Dos proyectos en tratamiento para la privatización de Aerolíneas Argentinas
Con la presencia de invitados, comienza el tratamiento de la privatización de Aerolíneas Argentinas en las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda. Dos son los proyectos en debate.
El primero es impulsado desde el Pro, y fue presentado por Hernán Lombardi el 9 de septiembre pasado, declarando “sujeta a privatización a la empresa Aerolíneas Argentinas SA”.
Es muy sencillo, apenas tres artículos tiene, uno de forma. El primero, declara a la empresa “sujeta a privatización” en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado”. El segundo, autoriza al Poder Ejecutivo a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el artículo 1°.
Los fundamentos son obviamente más extensos y tras resaltar la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo económico de las regiones, el crecimiento del país y la promoción del turismo nacional, se mete de lleno en el déficit que genera AA en las arcas del Estado. “Solo en el año 2023, la aerolínea reportó pérdidas cercanas a 200 millones de dólares”, detalla el texto, que refleja que “desde su reestatización, los aportes del Estado para cubrir el déficit es superior a los 8 mil millones de dólares”, al tiempo que “16 años más tarde, el Estado argentino adeuda el pago de más de 340 millones de dólares” correspondiente a la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial, a causa del litigio iniciado por el grupo Marsans por el pago incorrecto correspondiente a la expropiación.
Según datos aportados por el anterior jefe de Gabinete, Nicolás Posse, durante su paso por el Senado, la empresa cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de línea para 81 aviones activos; es decir casi 15 pilotos por cada avión operativo.
Luego el proyecto alerta sobre el “privilegio para pocos” que representa volar por el elevado costo de los pasajes y reivindica a las “Low Cost” por haberle brindado a miles de argentinos “la oportunidad de transportarse de manera rápida y a un costo reducido en comparación con otras empresas y medios de transporte”. Señala en ese sentido Lombardi que “Aerolíneas Argentinas nunca ha podido igualar estos bajos precios, lo que ha contribuido a su creciente falta de competitividad en el mercado”. Y basándose en datos de la Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas dependiente de la ANAC, se advierte que Aerolíneas no es la aerolínea de preferencia para viajes de cabotaje quedando por debajo de Flybondi, JetSMART y otras aerolíneas.
Luego alerta el proyecto sobre casos de corrupción y el supuesto uso de la empresa como “un nicho para acomodar militancia partidaria”, como así también “la extorsión por parte de algunos sindicatos”, todo lo cual “nos han costado millones de dólares a todos los argentinos”.
El texto concluye asegurando que la privatización de AA permitirá que esa empresa “opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos”.
Acompañan con sus firmas los diputados del Pro Martín Yeza, Sergio Capozzi, María Florencia De Sensi, María Sotolano, Karina Bachey, Sabrina Ajmechet, Verónica Razzini, Damián Arabia, Alejandro Bongiovanni, Laura Rodríguez Machado, Daiana Fernández Molero, Martín Ardohain, Silvana Giudici, Germana Figueroa Casas, Patricia Vásquez, José Nuñez, Gabriel Chumpitaz, Alejandra Finocchiaro y Marilú Quiroz.
El proyecto de la CC
El otro proyecto es del viernes pasado, 20 de septiembre, y fue presentado por Juan Manuel López, a quienes acompañan los diputados de la CC Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli.
También tiene solo tres artículos, el segundo de los cuales difiere ligeramente del otro, precisando que al privatizar la firma se contemplen la Ley 23.696 y sus modificatorias, “debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen de dicha norma y las establecidas por los artículos 11 a 14 de la Ley 27.742”.
La fundamentación de este proyecto es más amplia y recuerda la posición original de ese espacio sostenida durante la discusión de la Ley Bases, cuando en el dictamen de minoría que presentó la CC propusieron la privatización de 37 empresas, Aerolíneas incluida. Desde la Coalición Cívica no solo sostienen la necesidad de avanzar en las privatizaciones, “debido al perjuicio que el sostenimiento de las empresas en manos del Estado genera en las finanzas públicas, los marcos regulatorios y la competencia, sino que también hemos propuesto que tanto las empresas que serán privatizadas -hasta que se concrete dicha privatización- como aquellas que, por su carácter estratégico, se mantengan en manos del Estado, deben ser gestionadas con criterios de buen gobierno y eficiencia, tal como sucede en las empresas privadas”.
Recuerda el texto que a lo largo del siglo XX, “el Estado argentino creó empresas para la provisión de bienes y servicios con motivaciones de carácter económico, político y/o social. Sin embargo, gran parte de las razones que dieron origen a su creación han perdido vigencia. Además, en los últimos veinte años, la mayoría de las empresas estatales ha mostrado ineficiencias que requirieron ser compensadas mediante transferencias del Tesoro Nacional, financiadas con recursos de los contribuyentes. Según la Oficina Nacional de Presupuesto, en 2023 sólo siete de las 33 empresas estatales presentaron resultados operativos positivos, mientras que únicamente cuatro no recibieron transferencias del Tesoro”.
Cuantifican esas transferencias en $2.290.052 millones, para el año 2023, lo que representa el 42% del déficit fiscal primario. “Esta semejante cantidad de recursos demandados por las empresas públicas no solo condiciona la sostenibilidad de las cuentas públicas sino que resulta particularmente inviable en el actual contexto de restricciones presupuestarias”.
“Es por estos motivos que corresponde avanzar hacia un Estado inteligente y moderno, que dé lugar a la provisión de bienes y servicios de calidad al menor costo posible”, agrega López, que recuerda la intención de corregir esos desequilibrios en el período 2015-2019, pero reconoce que tras el ahorro inicial, al finalizar 2023 las transferencias para subsanar el déficit operativo volvieron a aumentar hasta llegar a representar el 1,2% del PIB.
“Habiendo aprendido de esta experiencia es que el Congreso debe avanzar con medidas más profundas que resuelvan la cuestión de las empresas públicas de manera definitiva”, enfatiza el texto.
Con relación a la situación particular de Aerolíneas Argentinas, se hace hincapié a lo informado por la Oficina Nacional de Presupuesto, según la cual “la empresa lleva registrado hasta el primer semestre del año 2024 un déficit operativo de $264.586 millones, sólo un 3% por debajo del déficit operativo informado para este mismo período durante el año 2023. Esto muestra que, a pesar del cambio de gestión, los esfuerzos por disminuir sus resultados negativos son todavía insuficientes”.
En cuanto a las transferencias del Tesoro recibidas por la empresa hasta el primer semestre de 2024, se informa que obtuvo $58.732 millones, un 30% menos que lo recibido durante el mismo período de 2023. El proyecto reconoce que “si bien estos números dan cuenta de una disminución de la necesidad del apoyo económico del Estado, se informa en el mismo reporte un incremento del endeudamiento por $374.453 millones para atender el déficit persistente mencionado con anterioridad. Vale señalar que este endeudamiento, en un contexto de resultados operativos negativos ubica a la empresa en riesgo de insolvencia pudiendo generar mayores perjuicios a sus trabajadores, proveedores, acreedores en general y al Estado Nacional mismo”.
Por su parte, si se analiza la posición de la compañía en cuanto a las transferencias informadas en el proyecto de ley de Presupuesto 2025, la aerolínea estatal recibiría $73.300 millones, lo que equivaldría a un 51% menos que en 2024 (proyectado anual) en términos reales. Es decir, seguiría recibiendo asistencia del Tesoro. “Esto nuevamente pone en evidencia que los esfuerzos para sanear el déficit de Aerolíneas Argentinas no resultan suficientes para que la misma deje de demandar recursos de los contribuyentes y logre saneamiento económico y financiero”, expresa el proyecto, que concluye solicitando “avanzar hacia la privatización total de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de poner fin a las constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal, mejorar la calidad de los servicios provistos a los pasajeros aéreos y asegurar un marco regulatorio que promueva el desarrollo del mercado aerocomercial y asegure la competencia en igualdad de condiciones”.