Ni futuro para los jóvenes ni la esperada lluvia de inversiones

Uno de los pocos puntos fuertes que utiliza el oficialismo nacional para destacar la gestión de los últimos dos años es la contención de la inflación y los efectos que esto genera en la economía general. Pero, dos indicadores claves, como el de las inversiones y la supervivencia de los jóvenes parecen ir en contramano del camino que señalan desde Nación.
Por ejemplo, el último informe sobre la situación de los estudiantes en Argentina señala que el 63% de los alumnos temen no tener suficientes recursos para hacer lo que les gustaría luego de terminar la escuela. Por otro lado, el tan publicitado Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, más conocido como RIGI, ya cumple un año de su implementación y sólo fueron aprobados siete proyectos y apenas se generaron 1.000 empleos directos.

Un futuro precario

En el informe “¿Qué piensan los estudiantes de 15 años sobre su futuro y la escuela?”, elaborado por Sandra Ziegler (FLACSO Argentina), María Sol Alzú y Víctor Volman (Argentinos por la Educación) se analiza las respuestas de los estudiantes argentinos de 15 años en el cuestionario de PISA 2022 sobre bienestar, orientación y expectativas de futuro, y las compararon con las de los países de América Latina y de la OCDE. El informe examina cinco dimensiones, el nivel de información que los estudiantes dicen tener sobre sus opciones después de la escuela, la utilidad percibida de la escuela para el trabajo y para ganar confianza en la toma de decisiones, la presión familiar y las limitaciones económicas para hacer lo que les gustaría al terminar la secundaria.
En el mismo se destaca que a 6 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años (63%) les preocupa no tener suficiente dinero para hacer lo que les gustaría después del último año de la secundaria: las restricciones económicas limitan su horizonte de aspiraciones y pueden llevarlos a adelantar la inserción laboral o postergar su formación. La preocupación económica asciende al 67% entre los chicos de menor nivel socioeconómico y se reduce al 55% entre los de sectores favorecidos. En los países de la OCDE, el promedio es 52%.
El 65% de los estudiantes argentinos se siente bien informado sobre las opciones educativas o laborales luego de terminar la escuela. El porcentaje es similar al promedio de la OCDE (67%), pero está por debajo de varios países de la región: Colombia (77%), Costa Rica (75%), Panamá (74%) y Perú (73%). En ese sentido, el informe resalta la necesidad de fortalecer los dispositivos escolares de orientación, sobre todo en el último tramo del secundario.
Por otra parte, según 3 de cada 4 estudiantes (76%), la escuela les enseñó cosas que podrían ser útiles para el trabajo: la gran mayoría piensa que hay un vínculo entre lo aprendido en la escuela y su futura inserción laboral. Además, el 64% considera que el colegio los ayudó a tener confianza para tomar decisiones. En ambos casos, las cifras son mayores que para el promedio de los países de la OCDE (67% y 57% respectivamente).

Presión familiar

En Argentina, la presión familiar aparece como un factor determinante en las trayectorias de los jóvenes, casi la mitad de los estudiantes (47%) siente presión por parte de su familia para seguir un camino específico después de la secundaria, ya sea ir a la universidad, trabajar en un negocio o aprender un oficio. Es la cifra más alta de la región y supera el promedio de la OCDE (35%). Hay diferencias notables por nivel socioeconómico: en el quintil más bajo, el 55% de los estudiantes siente esta presión, frente al 38% en el quintil más alto.
Al respecto, Sandra Ziegler, investigadora en el Área de Educación de FLACSO Argentina, afirma: “La incorporación de un módulo sobre bienestar y expectativas futuras en PISA constituye un avance significativo, porque permite valorar la contribución de la escuela más allá de los aprendizajes formales y comprender cómo los estudiantes perciben su papel en la construcción de proyectos de vida y en las decisiones posteriores a la escolaridad. Este enfoque resulta central ante el desafío de educar para un futuro incierto y cambiante, donde, además del conocimiento, es imprescindible desarrollar habilidades que preparen a los jóvenes para crecer e integrarse en un mundo en transformación”. “Estos datos son relevantes para proyectar el futuro de los sistemas educativos en términos de su propuesta formativa, el fomento de la autonomía de los estudiantes y el apoyo a su crecimiento.”
A su vez, Juan Pablo Cmet, director General de la Fundación Córdoba Mejora, asegura: “Vivimos una época compleja para interpretar el presente: todo ocurre rápido, el futuro se hace exponencialmente incierto, y la sobreinformación aturde. Esto renueva la urgencia de la pregunta: ¿qué tiene que hacer la escuela? Este informe suma una voz imprescindible a la reflexión: la de los estudiantes. En grandes líneas: la mayoría le teme al futuro, pero confía en la escuela. Es un buen disparador para sumar a otros sectores a la conversación: las Empresas, el Estado, las Familias, para que además de dar su respuesta, tiendan su mano para acompañar a los jóvenes en esta transición hacia el futuro”.
Guillermina Laguzzi, especialista en Educación y Trabajo de la Organización de Estados Iberoamericanos, considera: “Este informe resulta sumamente revelador al acercarnos la voz directa de los jóvenes argentinos. Destaca con claridad la profunda contradicción que enfrentan: por un lado, valoran las herramientas que la escuela les brinda para el trabajo y la toma de decisiones; por otro, experimentan una notable ansiedad y sensación de falta de preparación para la vida adulta. Así, el informe pone en evidencia la importancia de acompañar a los jóvenes para que puedan desenvolverse con autonomía en un entorno de alta presión e incertidumbre. Resulta fundamental apostar a un trabajo del sistema educativo enfocado en el desarrollo de habilidades generales para el egreso. La escuela tiene un rol central en esta tarea, siendo el espacio donde estos procesos pueden ser promovidos y sostenidos.
Gustavo Gándara, Director de la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores, entiende que “el informe muestra que los adolescentes en Argentina atraviesan fuertes tensiones al proyectar su futuro: muchos se sienten poco informados sobre las alternativas educativas y laborales, manifiestan inseguridad respecto de su preparación para la vida adulta y, además, enfrentan presiones familiares y limitaciones económicas. Esta combinación de incertidumbre y expectativas condiciona sus posibilidades de imaginar trayectorias diversas y sostenibles. En ese marco, la escuela logra transmitir aprendizajes valorados como útiles para el trabajo, pero no siempre suficientes para dar confianza en las decisiones. Consideramos que la formación profesional puede convertirse en una oportunidad estratégica”.

Inversiones que no llegan

Por otro lado, y en consonancia con la lectura que hacen los estudiantes de su futuro, el informe elaborado por el Observatorio del RIGI, integrado por organizaciones sociales, institutos de investigación y académicos, sostuvo que a un año de la aprobación del régimen, “los resultados distan de las promesas iniciales”.
Al respecto, el documento señala que “la anunciada ‘avalancha de capitales’ aún no llegó, mientras que el régimen ya consolida beneficios extraordinarios para un puñado de grandes inversores”, asegurando que el flujo de inversiones “ha sido acotado en un contexto atravesado por incertidumbres tanto nacionales como internacionales”.
En este sentido, precisó que se han presentado 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 fueron aprobadas y 1 rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares y prevé apenas poco más de mil empleos directos.
Desde el Observatorio consideraron que es “una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen”. Transcurridos 12 meses de su puesta en marcha, un total de 15 provincias suscribieron formalmente la normativa específica del RIGI.
Las propuestas de adhesión comprenden 10 del sector minero (5 de litio, 3 de cobre y 2 de oro), 3 de energías renovables (2 parques eólicos y 1 fotovoltaico), 3 de infraestructura hidrocarburífera, 1 siderúrgico, 1 de biocombustibles y 1 de infraestructura portuaria.
El estudio detalló que “la inversión comprometida por los proyectos presentados ascendería a más de 30.760 millones de dólares” y puntualizó que “las inversiones de mayor volumen de divisas se concentran en actividades primario extractivas, en especial en proyectos para expandir las exportaciones de Vaca Muerta y de la minería”.

La minería

En cuanto al sector minero, que concentra la mayor cantidad de proyectos, aportó que alcanzan “una inversión estimada de 19.312 millones de dólares”, con cinco de los proyectos vinculados al sector del litio, localizados en Salta y Catamarca.
Los siete proyectos aprobados actualmente, que representan una inversión total de 13.067 millones de dólares, se distribuyen en hidrocarburos (2), minería (2), energía renovable (2) y siderurgia (1). El reporte reveló que “el sector hidrocarburífero concentra los montos de inversión más elevados en 3 proyectos por 9.790 millones de dólares”.
En este marco, el Observatorio analizó que “en la búsqueda para salir de la crisis externa inminente, el gobierno apuesta a inversiones y exportaciones de hidrocarburos, profundizando el mandato exportador”, advirtiendo que “en esto no repara en los potenciales daños ambientales, laborales o sociales que produzca, así como tampoco las concesiones institucionales que deba hacer”.
Sobre este aspecto, consideró que “el RIGI es la expresión más clara de este rumbo”, indicando que al ser aprobado bajo la excusa de promover inversiones “consolida un modelo extractivo que no opera en soledad” y remarcó que “YPF emerge como su verdadero motor: participa activamente en 3 de los 7 proyectos aprobados, dos de ellos directamente vinculados a Vaca Muerta”.
El Observatorio del RIGI está conformado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG/UNSAM), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Transnational Institute (TNI).