El Gobierno habilitó la venta de centrales eléctricas estatales

El Ministerio de Energía de la Nación dispuso por decreto la puesta en marcha de las medidas necesarias para transferir en forma total o parcial diez plantas generadoras de electricidad que están en manos del Estado. El gobierno nacional le abrió así las puertas a la privatización de centrales eléctricas con participación estatal cuyo desarrollo había crecido en los últimos años. El argumento es que el achicamiento del Estado favorece la llegada de inversiones y la generación de empleos.
Lo hizo con el argumento de que «es conveniente propiciar la participación de terceros».
A través de un decreto del Ministerio de Energía, se dispuso poner en marcha “las medidas necesarias para la venta, cesión u otros mecanismos de transferencia” de propiedad de esas compañías, así como también parte de la participación accionaria en ellas.

Achicamiento del Estado

Los activos que el Estado podrá poner a le venta son aquellos sobre los que actualmente tiene derecho en las centrales de generación eléctrica Manuel Belgrano, José de San Martín, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown. También habilitó la venta de las acciones estatales en Central Dique SA, Central Térmica Güemes SA, Central Puerto SA, Centrales Térmicas Patagónicas SA, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal de la Patagonia SA y Dioxitek SA.
El argumento con el que tomó esta decisión tiene el eco del viejo apotegma neoliberal de que el achicamiento del Estado favorece la llegada de inversiones y la generación de empleos. El texto del decreto 882/2017 publicado hoy en el Boletín Oficial sostiene que “es conveniente propiciar la participación de terceros capaces de asumir actividades de generación y transporte en los proyectos energéticos”.

Cedero vender los activos

«El sistema eléctrico nacional requiere que se continúen adoptando las medidas que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país”, sostiene el texto oficial que, hacia el final, asegura que el Estado seguirá asignando recursos a aquellas empresas “que hacen al cumplimiento del cometido público estatal». Sobre este último punto no se dieron detalles.
En el mismo decreto se oficializó el cambio de nombre y ampliación de Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), desde la cual durante los últimos años se promovió el desarrollo y amplió la capacidad del sistema interconectado nacional, que presta servicio eléctrico en todo el país. A partir de ahora, esa compañía estatal se llamará Integración Energética Argentina S.A. y absorberá a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A (Ebisa), que comercializa la energía producida por Yacyretá.
El cambio no da puntada sin hilo. El decreto del Poder Ejecutivo también establece que Integración Energética Argentina se desprenderá de los activos del Estado en las centrales térmicas de generación eléctrica Ensenada de Barragán y Brigadier López. También podrá ceder o vender los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II, así como también la participación accionaria de la ex Enarsa en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica Citelec Sociedad Anónima.
Por ahora, las centrales que quedarán bajo la órbita de la compañía renombrada serán, entre algunas, las represasde Santa Cruz, la Central Térmica de Río Turbio y también los gasoductos cordilleranos, de la costa y el del centro.

Por u$s 1.000 millones

En este contexto, el gobierno de Mauricio Macri puso en marcha un amplio proceso de privatización de activos energéticos que incluye la concesión de las represas hidroeléctricas a construir sobre el río Santa Cruz, las que, de paso, volvieron a cambiar de nombre, para denominarse nuevamente Complejo Condor Cliff-La Barrancosa, y la venta de centrales eléctricas y participaciones accionarias, algunas de éstas incluidas en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La decisión oficial consta en el decreto 882 publicado ayer. En los considerandos, la norma expresa «el propósito de racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública relacionada con actividades del sector de la energía, limitando la participación del Estado a aquéllas obras y servicios que no puedan ser asumidos adecuadamente por el sector privado».
El decreto instruye al Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren a tomar las medidas necesarias para que Integración Energética Argentina (como se llamará Enarsa en adelante) proceda a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de:
Centrales térmicas de generación eléctrica Ensenada de Barragán y Brigadier López, con la condición de que el comprador se haga cargo de finalizar las obras de conversión a ciclo combinado en el menor tiempo posible.

Transpa y Transener

Los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II, aunque la cartera energética podrá disponer la continuidad o cancelación del proyecto y en caso de resolverse la continuidad, fijará el mecanismo contractual para la ejecución mediante inversión privada.
La participación accionaria de Enarsa en Citelec, la sociedad controlante de Transener, la empresa que opera el transporte eléctrico en alta tensión. En Citelec, Enarsa tiene el 50% del cual un 25% proviene del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el otro 25% lo compró en octubre de 2016 a Electroingeniería.
También se instruye al Ministerio de Energía a proceder a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de las participaciones accionarias del Estado nacional en Central Dique, Central Térmica Güemes, Central Puerto, Centrales Térmicas Patagónicas, Transpa (transporte eléctrico en la Patagonia) y Dioxitek (suministradora del dióxido de uranio que se utiliza para las centrales nucleares).
Asimismo, se pondrán en venta los derechos o acciones del Estado en Termoeléctrica Manuel Belgrano, Termoeléctrica José de San Martín (Central Timbúes), Termoeléctrica Vuelta de Obligado y Termoeléctrica Guillermo Brown, construidas durante el gobierno anterior mediante la capitalización de deudas que el Estado tenía con generadoras a cambio de acciones,y también con aportes estatales directos.
El decreto permite al Ministerio de Energía y a Integración Energética Argentina recibir en pago por las ventas las llamadas liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir emitidas por Cammesa, en referencia a deudas del mercado eléctrico mayorista con las generadoras.

Transferencia al sector privado

La norma también dispone la fusión de Ebisa, sociedad estatal que comercializa la energía de los aprovechamientos hidroeléctricos binacionales, y Enarsa, siendo ésta la sociedad absorbente. Por esta operación es que se decidió cambiar el nombre de Enarsa por el de Integración Energética Argentina.
Además, se otorga a Enarsa y a su sucesora la concesión para la explotación de las centrales Condor Cliff-La Barrancosa sobre el río Santa Cruz, la que podrá ser transferida a empresas del sector privado, mediante el desarrollo de una licitación pública.
Por último, la empresa estatal de energía queda a cargo de ejecutar las obras de ampliación del sistema de transporte y distribución de gas natural, como el Gasoducto Regional Centro II, Sistema Cordillerano/Patagónico, Gasoducto Cordillerano y Gasoducto de la Costa. También se hará cargo del contrato para la construcción de la central termoeléctrica a carbón en Río Turbio.