Hace poco más de un año, la jueza Penal de Comodoro Rivadavia, Mónica Cecilia García, autorizaba la utilización de teléfonos celulares en los lugares de detención, teniendo en cuenta la situación excepcional que atraviesa el país a raíz de la pandemia de Coronavirus. En la resolución, la magistrada autoriza hasta dos teléfonos por pabellón, con Whatsapp, para que los detenidos puedan comunicarse con sus familiares y, además, se prohíbe su utilización en redes sociales como Facebook, Instagram y otras.
En el caso de Juan Colemil Navarro y Nicolás Hammond, ambos detenidos e imputados por el crimen del joven Alan Bopp, la utilización de los teléfonos excede largamente lo permitido por la Justicia. En el caso de Colemil, detenido en la comisaría Tercera de Trelew, se creó un perfil con el nombre de «Javier Barrera», mientras que Hammond, alojado en el Instituto Penitenciario Provincial, hizo lo propio con el seudónimo de «Joaquín Emiliano».
En sus perfiles, ambos comparten fotografías propias dentro de sus lugares de detención, pero quizás lo más alarmante es la utilización para jactarse del consumo de drogas dentro del calabozo. Tal es el caso de Colemil (o «Javier Barrera») quien publicó una foto de un plato con cocaína contando que había llegado «el postre». O en otro «estado», jactándose de que había llegado la plata y que «si estamos en cana que no se note».
Obviamente, esta situación no es exclusiva de estas dos personas imputadas por homicidio en ocasión de robo, sino que es una constante en cárceles y comisarías chubutenses, algo que la Justicia deberá revisar.