Alianiello sobre la reforma de la Policía Federal: «Es un atropello a nuestros principios constitucionales»
La diputada nacional Eugenia Alianiello del bloque Unión por la Patria, es parte de los legisladores que presentaron un proyecto de ley para derogar el recientemente sancionado Decreto 383/2025, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional y firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El decreto, que reforma integralmente la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA), ha generado una fuerte polémica en el ámbito político y social. Según Alianiello, el texto “intenta modificar de forma unilateral y sin debate legislativo un pilar fundamental de la seguridad y el estado de derecho”.
“El proyecto de ley que presentamos busca la derogación urgente del Decreto 383/2025 por varios motivos: es un decreto que, lejos de modernizar, intenta modificar la Ley Orgánica de la PFA de una manera que consideramos un grave atropello a nuestros principios constitucionales y republicanos”.
“Es inaceptable que una reforma de tal envergadura, que afecta directamente la seguridad ciudadana y el marco legal de una fuerza tan sensible, se realice por decreto, eludiendo el debate y la participación del Congreso Nacional”.
La legisladora fue aún más enfática al denunciar el carácter “regresivo” del decreto en cuanto a las prácticas policiales: “El Decreto 383/2025 no solo mantiene y amplía aspectos retrógrados de las prácticas policiales, sino que otorga facultades excesivamente amplias a la Policía Federal para detenciones, allanamientos, requisas y tareas de espionaje sin orden judicial”.
Preocupaciones institucionales
Alianiello advirtió que estas nuevas atribuciones atentan contra los principios fundamentales del sistema democrático, abriendo la puerta a la discrecionalidad y la represión. “Lo que se esconde detrás de este decreto es la intención de la ministra Bullrich de instaurar un modelo de seguridad basado en la mano dura, donde se prioriza la acción policial sin controles por encima de los derechos y garantías individuales”.
Además, cuestionó el nuevo enfoque operativo de la PFA al sostener que “modifica el objetivo de la fuerza, dejando de lado la protección de bienes y personas, para convertirse en una ejecutora de políticas de seguridad nacional, debilitando la protesta pública y la libre organización”.
El bloque Unión por la Patria busca revertir la medida por vía legislativa y abrir un debate sobre un modelo de seguridad “respetuoso de la Constitución y los derechos humanos”. También se baraja la posibilidad de una presentación judicial que cuestione la constitucionalidad del decreto.
