Mensajes borrados y declaraciones nulas: ¿Merino manipula la Justicia para evadir la cárcel?
El abogado Gastón Bordier, quien representa a la mujer que denunció al intendente de Trelew, Gerardo Merino, por abuso sexual, presentó serias objeciones sobre el manejo de la causa por parte del Poder Judicial y criticó el rol de los fiscales. Según sus declaraciones, el proceso ha estado marcado por irregularidades que vulneran los derechos de su clienta y ponen en duda la transparencia de la investigación.
Bordier afirmó que el caso presenta vicios procedimentales. Por un lado, rechazó la solicitud para que la víctima sea evaluada por un tribunal de psicólogos: “Esto no solo resulta ilegal, sino que revictimiza a quien denuncia”. El abogado subrayó que los protocolos establecen que los psicodiagnósticos deben ser realizados por peritos judiciales designados formalmente. Además, denunció presiones para que la víctima renuncie al secreto profesional de su psicólogo tratante.
Otro punto crítico, según el abogado, es que el acusado no ha sido sometido a las mismas evaluaciones psicológicas que se exigen a la denunciante, incumpliendo lo estipulado en el Código Penal. “El artículo 206 prevé que todos los acusados de delitos graves sean evaluados mentalmente. Esto aquí no ocurrió, evidenciando un trato desigual”, señaló.
Una de las controversias más relevantes gira en torno a la declaración que Merino ofreció ante los fiscales. Bordier aseguró que esta se realizó sin la presencia de un juez, lo cual califica como nulo desde el punto de vista legal: “Aunque el acusado tiene derecho a defenderse, el procedimiento fue irregular y no cumple con las garantías procesales”.
El letrado agregó que las fiscales permitieron grabar la declaración en video, lo que podría ser considerado un acto ilegal. Según Bordier, esto refleja “una injerencia política que condiciona el accionar judicial”.
Manipulación de pruebas
Otro tema central en la disputa legal son los peritajes tecnológicos. Bordier denunció que los mensajes entre Merino y su clienta fueron parcialmente borrados del celular del acusado: “Existen cinco meses de mensajes desaparecidos que coinciden con las fechas de las interacciones claves del caso”. Según el abogado, este acto podría configurarse como entorpecimiento de la causa y justificaría la prisión preventiva del intendente.
Además, refutó las declaraciones de la defensa de Merino, que acusaron a la denunciante de alterar pruebas. “Todo lo presentado fue corroborado y cotejado con dispositivos independientes”, afirmó.
Contexto político y próxima audiencia
Sobre las declaraciones de Merino, quien sugirió que las acusaciones tienen un trasfondo político, Bordier fue tajante: “Las contradicciones del acusado solo evidencian que intenta desviar la atención. Primero habló de una operación política y luego de un conflicto personal con la denunciante”.
El próximo paso en la causa será la audiencia solicitada para evaluar el pedido de prisión preventiva contra el Intendente, basado en el presunto entorpecimiento de la investigación. La jueza Tolomei deberá decidir si este planteo procede y definir los pasos a seguir.
Por último, planteó interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial en situaciones donde están involucrados funcionarios de alto rango mientras que insistió en la necesidad de un tratamiento igualitario y transparente del caso para garantizar justicia.
