Buzzi fue denunciado penalmente por los 10 millones que le dio a Alpesca

El bloque de diputados provinciales del PJ Modelo Chubut formalizó ayer la denuncia penal contra el gobernador Martín Buzzi por los presuntos delitos de abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y violación de los deberes de funcionario público, por el otorgamiento de 10 millones de pesos de asistencia a la firma Alpesca.
La presentación realizada ante la Procuración General fue suscripta por los diputados Jerónimo García, Roddy Ingram, Raquel Di Perna, Mirtha Romero, Ana María Barroso y Miryam Crespo.
En la descripción de los hechos se destaca que el 4 de octubre pasado se emitió el decreto 1384, otorgando a través de CORFO la suma de 10 millones de pesos a la firma Alpesca mediante la implementación de un contrato de mutuo. Todo el trámite se realizó pese a la oposición de los síndicos de ese organismo provincial.
“De esta manera el gobernador de la provincia entendió que era prioritario intervenir en la vida interna y financiera de una sociedad comercial netamente privada, prestándole asistencia económica a fin de revertir lo que denominó como una situación de crisis de público conocimiento que afecta al sector pesquero, resultando necesario para ello adoptar las medidas necesarias y eficaces tendientes a revertir dicho escenario”, se indica en la denuncia.
Se destacó asimismo que las facultades de CORFO “no están amparadas ni direccionadas a efectuar con dinero público el salvataje de empresas privadas, y pese a ello para concretar esta medida debieron desviarse fondos de distintos organismos del Estado provincial , acción que merece el reproche penal de malversación de fondos públicos”.

Trámite rápido

El día 3 de octubre pasado el presidente del directorio de Alpesca, Héctor Omar Segundo, solicitó “espontáneamente” mediante una nota presentada a CORFO el mencionado crédito de 10 millones de pesos, destinado al prefinanciamiento de la venta de mercadería en stock que la firma poseía al 1 de octubre.
Se estipuló que dicha suma sería devuelta “en los plazos que la corporación estimase oportunos”.
En la fundamentación del crédito se destaca “la difícil situación que atraviesa el sector pesquero y la necesidad de garantizar las fuentes laborales que impactan directamente en el sector social de la ciudad de Puerto Madryn”.
La denuncia pone de manifiesto que “garantizar dicho extremo, resulta propio del empresariado privado, ajeno a la actividad pública del Estado”.
En forma conjunta con la solicitud del préstamo, se acompañó “un inventario de la mercadería presuntamente en stock, que ascendía a 364.706 kilogramos de derivados de la pesca, que equivaldría a 1.988.569,03 dólares.
Al día siguiente de ingresada la nota de Segundo, el directorio de CORFO se reunió con “carácter extraordinario, por expresa instrucción del gobernador”, conforme se desprende del acta volante Nº 23.
Se establecía que la devolución del crédito se materializaría con “el producido de la venta de mercaderías detalladas en el contrato de mutuo”, cuya primera cuota vencía a los 7 días hábiles de la fecha del contrato y la segunda a los 15 días hábiles de dicha firma.

Los decretos de Buzzi

Buzzi firmó el 4 de octubre el decreto 1359 mediante el cual autoriza el traspaso de fondos de la Secretaría de Trabajo (6.600.000 pesos) y de la Subsecretaría de Pesca (1.809.000 pesos) a CORFO, para que desde este organismo (decreto 1389) se realice la correspondiente transferencia a la firma Alpesca.
En forma inmediata, el gobierno emite dos órdenes de pago (números 739084 y 739072) por las sumas de 8.366.855 pesos y 1.583.045 pesos que fueron transferidos a la firma pesquera madrynense.
Los legisladores del PJ Modelo Chubut indicaron en la denuncia que “es palmaria y llamativa la celeridad impresa al trámite del otorgamiento del empréstito, toda vez que en un mismo día se firmaron dos decretos, se reunió el directorio de CORFO, se libraron las órdenes de pago y se depositó el dinero en la cuenta de Alpesca”.
“Todo ello sin que se hubiera firmado el contrato de mutuo, que quedó perfeccionado con fecha 5 de octubre”, agregaron los legisladores.

“Garantes de sí mismos”

Los codeudores del préstamo solicitado fueron Héctor Omar Segundo, Carlos Luis Molina y Juan Paulo Segundo, quienes según la denuncia tienen “desconocida trayectoria de solvencia económica para abordar el cumplimiento del pago del empréstito de 10 millones de pesos.
Respecto de los codeudores citados se establece en la presentación que “si los propios dueños no pueden darle impulso necesario a la firma para poder comerciar y regularizar una situación que hace meses se vive dentro de la firma, menos aún pueden constituirse en garantes solventes del crédito otorgado, con el agravante que al fin y al cabo resultan ser garantes de sí mismos”.

Interpelarán a Dufour y Eredia

El diputado del Polo Social, Oscar Pettersen solicitó la interpelación de la Ministra de Agricultura, Ganadería y Pesca Gabriela Dufour para que brinde un informe sobre distintos aspectos del conflicto de la empresa Alpesca S.A de la ciudad de Puerto Madryn. Su par, Felix Sotomayor al pedir la palabra indicó que la funcionaria no puede hablar sobre uno de los puntos relacionado a la droga, por lo que luego de un cuarto intermedio se determinó sacar ese tema y se votó de manera dividida para que el jueves 28 de noviembre en el horario de la sesión, la ministro brinde el informe.
Además, los diputados votaron para la interpelación de la Ministro de Salud, Mónica Eredia para que brinde aspectos sobre los diversos puntos de la salud pública, se la citó para el martes 26 en el horario de la sesión.
También quedo aprobado un pedido de informes dirigido al presidente del Instituto de Asistencia Social sobre diversos temas como la comisión de agencieros, los gastos de publicidad y las deudas discriminadas por rubro, entre otras cosas.

Denuncia penal contra Miguel Castro

El diputado Ezequiel Villagra anunció que se evaluaba los pasos a seguir dada la conducta política y jurídica del nuevo ministro Coordinador, Miguel Castro por haber faltado directamente a lo que dispone la Constitución Provincial al asumir un cargo provincial sin que haya sido aceptada aún su renuncia por el Concejo Deliberante de Cholila. “Esto hace incurrir al flamante Ministro en incompatibilidad absoluta, conforme la letra expresa del artículo 244 del texto constitucional, que me permito trascribir: ´En los municipios es incompatible el cargo de jefe del departamento ejecutivo con todo otro cargo público, excepción hecha de los docentes´. Esta grave cuestión político-institucional es zanjada por el propio texto constitucional, que sanciona a los que cayeren en semejante incompatibilidad con la pérdida del cargo municipal. Así norma el art. 245: ´La inobservancia de lo dispuesto en el artículo precedente importa la pérdida inmediata del cargo´. La conducta de Castro no sólo presenta “incompatibilidades constitucionales” sino que acarrea consecuencias penales según el Art. 252 del Código Penal Argentino (Delitos contra la Administración Pública), sanciona con pena de multa e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos al mal funcionario que hiciese abandono del cargo que ostentaba sin que la renuncia le fuese aceptada, tal como ocurrió en el caso del Señor Castro”, anticipó Villagra que advirtió acciones en marcha en los tribunales de Esquel.