el principio de no regresión ambiental. Es decir, se puede aumentar la protección, pero no retroceder. “Esta Ley no impide las inversiones, muchas ya están establecidas en la medida que no avancen por encima de los elementos inventariados”, afirmó la especialista, con sede de trabajo en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (IIIA – UNSAM).
Además, González Trilla destacó el compromiso social y la participación ciudadana en temáticas ambientales: “La gran convocatoria demuestra que es un tema de interés para la sociedad. La Ley de Glaciares es un emblema del ambientalismo, una política pública en materia de protección ambiental que toca un tema que es muy sensible, nada más ni nada menos que el acceso al agua». (Fuente: Agencia CTyS-UNLaM)