Un hecho de graves características fue presentado por el Ministerio Público Fiscal, representado por la procuradora de fiscalía Verónica Van Vliet, durante una audiencia de control de detención desarrollada en los Tribunales de Trelew, de la cuál participaron la Jueza María Tolomei y el abogado Jorge Rubiolo junto a su defendido.
El hecho ocurrió el 31 de mayo, y la víctima es una joven de 24 años. Según relató la procuradora de Fiscalía, la mujer había tenido una relación de dos años en convivencia con el agresor, hasta hace algunos días en que tomó la decisión de separarse y trasladarse a la casa de sus padres. Luego de ello, comenzó a ser asediada mediante llamados y mensajes vía WhatsApp, aunque el imputado trató de contactarla también a través de sus hermanas.

«Conversación» forzada

La mujer admitió haber tolerado actos de violencia que no quiso denunciar durante la relación, ante el evidente temor ejercido por el hombre, que insistió en su conducta y finalmente se apersonó al domicilio donde ella se encontraba. Una vez en el lugar, la damnificada salió tratando de evitar que lo vieran sus padres, los que sin embargo pudieron observa la situación, habiéndose conducido en un vehículo de la empresa telefónica en la que trabaja. Ya en ese momento ejerciendo la fuerza la tomó del brazo y la introdujo en el automóvil para llevarla a su domicilio a pesar de la resistencia, aunque indicándole que solo iban a conversar.

La víctima logró huir

En la casa, la conversación se transformó en una discusión que concluyó cuando el sujeto la tomó con suma violencia, según expresaron desde la Fiscalía, para luego conducirla hacia el dormitorio y, aplicándole diversos golpes, someterla sexualmente. Luego de ello, el atacante la tomó del cuello y la insultó, diciéndole que la iban a encontrar ‘muerta en una zanja’, mientras continuaba golpeándola y tomándola del cabello. Momentos después, la víctima logró zafarse y escapar apenas vistiéndose, llegando hasta un lugar público donde le pidió a la mujer que atendía que le llamara un taxi, y de esa manera pudo regresar a la casa de sus padres, quienes al enterarse de lo que había suedido la llevaron a la Comisaría de la Mujer para que radicara la denuncia.

Luego del abuso, escapó

De inmediato, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) aplicó los protocolos correspondientes y realizó los informes, concluyendo que se trató de una situación con un alto «riesgo» de violencia. Desde el Ministerio Público Fiscal se solicitaron las pericias ginecológicas y médicas, donde se verificaron las diversas lesiones en el cuerpo y no se descartó el abuso. Paralelamente, se tramitó la prohibición de acercamiento con el Juzgado de Paz; pero, al no poder dar con el paradero del agresor, se solicitó el allanamiento de su vivienda y la posterior detención. En el lugar incautaron prendas y sábanas, además de catorce cartuchos de bala, entre otros elementos. Estando vigente el pedido de detención, finalmente el imputado se entregó en la Comisaría de la Mujer, el 1 de junio, cerca de las 14 horas.

Temen que se fugue

La calificación legal esgrimida por la Fiscalía es la de «abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con lesiones leves agravadas doblemente por la relación de pareja y por ser contra una mujer, en un contexto de violencia de género», de acuerdo al artículo 92 por remisión al 80, incisos 1 y 11. De esta manera, el Ministerio Público Fiscal pidió la apertura de investigación y la prisión preventiva argumentando el peligro de fuga, dada la gravedad de los hechos ocurridos.

Ratificaron la prisión preventiva

Finalmente, esto último fue tenido en cuenta por la Jueza María Tolomei, quien valoró los testimonios y las evidencias expuestas por la doctora Van Vliet, para resolver la apertura de investigación y la prisión preventiva por el término de dos meses. Sin embargo, el defensor impugnó lo resuelto y solicitó la revisión de dicha decisión, llevándose adelante una audiencia posterior donde finalmente los jueces Marcelo Nieto Di Biasse y César Zaratiegui, revisaron y confirmaron lo resuelto por Tolomei, por lo que se dispuso la medida de coerción, que regirá en principio por dos meses.