Este jueves, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, se reunió el plenario de comisiones para debatir sobre los diversos proyectos de ley para la protección y el uso racional de humedales, resumido como Ley de Humedales. Todo esto en el marco del permanente reclamo de las organizaciones ambientalistas que advierten sobre la necesidad de avanzar en una norma que proteja esos espacios castigados por recurrentes incendios forestales en el país.
Desafortunadamente, no hubo consenso y el debate seguirá el próximo 29 de septiembre, cuando los bloques buscarán acercar posiciones, ya que las diferencias están en torno al impacto en la producción, haciendo hincapié en dos posiciones al parecer antagónicas, la propiedad privada y la potestad de las provincias.

El debate y el cuarto intermedio

Con posiciones encontradas, tres comisiones de Diputados debatieron un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales, que cubren el 21,5% del territorio de un país que tiene el 72% de su suelo ya desertificado.
El debate fue sobre un proyecto del Frente de Todos y tres de Juntos por el Cambio. Como no hubo consenso para elaborar una sola iniciativa, los distintos bloques decidieron para a un cuarto intermedio hasta el jueves 29 de septiembre a las 10 horas, con el objetivo de dictaminar ese mismo día y sin presencia de invitados.

Las diferencias

Las principales diferencias en torno a esta ley están dadas por el impacto que la misma tendrá en sectores productivos como la agricultura, la ganadería, la minería y la explotación de hidrocarburos. Esto es porque, según el diputado de la UCR y ex ministro de Agricultura en Corrientes, Jorge Vara, el 50% de las tierras productivas del país están bañadas por humedales.
Juntos por el Cambio propuso hacer una reunión con invitados antes de dictaminar, pero el Frente de Todos y el Frente de Izquierda se opusieron. Algunos legisladores querían escuchar a entidades como la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, la Federación Agraria y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Para que salga

Por el momento hay diez proyectos que fueron presentados en el Congreso; sin embargo, desde el oficialismo presionan para que sea la misma iniciativa que se presentó en 2020 por el diputado Leonardo Grosso del Frente de Todos.
Pero los tiempos son ajustados: aun si se logra un dictamen en los próximos días, el proyecto debería meterse en el temario antes de que termine el año legislativo y obtener media sanción para que el Senado pueda tratarlo sin que pierda estado parlamentario hasta diciembre de 2023.
“Viene un poco lento el tema, pero es una cuestión que ya se fue madurando al interior de los bloques, eso debería agilizar”, explicó Enrique Estévez, diputado socialista de Santa Fe y quien impulsó la unificación de las tres comisiones.

El proyecto oficialista

La iniciativa de 46 artículos del oficialismo presentada por el diputado Leonardo Grosso define que los humedales son aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Y señala que rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.
Grosso dijo que la iniciativa no viene a prohibir nada, sino a fijar estándares para las actividades humanas. E indicó que la concepción de humedales es la que se consensuó en el 2017 en la secretaría de Ambiente durante la gestión de Mauricio Macri. A ello, Gabriela Estévez, también oficialista, dijo que la definición de humedales fue acordada dentro de la comunidad científica, dado que esta es clave para desarrollar el inventario sobre el que habrá medidas para su protección y conservación.
Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura del macrismo y diputado de la UCR, consideró “una irresponsabilidad legislativa” tratar este tema a “tontas y a locas, y a libro cerrado”. “Nos respondemos a ningún lobby. Ni a los agronegocios, ni a los mineros ni al lobby ambiental. Respondemos al mandato de nuestros representados”, dijo el dirigente formoseño y pidió negociar una integración de proyectos. Esto fue aceptado por el Frente de Todos.

Cincuenta años de espera

La idea de dictar una ley de humedales data de 1971. La Convención Relativa a los humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, se conoce en forma abreviada como Convenio de Ramsar, ciudad de Irán, situada a orillas del mar Caspio, donde la Convención sobre los Humedales se firmó el martes 2 de febrero de aquel año y que entró en vigor el 21 de diciembre de 1975.
En 2016, hubo un proyecto impulsado por el entonces senador Fernando “Pino” Solanas, con aprobación el 30 de noviembre en el Senado y bloqueo en Diputados. Grosso recordó que, tras asumir en diciembre de 2015, Macri también había planteado la necesidad de establecer una ley de humedales. Entre 2015 y 2018 se presentaron en el Congreso ocho iniciativas.
En 2020, en medio de los masivos incendios del Delta del Paraná, se presentaron 15 expedientes. Pero la de este jueves fue la primera vez de un plenario para elaborar con la presencia de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; de Presupuesto y Hacienda. Estas dos últimas están presentes porque la ley que se dicte podría implicar nuevas regulaciones para distintas actividades económicas.
“El 80% de los humedales del mundo han sido destruidos. De lo que quedaba cuando se hizo la convención de Ramsar, ya se destruyó el 30%, aunque en América Latina fue peor porque se destruyó el 56% de lo que quedaba”, dijo Grosso. E indicó que recientemente se presentaron 780.000 firmas en la plataforma Change.org para pedir la sanción de la ley de humedales y un documento firmado por 190 científicos y científicas del país pidió que se impulse esta norma.