Reforma policial por decreto: una jugada polémica que pone en alerta al Congreso
El diputado nacional por Chubut de Unión por la Patria, José Glinski, criticó con dureza la reciente reforma de la Policía Federal Argentina, instrumentada por el Gobierno nacional a través del Decreto 383/2025, firmado el 17 de junio por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La medida, adoptada mediante las facultades delegadas por la Ley Bases, redefine la estructura y funciones de la fuerza, y ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.
Glinski, exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), apuntó principalmente contra el método elegido para implementar la reforma, al considerar que un cambio tan profundo en materia de seguridad “merece un mínimo consenso” y no debería ser dispuesto por decreto. “Bullrich saca por decreto algo que debería ser por ley”, remarcó en una entrevista reciente.
El Decreto 383/2025 crea un nuevo estatuto para la Policía Federal, derogando la ley vigente desde 1958. Entre otras disposiciones, permite detenciones sin orden judicial por hasta diez horas y autoriza el ciberpatrullaje en redes sociales sin control judicial previo. También propone la creación de un Departamento Federal de Investigaciones con competencias federales, y excluye a la PFA de funciones vinculadas a la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.
Para Glinski, el contenido de la reforma en sí misma no es el principal problema. “El decreto contiene muchas de las cosas que todo el arco político pretendía: convertir a la fuerza en una de investigaciones, simplificar su funcionalidad, quitarle responsabilidades sobre la Ciudad de Buenos Aires”, reconoció. Sin embargo, sostuvo que el uso discrecional de las herramientas legales por parte de Bullrich genera una preocupación mayor. “La Ministra es Patricia Bullrich, y ella siempre aprovecha cualquier circunstancia para pasarse un poquito de la raya”, lanzó.
En ese sentido, el legislador chubutense cuestionó también la represión durante las protestas contra la Ley Bases, cuando manifestantes fueron detenidos sin orden judicial ni flagrancia de delito. “Bullrich metió presa a gente a troche y moche, sin ningún tipo de argumento. Incluso reprimió a jubilados que se paraban enfrente del Congreso”, afirmó, y agregó: “Nuestra preocupación es con ella, no con la ley en sí misma”.
El decreto, al haber sido dictado en el marco de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, deberá ser revisado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar este tipo de actos administrativos. “Esperemos que se trate rápido”, dijo Glinski, quien enfatizó que no se trata de un DNU común, sino de un decreto delegado que requiere el mismo tipo de control.
Desde distintos bloques de la oposición ya se han presentado proyectos para derogar el decreto, al considerarlo inconstitucional y violatorio de derechos fundamentales. Organizaciones como el CELS y Amnistía Internacional también han solicitado su revisión, al tiempo que preparan presentaciones ante tribunales nacionales e internacionales.
En paralelo, Bullrich defendió la reforma como parte de un proceso de “profesionalización y modernización” de las fuerzas de seguridad, en línea con los objetivos del Gobierno. Sin embargo, la polémica está lejos de cerrarse, y la reforma policial se consolida como uno de los temas más sensibles en la agenda política de las próximas semanas.
