La conducción nacional de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que lidera Gerardo Martínez, expresó este viernes su «profunda preocupación» respecto de «la incertidumbre provocada por las manifestaciones mediáticas del presidente electo, Javier Milei, sobre el futuro de la obra pública«, y determinó el estado de alerta de la organización gremial.

Un documento firmado por Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del presidente electo por La Libertad Avanza (LLA), ya que «arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores».

La Uocra advirtió también al sector empresario de la industria que «el actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social«.

«El actual Gobierno garantizó la ejecución de las partidas hasta fin de año para la normal continuidad de las actuales obras, por lo que no existen argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye en nada a la paz social, a la que hay que contribuir», remarcó el gremio.

La Uocra sostuvo además que la industria de la construcción es «un sector clave para el desarrollo del país, dinamizador de la actividad económica y multiplicador de empleo genuino, ya que genera más de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos».

«La obra pública es en cualquier lugar del mundo una inversión y no un gasto. En especial en la Argentina, que requiere de un planeamiento estratégico a nivel de infraestructura para contribuir al desarrollo económico en el contexto de un déficit habitacional de aproximadamente cuatro millones de viviendas», puntualizó el dirigente en el documento.

Martínez instó a «la responsabilidad y el diálogo tripartito virtuoso entre el gobierno, las empresas y los trabajadores para alcanzar consensos que posibiliten que el tema no se convierta en una hipótesis de conflicto sino en un acuerdo de política de Estado».

«El tema no debe ser una hipótesis de conflicto sino un acuerdo de política de Estado para contribuir y apuntalar el desarrollo estratégico que requiere la Argentina», concluyó.