Millonario reparto de honorarios en la Fiscalía de Estado

El fiscal de Estado del Chubut, Miguel Montoya, salió ayer al cruce del reclamo realizado por el procurador general Jorge Miquelarena, donde cuestionó los honorarios que recibió el personal y los profesionales que trabajan actualmente en la Fiscalía de Estado.
Por la causa judicial producto del derrame petrolero ocurrido años atrás en Comodoro Rivadavia, el Estado impulsó una demanda contra la empresa Antares Naviera y al momento de regularse honorarios, al quedar firma la sentencia, se liquidó alrededor de cuatro millones de pesos.
La Provincia ganó la demanda contra la empresa Antares Naviera SA, responsable del derrame petrolero que en 2007 afectó las costas de Caleta Córdova en Comodoro Rivadavia.
La Justicia determinó el pago de costas y 4 millones de pesos ingresaron a la Fiscalía de Estado. Su titular, Miguel Montoya, se incluyó en el reparto de esos fondos junto con el resto del personal del organismo. Pero hay gran malestar entre quienes hicieron el trabajo representando a la Provincia en tiempos en que el Fiscal de Estado era Jorge Miquelarena.
El profundo malestar de los ex funcionarios de Fiscalía de Estado se evidenció ayer con algunos twitts del ex responsable de ese órgano, el actual Procurador Miquelarena.

Decime qué se siente

“¿Qué se siente repartirse 4 millones de pesos de honorarios del trabajo de otros?”, escribió en su cuenta personal Miquelarena sin precisiones sobre los motivos del comentario. Pero la reciente resolución del actual Fiscal de Estado fijando el reparto de fondos ingresados en concepto de honorarios por la causa del derrame en Caleta Córdova, acudió aclarando los motivos del comentario en twitter. “Como resultado de las gestiones llevadas adelante por los letrados de esta Fiscalía, han ingresado fondos en concepto de honorarios puros a la cuenta de los cuales corresponde distribuir la suma de $3.910.544,30”, detalló Montoya en el escrito distribuyendo los fondos entre los actuales funcionarios, incluído él mismo

Derecho al bolsillo

En este sentido, Montoya explicó que “se aplica la Ley de Fiscalía que reparte el porcentaje de honorarios que ingresa por las causas ganadas por la Fiscalía a una cuenta de la cual el 30% se aplica a bienes de uso y el resto se distribuye entre el personal profesional y los empleados”
Recordó que “hace unos cuatro meses se cerró el acuerdo del derrame petrolero, hubo impugnaciones de parte de un abogado de Comodoro, de apellido Conde y culminada la etapa se procedió a la distribución de honorarios como normalmente se hace”.
“Hay una vieja discusión que está saldada en la jurisprudencia de AFIP, que dice que quienes reciben salario del Estado mientras desempeñan sus cargos no son los titulares o dueños de los honorarios, sino que lo es el organismo, los honorarios se reparten con el personal que se encuentra trabajando”, agregó.
Entonces “todos aquellos que participaron en hacer demandas o llevarlas adelante lo hacen en función de sus cargos y en función del salario que percibían, si en algún momento dejaron de pertenecer a la Fiscalía, ahí termina su competencia”.

Todos cobran, hasta el cafetero

Puso el énfasis en aclarar que “cuando se reparten 2.000 pesos, nadie se queja y cuando se reparte un monto importante aparecen los que lamentan haberse ido de la Fiscalía, pero en realidad hay que ser consecuente”.
Detalló que “existe jurisprudencia de AFIP donde claramente que el profesional que trabaja para el Estado en relación de dependencia no lo hace por honorarios, si no tendría que trabajar por un contrato e ir a resultado”.
“Dos veces al año se distribuyen los honorarios de todas las causas que ha ganado la Fiscalía y se distribuye de acuerdo a una ley que reparte con los profesionales, con los empleados y el 30% va a una cuenta de bienes de uso”.
“Cuando se trabaja en una oficina y llama a la persona que sirve el café, es parte de su trabajo, es la que hace que desempeñe su tarea con tranquilidad y en armonía, en este caso también recibió honorarios la persona que sirve el café”.

Caso cerrado

“Miquelarena tiene una clara concepción de vida donde se privilegia el yo y no el nosotros, si quieren promover acciones que las promuevan no hay ningún problema, esto siempre ocurrió así”, respondió el actual Fiscal de Estado.
A su vez, Montoya recordó que “el año pasado como yo asumí en diciembre y se estaban repartiendo honorarios, apliqué la ley y el porcentaje que me correspondía a mí lo trasladé al porcentaje de los empleados porque yo entendía que había entrado hace dos días y que no podía repartir los honorarios de ese año”.
En este caso “la causa se inicia con el procurador general Miquelarena y he rescatado el trabajo en la causa por el planteo que se hizo en función de discutir el ambiente y no los daños”. Y se dejó planteado el interrogante al afirmar “si Miquelarena hubiera cerrado el trato, hubiera cerrado con los anteriores, entonces si no lo pudieron cerrar o porque no tuvieron el aval del gobernador o no tuvieron la pericia necesaria para cerrarla, tuvieron la oportunidad porque la causa tuvo la posibilidad de cerrar un acuerdo”.
“Yo analicé la propuesta, se la acerqué al gobernador y él aceptó que avancemos con el precio ofrecido y cerremos la causa, eso fue lo que generó los honorarios” cerró Miguel Montoya.

Alpesca: 600 millones

Por otro lado, el fiscal de Estado, Miguel Montoya, se refirió a las declaraciones del empresario Federico Otero que dijo que Alpesca tenía un valor superior a los 600 millones de pesos, a pesar de que el Estado la tasó en 114 millones. «No es serio tomar las versiones de Otero, no tiene las características de un empresario y no tiene un peso para comprar acciones ni en un kiosko», explicó.
«Nosotros reconocemos que Renato Aleua y Federico Otero tienen papeles que acreditan la personería para estar en juicio. No es de nuestro interés saber cuándo y cómo compró la empresa. Pero a partir de ahora empiezan los pasos de un juicio de expropiación propiamente dicho, que no tiene otro significado de fijar judicialmente el valor de los bienes y pagarlos para que pasen a propiedad de la provincia», añadió.
Además, el fiscal de Estado aclaró que «no se sabe cuánto Renato Aleua pagó por la empresa, pero tampoco tiene la obligación de decirnos. Lo que sí es cierto es que lo que compró son papeles que no tienen valor, porque la empresa estaba parada y la ley de expropiación estaba aprobada. Esto es una decisión empresarial de comprar, a lo mejor, la posibilidad de un juicio».
«Las cifras que trascendieron de más de 600 millones fueron dichas por Otero. Y, la verdad, es que si se lo toma a Otero como alguien razonable en sus dichos vamos muertos. No es serio tomar las versiones de Otero, no tiene las características de un empresario y no tiene un peso para comprar acciones ni en un kiosko», señaló Montoya.