El Régimen Penal Juvenil exige debate integral y complejo

Por Eugenia Alianiello, diputada nacional

«Tenés 13 años: si las hacés, las pagás», tuiteó Patricia Bullrich para anunciar el envío al Congreso del proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Además de un abordaje absolutamente violento, los dichos de la ministra pretenden cerrar de forma oportunista y fragmentaria un debate que tenemos pendiente como sociedad desde la recuperación de la democracia.

Entre otras cuestiones, el proyecto de “Régimen Penal Juvenil” que elabora el gobierno propone modificaciones al código penal y la derogación de la Ley 22.278, permitiendo que adolescentes desde 13 años puedan ser juzgados y condenados.

Si bien estamos de acuerdo con la necesidad de derogar dicha ley -sancionada en la dictadura y firmada por Videla- y de atender la problemática de los jóvenes que hayan incurrido en conductas infractoras a la ley penal, consideramos que si la punibilidad es desde los 13, 14 o 16 años no es ni siquiera uno de los puntos a discutir. Bajar la edad de imputabilidad no resuelve los complejos problemas de fondo, que sí deben ser adecuadamente atendidos por el Estado.

En este sentido, cabe preguntarnos ¿en cuántas ocasiones estuvo ausente el Estado previo a que un niño, niña o adolescente llegue a cometer un delito? ¿Qué no se hizo en toda su trayectoria de vida para que su primer contacto con el Estado sea a través de la justicia penal? Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde la prevención y la integración antes de llegar a esa instancia.

Por su parte, la edad de punibilidad es un derecho de las infancias y adolescencias que posibilita el acceso a un sistema de protección previsto en los instrumentos de derechos humanos y del niño. La normativa internacional plantea siempre un principio de progresividad y no regresividad en el tratamiento de estas problemáticas.

Por eso, ante este propuesta falaz y abrupta del gobierno, creemos que el régimen penal juvenil merece una discusión seria con todos los sectores involucrados, para que deje de ser un planteo que se repite cíclicamente de acuerdo a los tiempos políticos y logremos, de una vez por todas, un equilibrio justo entre severidad, justicia e inclusión.

No obstante, en el proyecto de nuestra autoría que presentamos en Diputados en 2022 y volvimos a presentar a principios de este año, remarcamos que esta discusión debe implicar necesariamente un fortalecimiento del sistema de protección integral y del servicio de protección de derechos, garantizando el funcionamiento de los organismos y las condiciones apropiadas -que hoy no existen- para trabajar en los casos de menores no punibles que hayan incurrido en conductas infractoras a la ley penal.

El sistema de protección necesita un refuerzo sobre todo de recursos, de personal especializado. No solamente tiene que haber una justicia penal juvenil formada específicamente y con jueces y magistrados que estén capacitados para trabajar con jóvenes, sino que también estos mismos recursos los necesita el Poder Ejecutivo para poder llevar adelante políticas públicas al respecto.

En definitiva, es necesaria una revisión exhaustiva de todo el sistema de protección. Las leyes provinciales y la ley nacional son de avanzada, pero requieren actualización y presupuesto. Se trata de una deuda de larga data que no responde a un gobierno en particular, sino que se ha vuelto estructural. La coyuntura obliga a pensar en profundidad con una mirada federal, integral y no limitada a penalidades.

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