En el marco de las investigaciones realizadas a ambos lados de la cordillera por el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) conformado por los Ministerios Públicos de Argentina y Chile, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en ambos países para desbaratar una organización dedicada al contrabando de diferentes bienes y de estupefacientes y al lavado de activos procedentes de esas actividades ilícitas.

En Argentina, la investigación está a cargo del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, mientras que en Chile interviene su par regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Cristián Crisosto Rifo, quienes conformaron el ECI que coordinó las acciones conjuntas.

Los allanamientos realizados en Argentina totalizaron 46 y se llevaron a cabo en ocho ciudades: Río Gallegos, San Julián, Río Turbio, 28 de Noviembre, Rospentek, El Calafate, San Martín de los Andes y Bahía Blanca. Los domicilios allanados (donde se secuestraron armas) constituyen viviendas, empresas de transporte, estudios contables, estancias, mercados, comercios, galpones y depósitos.

En el marco de la causa que tramita en Río Gallegos, intervienen el fiscal Zárate junto con los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco y Laura Roteta y la auxiliar fiscal Mariela Palese; el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena; y el director general de Cooperación Regional e Internacional, Diego Solernó.

La causa aborda la investigación de una asociación ilícita dedicada al contrabando de diferentes bienes hacia la República de Chile, entre ellos neumáticos, cigarrillos, animales y estupefacientes, con una logística principalmente asentada en las ciudades de Río Turbio y 28 de noviembre, en la provincia de Santa Cruz, pero también con proyección a la capital provincial, Río Gallegos, a Puerto San Julián y El Calafate, y a Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.

En Chile
Por su parte desde el país vecino, el diario El Pingüino informó que la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas informó sobre el desbaratamiento de una banda criminal que delinquía en el tráfico de drogas, contrabando, porte y tenencia ilegal de armamento, trata de personas y lavado de activos, cuya operación se denominó «Alianza Austral».

Según compartió el prefecto Claudio Ramos Baltra, jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, este fue un trabajo horizontal, de cooperación jurídica internacional entre Argentina y Chile.

«Conforman un equipo investigativo de la Brigada Antinarcóticos Contra el Crimen Organizado de Punta Arenas, conjuntamente con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana, que dan cuenta, mediante más de un año que se investiga, la existencia de una organización criminal transnacional, que operaba en ambos países, cuyos sujetos de investigación, residían tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales», explicó.

Fueron 22 órdenes de allanamientos simultáneos que se efectuaron en Punta Arenas y Puerto Natales, lo que logró la incautación de cigarrillos, armamento, municiones y dinero en efectivo, además de la aprehensión de 17 personas en Chile y al menos seis en Argentina.

Por su parte, el prefecto inspector Paulo Contreras, jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado dijo que «en cuanto al lavado de activos, fueron dos casas de cambio que fueron, por orden de la Fiscalía, neutralizadas en su funcionamiento, y eso permitió la incautación de sobre 155 millones de pesos en efectivo (…) y sobre 250 millones de pesos de moneda argentina, convertida a valor nacional».

Según explicó, la trata de personas es una figura que, en estos momentos, «están representando los fiscales de la causa, en la audiencia de formalización. No podemos entregar mayores antecedentes, porque hay informaciones de víctimas afectas a este delito, pero sí no escapa del modus operandi tradicional que estamos observando a nivel nacional, que son personas que necesitan avecindarse en nuestro país y que son capturadas y captadas por las organizaciones para ingresarlas por pasos no controlados», agregó Contreras.