El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que desembocaría en el Golfo San Matías, en Río Negro, es actualmente uno de los principales proyectos de la petrolera YPF y ya despertó críticas y alertas de conservacionistas, científicos, vecinos que habitan y trabajan, tanto en el Golfo San Matías como en el Golfo Nuevo, además de las principales organizaciones ambientalistas del país. Hasta el mismo Concejo Deliberante de Puerto Pirámides se pronunció respecto del proyecto, considerando que “tiene un alto riesgo de goteos y derrames de petróleo con consecuencias ambientales graves”, advirtiendo que podría provocar una degradación del ecosistema en la zona de influencia de la iniciativa.

Amenaza a Península

El proyecto es comenzar a exportar petróleo dentro de tres años, garantizando el ingreso de divisas, sin embargo, ambientalistas, científicos y ciudadanos alertan sobre los riesgos ecológicos y socioambientales.

Se trata de un oleoducto que tendrá casi 600 kilómetros de longitud, atravesará la meseta de la provincia de Río Negro y conectará la zona productiva de YPF en Vaca Muerta en Neuquén con Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro. E incluye la construcción de una terminal de exportación en las costas del Golfo San Matías.

El crudo que transportará el oleoducto se bombeará desde los pozos concesionados a YPF en la cuenca neuquina hasta una planta de tratamiento. Desde allí viajará a 600 kilómetros atravesando parte de Neuquén y Río Negro. Luego, el oleoducto conducirá el petróleo hasta una terminal de tanques, que se construirá en Punta Colorada. La terminal despachará el crudo hacia dos monoboyas instaladas a seis kilómetros de la costa, mar adentro. Allí amarrarán los buques tanque que vendrían a buscar el petróleo.

Los defensores del proyecto sostienen que el oleoducto garantizará la soberanía energética y el desarrollo económico nacional y local en Río Negro, en especial en la postergada localidad de Sierra Grande. Y suponen que el proyecto garantizaría el ingreso de divisas a través de la exportación de petróleo excedente de la cuenca neuquina. Sin embargo, los críticos del proyecto tienen varios reclamos: el principal es que el área donde desemboca el oleoducto y donde se construirá la terminal y centro de carga del crudo era un área protegida del desarrollo hidrocarburífero desde 1999 debido al alto valor natural, en biodiversidad del Golfo San Matías, lindero con cinco áreas naturales protegidas, incluyendo Península Valdés, Patrimonio Natural de la Humanidad. Las otras áreas clave son el Parque Nacional Islote Lobos, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.

Ariel Slipak, coordinador del área de Investigaciones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó que “el riesgo de derrame en el Golfo San Matías y el riesgo para la Península Valdés es elevadísimo y que desde lo económico se generarán pocos empleos asociados sólo a la construcción, por un plazo corto y el potencial de destrucción de empleos del turismo y la pesca es mayor”.

Un accidente o derrame en la zona afectaría directamente a esa región natural protegida, de acuerdo a los análisis realizados por ambientalistas y conservacionistas que realizaron incluso un simulacro de derrame con herramientas provista por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) de los Estados Unidos. Además, el riesgo de muerte de las ballenas aumentaría considerablemente ante el comienzo de la circulación de grandes buques petroleros en el golfo San Matías, de acuerdo con los planteos de conservacionistas, ambientalistas y empresarios del sector turístico.

“Esta biorregión (del Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas.

“La medida generaría graves impactos en la población de ballenas francas australes que utilizan el área como zona de cría y reproducción. El proyecto tendrá también impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio. Cabe resaltar que Península Valdés fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999”, informaron.

Modificaron la ley

La ley 3.308 protegía el Golfo San Matías de cualquier proyecto de hidrocarburos desde 1999. Se sancionó tras la presión social y ante las versiones de que YPF, entonces empresa privatizada, instalaría un proyecto petrolero en la zona.

La normativa prohíbe en “en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos”. Sin embargo, entre agosto y septiembre de 2022, la mayoría de los legisladores de Río Negro sancionaron una nueva ley para modificar y dejar sin efecto la norma 3.308 y permitir el transporte de hidrocarburos en el golfo. Lo hicieron a través de la sanción de la ley 5.594, que modifica el artículo 1º de la ley original prohibiendo “en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y explotación petrolífera y gasífera”, y excluyendo las tareas de transporte, posibilitando así el proyecto de YPF, ya existente para esa fecha.

Reclamo al Gobierno de Chubut

En este marco, un amplio colectivo integrado por cámaras turistas, organizaciones vecinales, conservacionistas y ambientales de Chubut presentó una acción legal ante la Justicia contra el oleoducto. Los demandantes reclaman al Estado ante la “inacción” de la provincia y solicitan que el gobernador Ignacio Torres intervenga para prevenir y evitar el posible daño que podría provocar la terminal petrolera del oleoducto.

Para el colectivo, el oleoducto y su terminal petrolera son “una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona” de Península Valdés y “a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros”, informaron en un comunicado.

La acción legal de los chubutenses fue presentada ante el juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn, a cargo de la jueza María Laura Eroles. En el escrito se sostiene que el oleoducto pone en riesgo la economía costera y la biodiversidad. El grupo de organizaciones insta a la provincia a “tomar medidas preventivas y otorgar transparencia para la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, resaltando la omisión del Estado” provincial.

“El oleoducto soterrado de (casi) 700 kilómetros y el puerto petrolero amenazan a ecosistemas costeros marinos, las actividades turísticas en el golfo San Matías y Península Valdés, la pesca artesanal de la cual dependen miles de familias y más de 150 especies marinas únicas en la región”, afirmó la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (Aadeaa) en un comunicado.

“Nos basamos en el derecho al ambiente sano para exigir información detallada, diálogos interprovinciales y medidas efectivas por parte de la provincia”, agregaron.

Las organizaciones buscan exponer “la omisión antijurídica” del Estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas frente al avance del proyecto de YPF, “exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental”.

La presentación fue realizada por la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), la Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros y la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas.

También participaron la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, firmaron la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.