Los cuatro miembros de la Corte Suprema arrancaron el año con la intención de mostrarse activos e involucrados en los problemas de la sociedad mientras siguen atentamente el proceso de destitución que pesa sobre ellos, habilitado por el oficialismo en el Congreso.

El primer encuentro del año entre los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, celebrado el jueves pasado, apuntó a que los jueces dieran un mensaje de unidad ante los planteos de juicio político y que desde la cúspide del Poder Judicial se «dialogue» con la sociedad mediante audiencias públicas.

La posibilidad de convocar a las partes de un litigio al Palacio de Tribunales para que ofrezcan sus argumentos es un instituto que la Corte ordenó en 2007 para «elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho».

Cuando Rosatti llegó a la presidencia de la Corte en octubre de 2021 acordó con Rosenkrantz y Maqueda recuperar este procedimiento, por el cual en el foro judicial se discuten jurídicamente temas relevantes.

Así, el año pasado se debatió largamente en el Palacio de Talcahuano el uso del cannabis medicinal y el «derecho al olvido» en relación a los buscadores de Internet que, efectivamente, mostró al máximo tribunal en un lugar de «árbitro social», según definen colaboradores de los miembros del organismo.

El primer consenso de la Corte para este año fue que se repetirá esa experiencia convocando a discutir los dilemas de la salud reproductivas, vía un conflicto con embriones crio-preservados; el pedido colectivo para que cese la explotación de un yacimiento de YPF en el Parque Nacional Calilegua de Jujuy, y un conflicto de marca de la empresa de riesgo crediticio «Veraz».

Bioética, ambiente y libre competencia, temas convocantes que la Corte podrá desplegar en fechas a confirmar, reforzarán la estrategia de mostrarse cercanos a preocupaciones sociales, al menos dando espacio para el debate entre abogados y especialistas.

La otra pata a la que se apunta en el cuarto piso de Tribunales, donde tiene su sede el máximo tribunal, es que en este año judicial mejore la productividad de la Corte para moderar el retardo de justicia, sin lograr por ahora mejoras sustanciales.

Mientras que en 2021 la Corte resolvió 8358 sentencias, en 2022 firmó 8409 resoluciones, una mejora de medio centenar de causas que no cambian la percepción de que la máxima instancia es una de las más lentas de la Justicia.

En el acuerdo del jueves, después de apoyarse mutuamente por el proceso de remoción que se discutía en ese momento en la Comisión de Juicio Político de Diputados y que terminó aprobándose, los cuatro jueces resolvieron 207 expedientes, la mayor parte de ellos aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que desestima los pedidos de intervención por motivos de forma y fondo.

Pero los esfuerzos de la Corte no tendrán efecto si no se resuelve el problema de los juzgados vacantes que son una cuarta parte del total en la justicia nacional y federal y que, en algunos fueros y jurisdicciones, puede llegar a la mitad de los tribunales sin un magistrado elegido para el cargo.

Con el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura y retrotrajo su organización a los veinte miembros de 2006 con la presidencia en manos del titular de la Corte, Rosatti supuso que estando al frente del organismo que elige los jueces podría disminuir la vacancia.

Nada de eso ocurrió: por el contrario, la nueva conformación agudizó el conflicto político-ideológico en el Consejo y lo paralizó por completo cuando, una vez más, la Corte dispuso que debía ser el senador de la oposición Luis Juez el representante del Senado en la nueva etapa y no el peronista Martín Doñate.

El Senado, a través de sus mayorías y autoridades, ratificó a Doñate y Rosatti decidió no tomar juramento a los cuatro representantes de la Cámara alta, con lo cual el Consejo no podría funcionar ni aún con la mayor armonía y consenso de las fuerzas políticas.

Desde que la Corte intervino con la declaración de inconstitucionalidad, el Consejo sólo logró elevar al Poder Ejecutivo tres ternas para cubrir cargos de jueces federales en Tucumán, Santiago del Estero y Misiones.

En tanto, permanecen en el limbo los procesos para cubrir la titularidad de cuatro, de doce, juzgados federales de Comodoro Py y el concurso que busca reemplazar a los camaristas de traslado -declarados «provisorios» por la misma Corte- Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

En todos ellos el problema no es la falta de candidatos idóneos sino la disputa política que hace que lograr el voto común de dos tercios de los consejeros sea prácticamente imposible.