El Tribunal Oral Federal de Neuquén juzga a los exfuncionarios judiciales Pedro Duarte y Víctor Ortiz por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 22 personas cuando se desempeñaron como juez federal y fiscal federal de Neuquén durante la última dictadura cívico-militar.

Para la audiencia de este viernes, los imputados lograron que la declaración indagatoria, se realice a la distancia, por el sistema de videocámaras.

Ambos acusados ejercerán el derecho de defensa desde Buenos Aires y la expectativa es que respondan preguntas, según se precisó

Duarte era miembro del Ejército y se había desempeñado como jefe de la sección Justicia de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén con el grado de Mayor hasta pocos días antes de ser designado a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén el 2 de agosto de 1976, cargo que ocupó hasta el 30 de septiembre de 1984. Ortiz era secretario de ese juzgado cuando fue nombrado fiscal federal el 23 de septiembre de 1976 y se mantuvo en el cargo hasta el 1 de abril de 1985.

El juicio aborda la actuación de los exfuncionarios judiciales en las denuncias y habeas corpus presentadas por las familias de personas que habían sido detenidas ilegalmente y que no fueron investigadas, garantizando la impunidad las fuerzas represivas en esos hechos.

Ambos están acusados como autores del delito de omisión de promover la persecución penal y como partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad. Duarte, además, está imputado por prevaricato, ya que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basado en información falsos.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, con su actuación, Duarte y Ortiz habrían prestado una colaboración indispensable al personal militar, de la policía local, federal y penitenciario para la comisión de delitos tales como detenciones ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas con eliminación física.

Las víctimas en su mayoría estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” de Neuquén, que funcionó en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña, y más de la mitad de ellas se encuentran desaparecidas.

Este es el octavo juicio que se realiza en la provincia por crímenes de lesa humanidad y el primero que aborda la responsabilidad de funcionarios judiciales durante el terrorismo de Estado. En los debates anteriores fueron condenados exintegrantes de las fuerzas de seguridad y armadas por crímenes contra más de un centenar de personas. (https://bobbergdesigns.com)